El Procurador General de México ha abierto nuevas investigaciones sobre las acusaciones de que el presidente Enrique Peña Nieto recibió fondos de una posible red de lavado de dinero y fraude financiero durante su campaña presidencial; un caso que, de resolverse, representaría un gran paso hacia adelante para el sistema judicial.
Según Reforma, aproximadamente US$1,75 millones fueron recibidos por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, provenientes de empresas “virtuales” vinculadas con la compañía de construcción Edicom, que está siendo investigadas por transacciones financieras sospechosas.
Dos sospechosos claves del caso, Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros, canalizaron US$773.000 y US$993.000, respectivamente, por medio de tarjetas electrónicas que fueron emitidas por el grupo financiero Monex, para el PRI, según Reforma. Los dos hombres han sido vinculados entre ellos a través de depósitos de dinero hechos en una cuenta bancaria en HSBC.
En julio del año pasado, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para las elecciones mexicanas de 2012, Andrés Manuel López Obrador, alegó que Peña Nieto se benefició de fondos de origen ilícito durante su campaña. El caso se centró en las tarjetas Monex, y en el hallazgo de que dos compañías que, según las facturas, compraron grandes cantidades de estas tarjetas, parecen no existir.
El Partido Acción Nacional (PAN), de la oposición, también acusó al PRI de usar tarjetas Monex para comprar votos, pero los cargos fueron retirados tras descubrir que Edicom también estaba relacionado con el dinero de la campaña de la candidata Josefina Vásquez Mota.
Análisis de InSight Crime
El seguimiento de un caso que involucra al presidente podría representar un paso importante en México, donde son comunes los vínculos entre los políticos corruptos y el crimen organizado y donde son raros los procesos judiciales de lavado de dinero. La falta de voluntad política suele obstaculizar el progreso en los casos de lavado de dinero, y este es un riesgo particular considerando que el blanco es el mismo presidente del país.
El caso también revela cómo la política en México suele estar vinculada con casos de corrupción, con acusaciones que vienen de todos lados, como se vio en el caso contra el gobernador de Tamaulipas. La exposición del dinero sucio de cualquier político es la mejor forma de acabar con su credibilidad, y el uso de la información para comprar influencia, empleo y favores políticos es un pilar de la política mexicana.
Finalmente, el caso servirá para probar la capacidad de la procuraduría general para llevar a cabo una investigación completamente autónoma, y justa, libre de las presiones políticas.