Un reciente informe de un grupo de investigación estadounidense presenta una mirada singular sobre la manera como los jueces, fiscales y defensores públicos de México perciben el sistema de justicia penal, que tradicionalmente ha sufrido de altos niveles de impunidad, pero que actualmente está atravesando por cambios radicales.
El informe de Justice in México (Justicia en México), un programa de la Universidad de San Diego, utilizó encuestas para recopilar datos sobre las percepciones de los operadores judiciales en 11 estados de México. Muchas de las preguntas de las encuestas tienen que ver con la transición del país de un sistema inquisitivo a un modelo acusatorio, similar al de Estados Unidos. Las encuestas, efectuadas el año pasado, se realizaron durante las fases finales de implementación del nuevo sistema.
Una ligera mayoría de los jueces (el 51 por ciento) creen que el nuevo sistema de justicia ayudará a reducir el crimen, mientras que el 82 por ciento creen que ayudará a disminuir la corrupción. Un número aún mayor de jueces, fiscales y defensores (el 90 por ciento) dijeron que las reformas han tenido un impacto positivo en sus estados.
Sin embargo, el nuevo sistema no ha eliminado todos los problemas de justicia penal de México. El informe señala que “los operadores todavía no tienen plena confianza en el sistema de justicia”.
Mientras que el 84 por ciento de los fiscales dijeron que confían en la policía ministerial, solo el 34 por ciento de los jueces y el 28 por ciento de los defensores públicos contestaron esa pregunta afirmativamente. En general, los jueces son considerados como los más confiables, mientras que la policía es mirada con la mayor desconfianza por parte de los funcionarios del sistema de justicia penal. (Ver el gráfico Justicia en México abajo).
Aún más, un número significativo de fiscales (el 40 por ciento) sienten que el nuevo sistema de justicia “favorece a los criminales a expensas de las víctimas”. Esa actitud se refleja en el número incluso mayor de fiscales (48 por ciento) que dijeron que en algunos casos era aceptable que las autoridades violaran las leyes con el fin de investigar y judicializar el comportamiento criminal.
Análisis de InSight Crime
La transición a un sistema de justicia penal acusatorio en México ha sido lento y difícil. Los retrasos frecuentes llevaron al Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC) a estimar en 2015 que el sistema no estaría plenamente operativo hasta 2027. Dicho sistema ha sido además criticado por permitir excepciones en casos de crimen organizado que podrían minar el espíritu de las reformas: una mayor transparencia y protección de los derechos de los acusados.
En este contexto, el informe de Justicia en México proporciona cierto optimismo debido al alto número de operadores judiciales que sienten que el nuevo sistema en realidad está haciendo mejoras. Sin embargo, convertir esa confianza en resultados tangibles será un reto para un sistema de justicia que por mucho tiempo ha intentado acabar con la corrupción y la impunidad. En febrero de 2016, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), de la Universidad de Las Américas, estimaba que más del 99 por ciento de los crímenes en México quedan impunes.
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El alto porcentaje de fiscales que creen que el nuevo sistema beneficiará a los criminales es otro posible obstáculo para las reformas duraderas. Los funcionarios tendrán que encontrar una manera de garantizar los derechos de los acusados sin alienar a los fiscales, quienes pueden sentir mayor justificación para burlar la ley con el fin de llevar a cabo las investigaciones criminales.