Las denuncias que penden sobre un exgobernador por un presunto pacto de no agresión negociado con elementos criminales más la persecución continuada de alcaldes locales ponen en evidencia el impacto que tiene la fragmentación de los contextos político y criminal en las interacciones entre actores criminales y políticos locales.
César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, llegó a acuerdos con grupos criminales, que les permitían operar con impunidad en ciertas zonas a cambio de mantener bajos índices de violencia, afirma su sucesor. Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza que alguna vez estuvo bajo fuego y sigue padeciendo la violencia relacionada con las drogas, se sitúa en la frontera entre el estado de Chihuahua, en México, y Estados Unidos.
Las acusaciones contra Duarte, quien está prófugo, y también tiene una denuncia por peculado de 79 millones de pesos mexicanos (cerca de US$4,2 millones), las realizó el 10 de octubre el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, según informó El Diario.
“Las propias corporaciones policiacas, los propios agentes lo señalan al decir que estas eran zonas donde no entrábamos nosotros”, declaró Corral Jurado, miembro del Partido Acción Nacional (PAN). Añadió que grupos criminales lo habían contactado para mantener el pacto de no agresión de su predecesor, propuesta que según él su administración rechazó.
El mismo día que Corral Jurado anunció estas acusaciones, Proceso informó que un exalcalde de Guerrero, Francisco Tecuchillo Neri, fue secuestrado en su residencia. Y el 6 de octubre, también se supo del asesinato de un alcalde de Michoacán, según informaciones de Proceso. Stalin Sánchez González, alcalde de Paracho, municipio de población indígena ubicado en la parte centro-norte del estado, fue ejecutado frente a su casa por varios hombres armados que portaban AK-47. Proceso señaló que en el pasado la ciudad ha asistido a enfrentamientos entre las comunidades locales y los Caballeros Templarios, quienes tomaron control de la zona.
Según un informe producido por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entre 2006 y agosto de 2017 han caído asesinados 99 alcaldes activos y retirados.
Las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto suman más de 100 homicidios de alcaldes (incluyendo a exalcaldes y alcaldes que habían sido elegidos, pero aún no se habían posesionado).
La mayoría de estas muertes se concentraron en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán. Los tres primeros se conocen como puntos calientes del crimen organizado. En cuanto a Oaxaca, el consultor de seguridad Jaime López comentó a InSight Crime que ese estado concentra alrededor del 25 por ciento de los municipios mexicanos y padece “conflictos violentos hiperlocales […] por tierras, vendettas, política” y otras “luchas de poder locales”, lo que también podría explicar el alto número de alcaldes asesinados.
Análisis de InSight Crime
Aunque no se sabe cuántos de los homicidios de alcaldes tienen relación con el crimen organizado, el número total apunta a un escalamiento del conflicto y de las tensiones en las interacciones entre políticos locales y actores criminales. El ataque a las autoridades locales es una alternativa lógica para los grupos criminales: implica menor riesgo que atacar a políticos federales, a la par que podría ser de mayor provecho para sus intereses criminales.
Lo mismo se aplica a los gobernadores, que son cooptados o coaccionados por el crimen organizado, como lo muestran las últimas acusaciones contra Duarte y un buen número de exgobernadores en México. Desde la perspectiva de los gobernadores, algunos grupos criminales ejercen tal poder y control territorial que negociar puede ser simplemente el medio más pragmático para la supervivencia física y política, a menos que su fin sea el propio enriquecimiento.
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Como ya lo había informado InSight Crime, los nexos entre gobiernos locales y el crimen organizado se ventilaron con la fragmentación de la escena política en México y el fin de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000. La llegada de otros partidos políticos en los ámbitos estatal y federal llevaron a una descentralización del poder y a conferir mayor margen de maniobra a los gobernadores. Estos cambios y la pluralidad de intereses en todo el país implican que es preciso acordar nuevas lealtades y realinear intereses, entre políticos y crimen organizado. La falta de consenso y de lealtades políticas a diferentes partidos puede generar mayores conflictos entre poderes en contienda en el ámbito local.
Desafortunadamente, los cambios en las alianzas político-criminales por lo general traen consigo violencia, un factor que se exacerba con la creciente fragmentación paralela del contexto criminal en México.