Un año después de que Venezuela sancionara la ley de desarme y control de armas, el país ha sacado de circulación menos del uno por ciento de las armas ilegales, y sigue sin abordar la mayor parte de las fallas que inicialmente fueron señaladas por los críticos de la legislación.
Desde que la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme entró en vigor en junio de 2013, las autoridades han incautado 12.603 armas ilegales y sólo 37 armas han sido entregadas de manera voluntaria, informó El Nacional. La cantidad estimada de armas en circulación en Venezuela varía entre uno y seis millones.
Adicionalmente, según El Nacional, la cantidad de armas destruidas por las autoridades -que también puede incluir armas guardadas como evidencia, incautadas en años anteriores- cayó un 34,1 por ciento en 2013.
Análisis de InSight Crime
Las estadísticas preliminares para el primer año de la ley de desarme en Venezuela pintan un cuadro condenable que confirma las críticas y los temores expresados por ambos lados de la división política cuando la ley fue aprobada.
Cuando la ley entró en vigor, los miembros de la oposición política criticaron al gobierno por su “doble discurso” -impulsar el desarme al tiempo que apoyaba a grupos armados ilegales, como los “colectivos” de Caracas, y llamaba a la creación de “milicias obreras”. Este tema pasó a primer plano con los disturbios políticos del último año, a medida que estos grupos armados se movilizaban para enfrentar a quienes se manifiestaban en contra del gobierno -lo que hace aún menos probable que éste ejerza presión para desarmarlos.
Los críticos también han atacado la ley desde la izquierda por no abordar las causas sociales subyacentes de la violencia, un tema que está cada vez más lejos de la agenda política, mientras el gobierno de Maduro se concentra en reforzar el apoyo con el fin de hacerle frente a las protestas de la oposición y a los rumores de divisiones internas.
Además, la ley fue criticada desde un punto de vista práctico por no prestar suficiente atención a cuestiones tales como la desviación de armas compradas legalmente hacia el mercado ilegal, y por no supervisar correctamente a la empresa de armas del Estado ni a las reservas militares, cuyas armas a menudo son vendidas en el mercado negro por funcionarios corruptos.
Sin embargo, como sucede muy a menudo en el caso de las políticas de seguridad de Venezuela, tal vez la principal razón por la cual esta ley no ha logrado generar resultados significativos es la poca voluntad política. Con la falta de un respaldo político serio y sin los recursos necesarios para abordar un tema tan complejo y profundamente arraigado, la política parece estar encaminada a unirse a la serie de medidas de seguridad, que incluye los anteriores esfuerzos de control de armas, que resultaron ser poco más que gestos políticos.