Las sobrepobladas cárceles de Centroamérica, con pobres condiciones de derechos humanos, son un recordatorio de las represivas y fallidas medidas contra la delincuencia, según expertos, con las cifras de El Salvador siendo particularmente reveladoras.
Omar Flores, criminalista de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, dijo a la agencia de noticias AFP: “Los Estados se quedaron a reprimir delitos en lugar de prevenirlos. El hacinamiento es impresionante e impide la resocialización en esos recintos convertidos en bodegas humanas”. Según Flores, la situación es peor en el Triángulo del Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– donde la “re-militarización” de la seguridad ha llevado a encarcelamientos masivos.
Los números hablan por sí solos. Regionalmente, hay 92.565 presos en 114 cárceles anticuadas, diseñadas para aproximadamente la mitad de los reclusos, según cifras citadas por AFP. El hacinamiento es peor en El Salvador –el país cuenta con 26.614 prisioneros en espacios diseñados para 8.490–, mientras que Honduras registró el mayor número de muertes de prisioneros entre 2011 y 2012:419 –aunque muchos de ellos murieron en un incendio masivo que mató a cientos–.
El hacinamiento no sólo ha dado lugar a una escasez de servicios de salud, alimentos y agua, sino que también es causal importante de las frecuentes peleas, fugas, motines e incendios, señala el informe.
Análisis de InSight Crime
El hacinamiento en las cárceles es un problema importante que afecta a varias partes de Latinoamérica, como ha señalado en el pasado InSight Crime. La Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) informó en 2012 que la tendencia ha dado lugar a varias violaciones de derechos humanos y muertes de prisioneros, y llamó a la sobrepoblación “el mayor problema que enfrentan las cárceles de Latinoamérica”.
Las duras políticas de seguridad gubernamentales han contribuido significativamente a los problemas actuales. Las denominadas políticas de “mano dura” en el Triángulo del Norte, como el Plan Mano Dura, que se implementó en El Salvador en 2003, condujo a redadas masivas de pandilleros, quienes fueron hacinados en las cárceles. Una vez apiñadas en las cárceles, las pandillas a menudo se consolidaron, desarrollando estructuras más jerárquicas. Muchas de las pandillas de la región están ahora comandando efectivamente desde el interior las cárceles, siendo los líderes quienes coordinan las actividades criminales que se llevan a cabo en el exterior.
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El problema no se limita a Centroamérica, y es un problema grave en toda la región, especialmente en los países más afectados por el crimen organizado. Venezuela, en particular, sufre de cárceles excepcionalmente sobrepobladas y violentas; mientras que en Colombia, el fracaso para abordar el hacinamiento y la corrupción ha dado lugar a una campaña para disolver la autoridad penitenciaria del país.