El último informe anual de la JIFE describe una tendencia continuada de aumento del consumo de drogas en el continente americano, y alienta a los países a buscar soluciones “no punitivas” para enfrentar este problema.
El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) divulgado el 2 de marzo señala que las tasas de uso de muchos estupefacientes comunes siguen subiendo en la región, una extensión de un patrón observado en años anteriores.
En Norteamérica, el informe señala que el mayor consumo de opioides en Estados Unidos y Canadá ha llevado a un incremento concomitante de sobredosis relacionadas con esta categoría de drogas. El informe también ofrece datos que indican que los grupos criminales han aumentado la producción de amapola de opio tanto en México como en Guatemala en los últimos años para responder a la creciente demanda.
El informe afirma que los índices de consumo de drogas en países de Centroamérica y el Caribe tienden a ser inferiores a los promedios global y regional. Pero los autores afirman que debido a la importancia de estos países como países de transbordo de drogas, los índices de uso podrían subir o caer con las variaciones en los patrones de producción y tráfico.
En Suramérica, la JIFE informa que los índices anuales del uso de cannabis —el alcaloide de mayor consumo en la región— “presentaban una tendencia global en aumento”.
De manera similar, la prevalencia de abuso de cocaína en Suramérica también “continúa en aumento”, probablemente atizada en parte por el auge de la producción de cocaína en Colombia, el que también se ha asociado a un mayor consumo de cocaína en Estados Unidos.
La JIFE también señala que otros tipos de estimulantes muestran señales de aumentar su popularidad.
“La preocupación por los mayores niveles de abuso de drogas sintéticas entre los jóvenes suramericanos también siguió aumentando en 2015”, declara el informe. “Se denunciaron altos índices anuales de prevalencia de abuso de estimulantes anfetamínicos entre jóvenes en la región”.
Análisis de InSight Crime
Estas tendencias no son nuevas. Pero el informe de la JIFE anima a otros países a repensar las estrategias tradicionales de atención a estas cambiantes dinámicas. De manera específica, la JIFE aboga por el principio de “proporcionalidad”, ya mencionado por los acuerdos internacionales antinarcóticos. Según el organismo, las respuestas “desproporcionadas” a los delitos por drogas pueden “afectar los objetivos de los acuerdos y además tener un impacto negativo en la aplicación y el cumplimiento del estado de derecho”.
Aunque el informe de la JIFE no menciona específicamente ningún país, algunos de los aspectos que señala se han presentado en Latinoamérica y el Caribe.
Por ejemplo, el informe insta a los países “a adoptar respuestas no punitivas por delitos no graves relacionados con drogas, cometidos por los consumidores de estupefacientes, en lugar del arresto y la cárcel, como una alternativa contemplada por los acuerdos internacionales para el control de estupefacientes”.
La detención de grandes números de personas por delitos menores por drogas ha sido un factor importante en la sobrepoblación carcelaria en toda Latinoamérica. Y a su vez, este hacinamiento ha contribuido tanto a la persistencia de abusos contra los derechos humanos en centros penitenciarios, como al auge de los grupos del crimen organizado, que ejercen gran influencia tanto en las prisiones como en las calles.
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Sin embargo, pese a que propende por estrategias alternativas “no punitivas” para el control de estupefacientes, la JIFE dejó de promover la legalización del uso recreativo de drogas, en particular el canabis.
La JIFE sí señala que el uso medicinal del canabis no infringe los acuerdos internacionales de narcóticos, pero señala reiteradas veces a lo largo de su informe que la venta de este alcaloide para fines recreativos de hecho sí iría contra los acuerdos.
Informe Anual 2016 de la JIFE: