Un grupo de informantes civiles en Perú dice que el gobierno no les pagó la recompensa prometida por el suministro de información que llevara a una operación exitosa contra narcotraficantes, lo que destaca algunos de los problemas en los programas de recompensas a informantes en toda la región.
Entre 2012 y 2016, un grupo de 20 civiles en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) participaron junto con la policía y las fuerzas militares en operaciones de inteligencia llevadas a buen término contra grupos narcotraficantes que operan en la región, informó La República.
Las fuerzas de seguridad en Perú difundieron un volante en el que se prometía una recompensa de 2 millones de soles (unos US$600.000) a los civiles que participaran en la operación “Tornado 2016” el 20 de mayo de 2016. La operación terminó con la muerte de Alejandro Abel Auqui López, líder del grupo guerrillero narcotraficante conocido como Sendero Luminoso.
La noche del 19 de mayo de 2016, la policía, el ejército y cuatro civiles salieron del pueblo de Pichari, cruzaron el río Apurímac y siguieron por Junín Libertad, hasta llegar cerca de Llochegua casi al amanecer, mientras que otros 16 civiles suministraban apoyo de inteligencia a distancia, según uno de los informantes que participó en el operativo.
A comienzos del 20 de mayo, explicó el informante, Auqui López entró al pueblo y fue identificado por uno de los informantes. Entonces el informante hizo dos disparos, uno de los cuales dio a Auqui López en el pecho, y lo mató en el acto.
Después de que se difundiera la noticia sobre el operativo por toda la zona, el grupo de informantes civiles recibió amenazas de muerte, lo que aumentó su frustración de no haber recibido la recompensa por su cooperación.
Análisis de InSight Crime
Aunque no es claro qué tan efectivas hayan sido las estrategias militares recientes en términos de combate a la siembra de coca en el VRAEM, la colaboración civil con la policía y las fuerzas militares ha arrojado algunos resultados, como fue el caso del asesinato de Auqui López.
Sin embargo, la decisión del gobierno peruano de no recompensar al equipo de civiles que contribuyeron al éxito del operativo en el VRAEM puede tener un impacto negativo en la disposición de los ciudadanos a participar en operativos de ese tipo en el futuro.
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En términos más generales, la decisión del gobierno peruano también puede disminuir la confianza de los civiles en las fuerzas de seguridad. La falta de atención a estos problemas puede afectar la disposición del público a participar en este tipo de operativos, lo que por ende reduce la utilidad de los programas.
Programas similares de recompensas a informantes también han encontrado problemas donde se han aplicado en otros lugares de la región. En algunos casos, no se paga a los informantes lo que se les prometió, y en otros casos se recompensa de manera excesiva a los informantes por suministrar información de escaso valor.