Las cifras gubernamentales en México demuestran cómo los ya de por sí débiles esfuerzos para combatir el lavado de dinero parecen estar empeorando bajo la administración actual, lo cual sugiere una falta de recursos y de voluntad política para combatir este componente clave del crimen organizado.
Según documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los que tuvo acceso El Universal, entre 2001 y 2014 fueron desmantelados 33 grupos dedicados al lavado de dinero y se incautaron cerca de US$300 millones (tomando en cuenta la variación de la tasa de cambio a lo largo del periodo), tanto en pesos mexicanos como en dólares.
De estos 33 grupos, 23 fueron desmantelados durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), siete durante la administración de Vicente Fox (2000-2006), y sólo tres bajo el actual mandato de Enrique Peña Nieto.
Durante los dos primeros años de la presidencia de Peña Nieto (2013-2014), la cantidad de dinero lavado que fue incautado disminuyó en comparación con el mismo periodo de la administración de Calderón (2007-2008), pasando de cerca de US$90 millones a unos US$13 millones.
Angélica Ortiz Dorantes —experta en prevención de lavado de dinero— explicó que la reducción de las incautaciones de dinero durante la administración Peña Nieto no implica necesariamente una falta de acción gubernamental, sino que puede ser una señal de que los mayores controles y medidas preventivas implementadas con la aprobación de una ley en 2013 para luchar contra el lavado estarían surgiendo efecto.
Sin embargo, el coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, señaló que las cifras de la PGR son “irrisorias” dadas las herramientas a disposición de los investigadores, y enfatizó en que las estadísticas muestran “un porcentaje muy bajo” con respecto a lo que se calcula es el tamaño de la economía criminal. Según El Universal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha estimado que en el país se lavan cerca de US$10 mil millones anualmente, aunque algunos funcionarios estadounidenses dicen que esta cifra podría estar por el orden de los US$29 mil millones.
Sánchez Lara manifestó que las cifras muestran las fallas del gobierno mexicano en su lucha contra el lavado de dinero, las cuales atribuye a la débil capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Otro obstáculo, añade Angélica Ortiz, es que las investigaciones para combatir el lavado de activos carecen de los medios para filtrar las grandes cantidades de información que reciben.
Análisis de InSight Crime
El lavado de dinero es una actividad esencial para los grupos de crimen organizado de México y la región, los cuales han demostrado ser creativos a la hora de implementar nuevos mecanismos para legalizar las masivas cantidades de dinero que generan, un hecho que ha dificultado aún más la lucha contra este crimen.
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El gobierno mexicano ha tomado previamente varias medidas para combatir el lavado de activos y reforzar la legislación. En 2013 comenzó a ser implementada una ley que limita las transacciones de dinero y hace obligatorio reportar las actividades financieras sospechosas.
Sin embargo, como muestran las estadísticas de la PGR, el progreso en la lucha contra el lavado de dinero ha sido lento, y las investigaciones y la cantidad de dinero incautado han disminuido desde que la ley fue aprobada en 2013. Como InSight Crime señaló en el momento en que la ley comenzó a ser implementada, casi siempre resulta más fácil promulgar leyes que judicializar casos de lavado de dinero a gran escala, pues esto requiere recursos y voluntad política. México aún debe demostrar su voluntad para solucionar este problema.