Un estudio presentado por Transparencia Venezuela revela cómo la debilidad del sistema de justicia penal de Venezuela, profundizada por la cooptación de las instituciones públicas por parte del gobierno, estaría facilitando las acciones del crimen organizado y principalmente el tráfico de cocaína.
Se trata del primer informe del Proyecto Crimjust, una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Interpol y Transparencia Internacional. Fueron evaluados nueve países ubicados en la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental y Venezuela obtuvo los peores resultados, pues en el país existen leyes que penalizan la corrupción y el crimen organizado, pero, simplemente, no se cumplen.
“El control total del Estado, impulsado desde altas esferas del poder, a través de la cooptación de los cuerpos policiales y de los organismos del sistema de justicia (Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia) ha sido eficiente para el control político pero no para enfrentar organizaciones criminales”, reportó Transparencia Venezuela durante la presentación del informe en la que estuvo presente InSight Crime.
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El estudio, que analiza la integridad y rendición de cuentas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Ministerio Público y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, destaca que la corrupción se ha acentuado en los últimos 20 años, durante los mandatos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Análisis de InSight Crime
La falta de independencia de los operadores del sistema de administración de justicia en Venezuela, ampliamente documentada por organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, constituye una situación de vulnerabilidad extrema que ha sido aprovechada por los grupos de delincuencia organizada para actuar a sus anchas y con total impunidad.
El narcotráfico y específicamente las rutas de la cocaína, que son el objeto de estudio de Crimjust, han encontrado “terreno fértil” en un Estado mafioso, donde la participación activa de funcionarios públicos en este tipo de negocios ilegales y transfronterizos impide la cooperación internacional e investigaciones eficaces que conduzcan a la aplicación de sanciones conforme a la ley.
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En Venezuela, policías, fiscales y jueces son designados y removidos a dedo; es decir no tienen estabilidad en sus cargos y, por lo tanto, son más vulnerables a presiones políticas y económicas. Aunado a ello, la falta de formación ética y la desprotección con la que ejercen sus funciones los convierte en presa fácil de las organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de drogas que, por lo general, tienen suficiente dinero para comprar su laxitud, complacencia e, incluso, complicidad, hasta involucrarlos directamente en la economía criminal.
Aunque los resultados correspondientes a los otros ocho países evaluados (Ghana, Nigeria, Colombia, Honduras, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Perú) no fueron revelados, Zoe Rëiter, líder del Proyecto Crimjust, y Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, confirmaron que Venezuela es el país con mayor debilidad institucional para combatir el tráfico de cocaína.
Naciones Unidas, Transparencia Internacional e Interpol recomiendan, de manera genérica, “atacar el problema desde la raíz”; es decir, recuperar la independencia y autonomía de los operadores del sistema de administración de justicia. Sin embargo, ello equivale a una recuperación de la institucionalidad democrática que solo sería posible con un relevo en la conducción política del país.
