Una comisión que está llevando a cabo una investigación acerca de la desaparición de 43 estudiantes en México ha denunciado al gobierno por retener evidencias, una acusación que seguramente aumentará la desconfianza en un gobierno que ya ha perdido bastante popularidad.
En una conferencia de prensa realizada el 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— anunció que durante sus investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014 descubrió que el gobierno mexicano ha escondido evidencia pertinente para el caso.
Según la GIEI, la Procuraduría General de la República de México ocultó evidencia encontrada en los dos buses en los que los estudiantes se movilizaban la noche en la que desaparecieron, incluyendo prendas de vestir que les pertenecían. Adicionalmente, el GIEI descubrió que la grabación de video que mostraba a la policía deteniendo a los estudiantes probablemente había sido destruida.
El GIEI también le pidió al gobierno autorización para entrevistar a 26 soldados del Batallón de Infantería 27—quienes presuntamente habrían presenciado eventos relacionados con la desaparición de los estudiantes— la cual ha sido repetidamente obstaculizada. Si bien el permiso fue otorgado el 16 de agosto, las entrevistas solo se pueden realizar mediante cuestionarios escritos.
Miembros del GIEI afirmaron que esperaban extender su periodo de seis meses de investigación —el cual termina el 2 de septiembre— pero que el 6 de septiembre publicarán un informe escrito sobre sus hallazgos hasta la fecha.
Análisis de InSight Crime
La conferencia de prensa del GIEI —la primera desde que este organismo fue conformado— no es una buena señal para el gobierno mexicano o para el GIEI. El hecho de haber expresado sus quejas públicamente es evidencia de que esta entidad no espera obtener mucha cooperación gubernamental en sus investigaciones.
Las declaraciones probablemente también contribuirán a la crisis de confianza que enfrenta el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, provocada por los retrocesos y escándalos de seguridad ocurridos este último año, incluyendo la fuga del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de una prisión de máxima seguridad.
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Casi inmediatamente después de la desaparición de los estudiantes comenzaron a circular dudas acerca de la versión oficial de los hechos, en la que se sostiene que aquéllos fueron secuestrados por la policía y entregados a un grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos.
Pese a los intentos del gobierno por mostrar transparencia en sus investigaciones, abunda el escepticismo público, ya que muchos piensan que el gobierno está buscando archivar el caso y encubrir a los agentes de policía locales y a las fuerzas de seguridad involucrados.
El GIEI no parece interesado en ir en la misma dirección del gobierno mexicano, lo que hace que su trabajo de descubrir la verdad sea una tarea aún más complicada.