La información reciente que afirma que Uruguay no va a poner impuestos a la venta o producción de marihuana ha recibido gran atención, sin embargo, representar la legislación de la legalización como una que busca socavar al mercado negro, en lugar de aumentar los ingresos, no es acertado.
Según la información publicada el 19 de mayo por Reuters, el pequeño país Suramericano -que se convirtió en el primero del mundo en legalizar la droga en diciembre de 2013, y que dio a conocer detalles sobre la legislación a principios de mayo– eximirá a la marihuana de impuestos a la venta y a la producción, en su intento por acabar con la economía del mercado negro.
“Acá [las autoridades] parten de que el objetivo principal es recaudar, todo tiene que ser funcional a que no se consuma del mercado negro”, Felix Abadi, contratado por el gobierno para estructurar el mecanismo tributario de la marihuana en Uruguay, dijo a la agencia de noticias.
Abadi también señaló a Reuters que a pesar de que el alcohol y los cigarrillos son fuertemente gravados, el comercio oficial de marihuana será virtualmente libre de impuestos.
Análisis de InSight Crime
Ya han girado alrededor de la legalización miedos de que el mercado negro socave al de marihuana legal en Uruguay, con el jefe antinarcóticos de Paraguay, sugiriendo el año pasado que ésta impulsaría la producción en su propio país -el mayor productor de marihuana en Suramérica.
Y es cierto que la marihuana no será gravada con los impuestos a los bienes no esenciales, que elevan el precio del alcohol y los cigarrillos. También será considerado un producto agrícola crudo, por lo tanto, estará exento del impuesto agrícola (pdf).
Sin embargo, según los términos de la legislación publicados por la Presidencia el 12 de mayo, se espera que el máximo de seis cultivadores comerciales que estarán autorizados para producir marihuana, paguen impuesto sobre la renta. También tendrán que pagar tanto una cuota fija como una variable para obtener una licencia de plantación.
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Al igual que gran parte de la legislación, los detalles exactos de la cuota variable todavía no han sido definidos, aunque el comunicado de prensa afirma que está destinada a proporcionar “el régimen fiscal más flexible posible”, con el fin de garantizar su competitividad con el producto ilegal. En otras palabras, no clasificar estas tarifas como un “impuesto” es semántica.
Según El Observador, los cultivadores comerciales también tendrán que pagar la factura de seguridad obligatoria suministrada por el ejército del país, aunque fuentes cercanas a InSight Crime han sugerido que el uso de seguridad privada es un escenario final más probable.
De esta forma, mientras que el gobierno podría estar apuntándole a un régimen fiscal favorable que fomente el desarrollo de la economía de la marihuana legal, la idea de que todo el comercio se escapará de contribuir a las finanzas del Estado simplemente no es correcta.