Después de la espectacular fuga de miembros del PCC el pasado 19 de enero, el presidente de Paraguay envió por segunda vez escuadrones militares a las prisiones, lo que sugiere que el despliegue militar inicial no tuvo ningún efecto para combatir al crimen organizado.

El 19 de enero, 76 miembros del Primer Comando Capital (PCC) escaparon de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero a través de un túnel que conectaba a una de las celdas con el exterior.

Según Cecilia Pérez, ministra de Justicia del país, el túnel tardó en construirse al menos 20 días, por lo que era imposible que miembros de esta pandilla carcelaria burlaran completamente a los oficiales y a los militares que desde septiembre de 2019 se encontraban custodiando las afueras del penal.

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Tras conocerse el hecho, la Fiscalía General imputó a 31 oficiales penitenciarios, entre ellos el exdirector del penal, Cristian González, y el jefe de seguridad, Arnaldo Matías Báez Torres.

La fuga en Pedro Juan Caballero no tiene precedentes en el país. Ante la emergencia de la situación, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, decretó el despliegue de policías y militares alrededor de las prisiones como una medida para reforzar la seguridad en las ya convulsionadas penitenciarías del país.

En septiembre de 2019, el presidente había declarado una “emergencia penitenciaria” después de que afiliados al PCC masacraran en San Pedro a 10 miembros del Clan Rotela, en un despliegue de violencia nunca antes visto en las prisiones del país.

Como una de las medidas de seguridad tomadas, el gobierno ordenó el despliegue de los militares, quienes se instalaron con tanques afuera de las prisiones, entre ellas en Pedro Juan Caballero.

Análisis de InSight Crime

Las medidas “excepcionales” de seguridad dictadas por el presidente parecen optar por la misma fórmula que desembocó con la espectacular fuga de miembros del PCC en el penal de Pedro Juan Caballero.

Como lo pudo observar InSight Crime, la presencia de militares afuera de las prisiones respondería a un intento insustancial de demostración de fuerza, más que un elemento realmente útil en caso de revueltas o fugas.

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En octubre de 2019, en comunicación con InSight Crime, las autoridades penitenciarias paraguayas dijeron que el despliegue militar tenía como propósito disuadir posibles intentos de fuga o planes para liberar a miembros del crimen organizado de las cárceles, y también como una opción de último recurso para los directores de prisiones en caso de disturbios.

Sin embargo, la presencia de militares en las cárceles de Concepción, Tacumbú y Pedro Juan Caballero, a las que InSight Crime pudo tener acceso, se limitaba a unidades de 7 u 8 soldados, quienes se ubicaban ocasionalmente a varios metros en frente de cada penal, además de la presencia inmóvil de un vehículo de blindaje pesado o tanque.

La presencia de escuadrones en las prisiones habría resultado tan ineficiente que uno de los recapturados en Pedro Juan Caballero aseguró que varios líderes del PCC habrían incluso salido por la puerta principal del penal, reportó ABC Color.

Días después de la fuga masiva, se presentaron nuevos motines en la Penitenciaria Regional de Misiones. Esta vez, enfrentamientos entre miembros del PCC y el Clan Rotela dejaron como resultado un muerto dentro del penal, lo que se suma a la larga lista de incidentes en las incontrolables prisiones del país.