Una huelga de la Policía Militar que comenzó a finales de la semana anterior en el sur de Brasil ha dado lugar a saqueos y violencia generalizada, lo que lleva a preguntarse cuánta responsabilidad debe tener este cuerpo, de letalidad notoria, en la seguridad pública del país.

El caos se ha apoderado del estado de Espírito Santo, pues desde el 3 de febrero agentes de la Policía Militar protestan por sus bajos salarios. Agentes de la Policía Civil afirman que han muerto 85 personas desde el inicio de las protestas a finales de la semana anterior, un repunte gigantesco para un estado que en condiciones normales reporta un promedio de cuatro homicidios diarios. La Federación de Comercio de Brasil registró el saqueo de 270 tiendas y muchas otras cerradas, lo que genera pérdidas totales por más de US$35 millones.

Escuelas, servicios de transporte público y centros de salud permanecían cerrados el 8 de febrero por tercer día consecutivo, según Folha de São Paulo. Los actos de robo y violencia perpetrados por criminales oportunistas en pleno día han tenido amplia difusión en las redes sociales.

En respuesta, el presidente Michel Temer ha enviado a 1.200 efectivos de las fuerzas armadas y la guardia nacional para la protección del estado. El gobernador de Espírito Santo, Paulo Hartung, calificó las protestas de “chantaje”.

Según la ley brasileña es ilegal para la Policía Militar declararse en huelga, pero los familiares de los agentes han liderado las protestas evitando que las patrullas salgan de los cuarteles en todo el estado. Algunos residentes locales han organizado antiprotestas para intentar convencer a la policía de levantar el paro, informó O Globo.

El 9 de febrero, se espera que la Policía Civil de Espírito Santo decida si se une al paro, informó O Dia.

Análisis de InSight Crime

Los actuales disturbios en Espírito Santo demuestran lo rápido que puede colapsar la seguridad pública en Brasil en ausencia de la Policía Militar. Como lo señala un editorial de Estadão, esto se debe a un desbalance de poder y de responsabilidad entre las fuerzas militares y civiles del país.

“Tras la redemocratización, la PM [Policía Militar] brasileña se reforzó mucho y la Policía Civil se debilitó”, escribe Estadão. “La consecuencia de eso es que la MP es el principal garante del ‘orden social’”. 

Esto es causa de preocupación importante dada la naturaleza extremadamente violenta de la Policía Militar en  Brasil. En el estado de São Paulo únicamente, agentes de la Policía Militar mataron presuntamente más de 10.000 personas entre 1995 y 2014. Otro informe del Foro Brasileño sobre Seguridad Pública halló que la Policía Militar fue responsable de 1.567 muertes en todo el país en 2013, casi ocho veces más que los 198 casos que se atribuyen a la Policía Civil.

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Esto pone a Brasil en un callejón sin salida; las autoridades necesitan a la Policía Militar para mantener el orden, pero estos agentes son extremadamente violentos cuando patrullan las calles. Un posible lado bueno de la crisis en Espírito Santo puede ser que los oficiales brasileños podrían considerar finalmente escuchar a quienes claman por la desmilitarización de la policía.

“Es urgente que Brasil discuta el lugar que debe ocupar la PM en el sistema de seguridad pública”, afirma Estadão.