El ministro de Seguridad de El Salvador ha dicho que el gobierno tiene la intención de poner fin a la práctica de separar a los presos en función de su afiliación a una pandilla, en declaraciones que reconocen los fracasos de la política, pero no la realidad de las penitenciarías controladas por las pandillas del país.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, dijo a periodistas que la decisión de tener a los miembros de diferentes pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS13) y de Barrio 18, en prisiones separadas fue un error y que debería acabarse en “un tiempo no muy lejano”, informó La Prensa Gráfica.
Lara dijo que respaldó la propuesta de un congresista de la oposición para reformar Ley Penitenciaria del país para hacer que sea ilegal asignar a los convictos a prisiones basadas en la pertenencia a una pandilla u a otras afiliaciones de crimen organizado.
El ministro dijo que las reformas se hicieron más urgentes debido a la fractura de las estructuras pandilleras así como al surgimiento de nuevas facciones dentro de estos grupos criminales.
“En algunos lugares las pandillas se han dividido, nosotros no podemos ubicar a cada quien en centros penales exclusivos”, dijo.
Los pandilleros representan alrededor del 36 por ciento de la población carcelaria de El Salvador. Actualmente hay dos prisiones que albergan un total de 5.432 miembros de la MS13, y cuatro prisiones para las dos facciones de Barrio 18, con 2.351 “Revolucionarios” y 2.135 “Sureños” encarcelados, informó La Prensa Gráfica.
Análisis de InSight Crime
El Salvador ha estado separando a los presos según la afiliación a las pandillas desde 2003, cuando el gobierno decidió que era la mejor manera de reducir la violencia en las cárceles tras presentarse disturbios masivos.
Si bien son evidentes los beneficios de la separación de las dos organizaciones, que han estado envueltas en una larga y brutal guerra, la segregación ha tenido diversas consecuencias no deseadas que han ayudado a fortalecer a las pandillas.
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La adjudicación de cárceles enteras a una pandilla le ha permitido a estos grupos tomar el control casi total de las instalaciones en las que se encuentran alojados. Mantener a los líderes de las pandillas y a sus subordinados juntos también ha facilitado la comunicación y ha hecho que sea más fácil llevar a cabo y coordinar las actividades criminales desde el interior. Los críticos también dicen (pdf) que la segregación ha reforzado la identificación y los sentimientos de cohesión y lealtad de la pandilla, así como ha aumentado la hostilidad de los miembros hacia sus enemigos.
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes en la segregación, las condiciones en el sistema penitenciario de El Salvador implican que cualquier movimiento para poner fin a la práctica podría resultar aún más problemática. Las cárceles del país están terriblemente superpobladas, cuentan con poco personal y recursos, y las autoridades tienen poco control sobre lo que sucede adentro. A menos que el Estado pueda recuperar primero el control de las prisiones, las medidas para integrar a los miembros de pandillas rivales podrían terminar en un baño de sangre.