Las autoridades de México han acordado prolongar un año más el actual proceso de reforma policial del país; una decisión que resalta las dificultades de abordar eficazmente la corrupción endémica en las fuerzas estatales y municipales.
Después de reunirse para revisar el actual proceso de certificación de la policía, los miembros de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública de México decidieron proponer una reforma legal que pospondría el plazo para terminar el proceso -fijado para el 31 de octubre 2013- por otro año, informó Crónica. También acordaron establecer un grupo de trabajo para reconsiderar los exámenes realizados a miembros de la fuerza.
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María Elena Morera, presidenta de la organización social Causa en Común, informó que sólo el 75 por ciento del personal de seguridad y justicia ha sido evaluado hasta la fecha, con 130.247 aún por revisar (vea más adelante).
Los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticaron el proceso actual, diciendo que las pruebas de polígrafo por sí solas no garantizan la integridad de un oficial. Propusieron reformas como el monitoreo de oficiales que fallaron las pruebas de confianza, la investigación de los orígenes de sus activos, y la revisión de su historial de trabajo.
Análisis de InSight Crime
El proceso de evaluación policial que se inició en 2009 con el objetivo de limpiar los cuerpos policiales, municipales y estatales, corruptos ha dado lugar a que se haya encontrado a un gran número de funcionarios no aptos para el servicio. No obstante, desde el comienzo, el proceso ha sido lento y polémico; algunos afirman que los objetivos del gobierno central fueron demasiado idealistas.
En cuanto a la propuesa de retrasar el proceso un año, el analista en seguridad de México Alejandro Hope dijo que el proyecto de evaluar a más de medio millón de funcionarios en el período de tiempo dado fue “terriblemente ambicioso”, y el valor de los controles en sí fue “sobrestimado”. Como InSight Crime ha señalado en el pasado, incluso un proceso que efectivamente purgue las actuales fuerzas, no proporciona ninguna garantía para el futuro sin el establecimiento permanente de cuerpos de vigilancia. Mientras tanto, las purgas a gran escala de agentes de la policía pueden ser peligrosas, ya que pueden proporcionar a los criminales reclutas bien informados.
Además, muchos estados no tienen leyes que obligan a retirar de la fuerza a los policías que no pasaron las pruebas de confianza, lo que aumenta la dificultad de hacer cumplir el proceso de selección. Un fenómeno similar se ha observado en Honduras, donde muchos oficiales que no han pasado las pruebas permanecen en la fuerza.
Otra de las iniciativas destinadas a combatir la corrupción policial, la colocación de agentes municipales bajo el control de la policía estatal en un mando único de policía, también se ha estancado bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.