Un ministro de El Salvador ha sido implicado en una polémica tregua que tuvo lugar hace algunos años entre las pandillas, lo cual podría desacreditar el cese al fuego y a los funcionarios involucrados en él.
La Fiscalía General de El Salvador ha dicho que el ministro de Defensa, David Munguía Payés, fue el “creador, ideólogo, promotor y principal defensor” de la tregua de 2012 entre dos de las pandillas criminales más poderosas del país, MS13 y Barrio 18, informó El Mundo.
Estas acusaciones surgieron durante una formulación de cargos contra 22 expolicías y funcionarios de prisiones acusados de crímenes relacionados con la tregua.
Las autoridades no han levantado cargos formales contra Munguía, y el fiscal general no lo ha requerido que para testificar sobre el caso.
Sin embargo, la acusación al parecer hace algunas graves afirmaciones. Según la Fiscalía General, Munguía, quien durante parte de la tregua había ejercido como ministro de Seguridad del expresidente Mauricio Funes, presuntamente les ayudó a los miembros de las pandillas a recibir varios beneficios durante el tiempo que duró la tregua.
Según la acusación, a la que El Mundo tuvo acceso, “el traslado de los líderes de las pandillas [de prisiones de máxima seguridad a instalaciones de menor seguridad] no habría podido tener lugar sin el conocimiento y la autorización [de Munguía]; los convoyes que llevaron [a los criminales] no los habrían podido acompañar sin su influencia […] como ministro de Defensa, y los pandilleros no habrían podido haber disfrutado de otros beneficios sin [su] directa intervención”.
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Supuestamente, Munguía también habría mantenido una estrecha relación con los dos mediadores claves en la tregua, Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres, así como con el exdirector del sistema penitenciario, Nelson Rauda, y el antiguo inspector de prisiones, Anilber Rodríguez. Según la Fiscalía, los cuatro individuos se reunieron con los líderes de las pandillas por instrucciones de Munguía.
Además, las autoridades han alegado que Munguía y otras personas les permitieron a los pandilleros que no estaban presos que se reunieran con sus compañeros encarcelados. Sus conversaciones, supuestamente, no giraron en torno a la tregua, dicen los fiscales, sino sobre la manera de fortalecer la pandilla.
Según El Diario de Hoy, la acusación indica que estas reuniones “solo fueron un ardid de sus líderes [de las pandillas] para retomar el poder y control, para reorganizarse, para emitir y repartir órdenes e instrucciones a los pandilleros que llegaban a visitarlos [a la prisión] y con ello aumentar su accionar delincuencial.”
Análisis de InSight Crime
Aunque no se trata de cargos criminales formales, las acusaciones contra Munguía incluidas en la formulación de cargos pueden ser un movimiento político de la actual administración para difamar a los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en el polémico cese al fuego.
Los efectos de la tregua entre pandillas han sido objeto de un acalorado debate. Mientras que algunas estimaciones indican que el cese al fuego permitió salvar unas 5.500 vidas gracias a una disminución en los homicidios. Los críticos sostienen que la misma contribuyó a fortalecer a las pandillas, en términos de sofisticación criminal e influencia política.
La administración del actual presidente Salvador Sánchez Cerén ha buscado distanciarse de la tregua, y en febrero de 2016 el fiscal general, Douglas Meléndez, anunció que investigaría la presunta participación de funcionarios del gobierno en el cese al fuego.
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Ese mismo mes, evidencias obtenidas del teléfono celular de Rubén Antonio Rosa Lovo, un presunto pandillero, sugieren que él había estado en contacto con un congresista y un “antiguo ministro de Seguridad”, cuyo nombre no se menciona, durante el curso de la tregua. Tanto Munguía como Ricardo Perdomo ejercieron como ministros de Seguridad en diferentes momentos durante el alto el fuego.
Sin embargo, esta parece ser la primera vez que Meléndez ha implicado directamente a Munguía como un importante actor durante la tregua, la cual se ha convertido en un polémico tema político en El Salvador. El actual gobierno se ha negado a las recientes insinuaciones de las pandillas de iniciar algún tipo de negociación o diálogo, en gran parte debido a la negativa percepción pública en torno a la tregua.