La expresidenta de Argentina fue sindicada como jefa de una estructura de lavado de dinero estando en el poder, un golpe legal más para la exmandataria, que enfrenta un creciente número de acusaciones y denuncias de corrupción.
El 4 de abril, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue acusada oficialmente por el juez argentino Claudio Bonadio como presunta cabecilla de una red de lavado de dinero, informó Clarín.
También se leyeron actas de acusación contra los dos hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia, y contra los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, este último actualmente en prisión en espera de un jucio por otro caso de desvío de dineros públicos.
En total se ha sindicado a 21 personas en el caso de lavado de dinero, incluyendo a los hijos de Báez.
Según las autoridades, la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner, “Los Sauces”, está en el centro del lavado de dineros correspondientes a coimas recibidas por la expresidenta a cambio de la concesión de contratos públicos mientras fungía como presidenta. Los Sauces fue constituida en 2006 por Cristina Kirchner, su hijo y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
A cambio de la concesión de contratos públicos, los empresarios supuestamente alquilaban propiedades a nombre de la firma inmobiliaria de los Kirchner, y de ese modo pagaban las coimas. En otro artículo del Clarín, López y su socio Fabián de Sousa rentaron 493 propiedades de los Kirchner desde 2009, lo que justificaron aduciendo que era más cómodo y económico que otros contratos de alquiler.
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Además de hallar evidencia suficiente para abrir el caso contra la expresidenta, Bonadio también congeló 130 millones de pesos argentinos (cerca de US$8,5 millones) de las cuentas de Kirchner. Igualmente, congeló la misma cantidad de la cuenta de su hijo Máximo, y de Báez. A la hija de la expresidenta, su sobrina, López y su socio De Sousa, se les congelaron 100 millones de pesos argentinos (cerca de US$6,5 millones). Todos los implicados en el caso tienen prohibición de salir del país.
Por Twitter, Kirchner negó ser culpable de las acusaciones y sostuvo que no hay evidencia de delitos, a la vez que describió la acusación como una “persecución“.
La exjefa de estado también denunció la decisión de Bonadio de retirarse del caso. El juez pidió que el procedimiento legal se anexe al de otro caso de corrupción, conocido como la “Ruta del Dinero K“, que también implica a Kirchner y Báez y se encuentra a cargo del juez Julián Ercolini.
Análisis de InSight Crime
Cristina Kirchner aún no ha sido condenada por ningún delito, pero los numerosos casos de corrupción a los que se ha vinculado a la expresidenta indican la existencia de un desvío sistemático y extendido de dineros públicos durante su mandato.
La expresidenta está implicada en tres casos de corrupción relacionados con la concesión de contratos públicos, y tiene acusaciones formales en dos de ellos. Pero la investigación de Los Sauces es la primera vez que acusa a Kirchner de ser realmente la jefa de una estructura criminal.
Kirchner ya ha enfrentado acusaciones por corrupción en el caso de gran envergadura “Ruta del dinero K” ya mencionado, que gira en torno a los contratos de obras públicas otorgados a Báez en la provincia de Santa Cruz. A Kirchner se la acusa de concierto para delinquir en ese esquema, del que se dice que asciende a US$650 millones en contratos.
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El escándalo se ha centrado principalmente en una docena de personas, incluyendo a la expresidenta y a varios ministros, así como influyentes empresarios, como Báez y López, a los que ahora se llama “empresarios K“. Pero el número de personas involucradas puede ser mucho mayor, pues con la ampliación de las investigaciones se ha acusado a más funcionarios locales, empresarios y sus parientes.
Aunque no está indiciada, Kirchner también es investigada en otro caso de corrupción que implica el alquiler de una propiedad de la familia de la expresidenta por parte de Báez y López. Según La Nación, este cas tiene mucho que ver con el de los Los Sauces.
Además, Kirchner enfrenta una tercera acusación formal por el presunto intento de manipulación de la tasa de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense por medio del banco central. Más aún, también se ha acusado a la expresidenta de encubrir la posible participación de Irán en un atentado terrorista en 1994 en la ciudad de Buenos Aires, un caso que ha sido fuente de intentsa controversia en las últimas dos décadas.