El fiscal general de Perú fue destituido por mala conducta en varios casos importantes de crimen organizado. Es acusado principalmente de obstruir la investigación de un masivo escándalo de corrupción, aunque también admitió haberse reunido con un hombre acusado de dirigir una multimillonaria red de lavado de dinero.
El 13 de mayo, el exfiscal general de Perú Carlos Ramos Heredia fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la autoridad de supervisión judicial del país. Durante una conferencia de prensa, el secretario general del CNM dijo que Ramos —suspendido en diciembre— fue encontrado responsable de mala conducta en tres casos relacionados con una red de corrupción, informó la BBC.
Pleno del #CNM acordó destituir al Fiscal Supremo Carlos #RamosHeredia.
— CNM – Perú (@CNMPeru) May 13, 2015
Ramos negó las acusaciones y dijo en una emisora local que era víctima de una “conspiración”, informó la BBC. El CNM abrió varias investigaciones sobre presuntos actos irregulares de Ramos, algunos de los cuales ocurrieron antes de que asumiera el cargo como fiscal general, pero, según El Comercio, sólo se encontró evidencia contundente de mala conducta en tres de los casos.
Algunas de las acusaciones que enfrenta Heredia son:
1 Bloquear las investigaciones sobre el “Al Capone” de Perú
César Álvarez, el exgobernador del departamento de Áncash
El CNM descubrió que Ramos sancionó incorrectamente a un fiscal anticorrupción encargado de investigar a César Álvarez, el exgobernador del departamento de Áncash, en el noreste de Perú.
Algunos habitantes de Áncash han comparado al exgobernador con el capo estadounidense Al Capone. Álvarez se encuentra bajo investigación por presuntamente haber repartido más de un millón de dólares en sobornos y ordenar el asesinato de políticos rivales. Una comisión del Congreso ha implicado a más de 400 personas en la presunta red criminal de Álvarez, entre ellas varios congresistas y un exjuez de la Corte Suprema de Justicia.
2 Acusar a cuatro fiscales anticorrupción que allanaron la oficina de campaña de Álvarez
Según El Comercio, Ramos, quien para entonces era el jefe de una oficina de auditoría interna, presentó cargos penales contra cuatro fiscales por allanar con una orden presuntamente inválida una de las oficinas de campaña de Álvarez en 2011. Sin embargo, un juez dictaminó posteriormente que la orden era válida y la Fiscalía archivó los cargos contra los fiscales en enero de este año.
3 Bloquear la investigación sobre otro de los presuntos socios de Álvarez
Ramos presuntamente retrasó el proceso de más de 20 quejas presentadas contra Dante Farro, exfiscal y presunto socio de Álvarez, informó La República.
4 Tener vínculos con una masiva red de lavado de dinero
Rodolfo Orellana
Si bien el CNM no encontró a Ramos culpable de mala conducta por sus presuntos vínculos con Rodolfo Orellana, un prolífico lavador de dinero que fue capturado en noviembre pasado en Colombia y deportado a Perú, el exfiscal admitió haberse reunido con Orellana en su oficina. Adicionalmente, según El Comercio, César Ramos Torero, hijo de Ramos, presuntamente recibió sobornos de Orellana de entre US$10.000 y 30.000 a cambio de favores del fiscal general.
Análisis de InSight Crime
Heredia es sólo el último funcionario de alto rango en ser vinculado a escándalos relacionados con Rodolfo Orellana y César Álvarez. El 14 de mayo, apenas un día después de la destitución de Ramos, el congresista Heriberto Benítez fue suspendido durante 120 días por presuntamente obstaculizar el allanamiento de la oficina de campaña de Álvarez y por sus supuestos vínculos con la red Orellana. Una semana antes, la policía había capturado a un exjuez de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la multimillonaria red de Orellana.
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Cabe destacar que la destitución de Ramos no significa que vaya a enfrentar cargos criminales, aunque algunos fiscales han señalado que ello sería posible. Aun así, el hecho de que este tipo de altos funcionarios sean destituidos de posiciones de poder representa un paso positivo para Perú. Si bien casos como éste perjudican inevitablemente la reputación de las instituciones judiciales del país, también son una muestra de que el gobierno no ha sido completamente cooptado por intereses especiales corruptos.