Un líder de la comunidad empresarial de Perú resaltó las ganancias económicas y el impacto que tienen las bandas de extorsionadores en el país, así como su creciente orientación hacia las empresas pequeñas, en otra señal de que el crimen organizado de bajo nivel está aumentando y evolucionando.
Moisés Mieses Valencia, presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco) de Perú y candidato a la alcaldía de la capital, Lima, dijo que más de 500 empresas a nivel nacional han sido extorsionadas en 2014, pagando colectivamente, sólo en la capital, alrededor de US$ 18 millones en el año hasta la fecha, informó Perú 21.
Sólo en Lima existen alrededor de 100 bandas de extorsionadores, exigiendo a floristerías, restaurantes, taxis y tiendas pequeñas pagos entre US$ 3.500 y US$ 355.000, según Mieses. Muchos de estos grupos operan desde la cárcel, y hacen uso del correo, de redes sociales y de teléfonos celulares para intimidar y amenazar a las empresas, dijo Mieses a La República.
El crimen -que Mieses tipifica como “terrorismo urbano” por el efecto desestabilizador que tiene sobre la economía- ha hecho que en los últimos meses, el 30 por ciento de los negocios extorsionados se trasladen o cierren.
Análisis de InSight Crime
La extorsión se ha convertido en un fenómeno generalizado en Perú, a medida que los proliferantes grupos criminales locales recurren cada vez más a una fuente de ingresos que ha causado grandes daños a otros países de la región, como a Colombia. El crimen también parece seguir un patrón “micro”, similar al observado en Colombia, donde las grandes empresas no son las únicas que son extorsionadas, los pequeños negocios de la calle también lo son. Aparentemente el crecimiento de la extorsión en Perú ha sido facilitado por la cultura de impunidad, donde algunos policías protegen e incluso son cómplices de los grupos criminales.
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El aumento en la extorsión es una, de una serie de señales, de que los grupos del crimen organizado de bajo nivel están floreciendo cada vez más en Perú. Actualmente, el comercio de cocaína del país es dirigido principalmente por clanes criminales familiares que operan en el valle del Huallaga, y no por células de grandes grupos transnacionales. El país también se ve afectado por las redes de trata de personas que comercian con sus víctimas principalmente en el mercado domestico, y por la minería ilegal generalizada, que ayuda a alimentar al tráfico sexual y al trabajo forzado, y que aparentemente está relacionada con el tráfico de drogas.
Probablemente el estatus de Perú como el principal productor de cocaína en el mundo ha contribuido con el crecimiento del crimen organizado local, con el microtráfico catalizando el nacimiento de pequeñas organizaciones criminales. Pese a que actualmente no es claro si las bandas que operan en el país tienen alguna relación con el tráfico de drogas en general, a medida que continúen fortaleciéndose es posible que busquen jugar un papel cada vez más importante.