En el más reciente de una serie de artículos académicos, dos investigadores suman más pruebas al creciente cuerpo de evidencia de que las treguas entre pandillas pueden ofrecer una reducción temporal de la violencia, pero, con el tiempo, pueden aumentar el número total de homicidios.
Los investigadores Cree Jones y Preston Lloyd, en el Journal of Empirical Legal Studies analizan el caso de la tregua entre pandillas en El Salvador. Para facilitar su estudio empírico, dividen la tregua en tres periodos: la tregua en sí (marzo de 2012 – abril de 2013); un periodo de “revocación gradual”, en el cual el gobierno comenzó a desmantelar la tregua (mayo de 2013 – enero de 2015); y un periodo posterior a la tregua (febrero de 2015 – diciembre de 2016).
Utilizando un diseño de «diferencia en diferencias», estiman que la tregua y su desmantelamiento gradual “previnieron” 1.681 homicidios, mientras que el periodo posterior a la tregua registró 2.250 homicidios adicionales. En otras palabras, según sus cálculos, hubo 569 homicidios más de los que habría habido si nunca se hubiera pactado una tregua.
El artículo de Jones y Lloyd se suma a una serie de estudios que han analizado las treguas en América Latina y han llegado a conclusiones similares. Entre ellos, un informe del Wilson Center de 2013, escrito por Ed Maguire, que determinó que una tregua en Trinidad y Tobago resultó en una reducción temporal de la violencia, seguida de un aumento sostenido en los homicidios. Otro estudio de 2020 de Charles Katz, Anthony Harriott y Eric Hedberg sobre Jamaica concluyó que, si bien en la zona analizada no hubo un cambio estadísticamente significativo en los homicidios, otras áreas sí experimentaron un incremento en la violencia. Varios estudios sobre treguas entre pandillas en Estados Unidos han llegado a conclusiones igualmente desalentadoras.
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Sin embargo, hay otros estudios que sostienen que la cantidad de vidas salvadas superó con creces lo que plantean Jones y Lloyd. Entre ellos, un estudio de 2016 de Katz, Hedberg y Luis Amaya sobre la misma tregua en El Salvador concluyó que esta había salvado unas 5.500 vidas, a pesar de analizar un periodo un año más corto que el de Jones y Lloyd. No obstante, este estudio no exploró lo que ocurrió después de la tregua, y otras investigaciones han tenido limitaciones similares en cuanto a su alcance temporal, lo cual puede ser un problema.
En 2015, El Salvador era el país más violento del mundo que no estaba en guerra. Y en su estudio, Katz, Hedberg y Amaya reconocen la violencia posterior a la tregua y el hecho de que, con estas treguas, “el potencial de consecuencias negativas a largo plazo podría superar cualquier posible beneficio a corto plazo”.
El problema con las treguas entre pandillas
Es imposible desentrañar todas las motivaciones detrás de la violencia de las pandillas. Estas tienen dinámicas internas propias, y sus miembros toman decisiones basadas en una serie de factores económicos, sociales y personales. Determinar cómo influye el colectivo en el individuo y viceversa es doblemente difícil, especialmente considerando que las pandillas en El Salvador operan más como una colección de subgrupos que como una organización monolítica.
En algunos aspectos, la tregua facilitó este análisis. Durante un tiempo, las pandillas operaron de manera colectiva y negociaron como un solo bloque. De hecho, la tregua comenzó después de que los líderes de las pandillas fueron trasladados de cárceles de máxima seguridad para que pudieran restablecer su control sobre sus subordinados. A cambio de este traslado, prometieron reducir los homicidios, y cumplieron.
Pero Jones y Lloyd argumentan que ese momento también modificó la estructura de incentivos de las pandillas. Una vez que se estableció el canje —menos homicidios a cambio de traslados carcelarios y otros incentivos que, dependiendo de a quién se pregunte, podrían haber incluido pagos directos a los líderes—, este se convirtió en la nueva base para cualquier negociación futura.
“Hipotetizamos que el aumento en los homicidios en el periodo posterior a la revocación fue impulsado por las pandillas en un intento de generar influencia en futuras negociaciones anticipadas (es decir, usar los asesinatos como una forma de obtener capital político)”, escriben.
Nuestras investigaciones y las de otros corroboraron que las pandillas se reunieron con funcionarios de los dos principales partidos políticos en ese momento para negociar nuevas concesiones. Pero aunque la lógica detrás de esta afirmación es clara y se ha repetido en otros estudios y en nuestra propia cobertura, sigue siendo una aseveración polémica. La idea es que las pandillas utilizan los homicidios de civiles como una herramienta de presión, de la misma forma en que las insurgencias pueden emplear ataques a cuarteles militares o estaciones de policía.
Sin embargo, Jones y Lloyd sustentan su afirmación con datos empíricos. Alegan que los municipios que identificaron como “no rivales” —donde una sola pandilla tenía el control— registraron un mayor aumento en los homicidios que aquellos en disputa durante el periodo posterior a la revocación. Este hallazgo, argumentan, “sugiere que el principal motor del aumento en homicidios fue un intento de las pandillas por ejercer presión, y no el resultado de un ciclo de violencia derivado de la rivalidad entre pandillas”.
En resumen, las pandillas estaban matando civiles para presionar al gobierno. Los autores son cuidadosos al no afirmarlo de manera explícita. Cuando se le preguntó en una entrevista con InSight Crime, Jones señaló que no tenían acceso a información que les permitiera establecer un perfil claro de las víctimas, por lo que determinar este tipo de asesinatos al azar con precisión era difícil.
“No tenemos buena visibilidad sobre la afiliación de las víctimas en los datos que manejamos”, dijo. “Nos basamos en datos a nivel de homicidio. Hay atribución de pandillas: si fue un asesinato relacionado con pandillas y qué pandilla lo perpetró”.
Además, no está claro cuántas de las víctimas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, que a medida que intensificaron su represión, llevaron a una brutal dinámica de represalias, incluidos asesinatos extrajudiciales de presuntos pandilleros.
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Aun así, este hallazgo es respaldado por otros estudios sobre treguas entre pandillas. En particular, Katz, Harriott y Hedberg señalaron que las pandillas en Jamaica han jugado un papel significativo en la política del país y que “la paz siempre se vio como una herramienta de negociación”.
Sin embargo, estas pandillas no utilizaron los homicidios como herramienta de presión, sino su participación en la tregua para ganar capital político y social con la comunidad. Para Katz, Harriott y Hedberg, esto pudo haber contribuido al fracaso de la tregua.
“Fue más un vehículo retórico que una realidad”, escriben.
En cuanto a El Salvador, otros académicos que han estudiado el país coinciden con las conclusiones generales de Jones y Lloyd.
“Creo que tiene sentido que aprendan”, dijo a InSight Crime, Michael Paarlberg, profesor de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, quien ha estudiado El Salvador durante mucho tiempo. “Se ven a sí mismos como actores políticos”.
¿Deben abandonarse las treguas?
La conclusión lógica de estos y otros estudios podría ser descartar por completo las treguas por completo. En una entrevista con InSight Crime, Katz dijo que evitaría las treguas entre pandillas a menos que el gobierno y otros actores tuvieran la capacidad de cambiar la estructura de incentivos de las pandillas en un corto período de tiempo.
“Es como ponerle un torniquete al problema”, dijo. “A veces, puedes terminar empeorando la situación, y las treguas entre pandillas parecen encajar en esa categoría”.
Sin duda, es importante destacar que estas treguas presentaban problemas intrínsecos y carecían del respaldo político a gran escala necesario para disminuir la violencia de las pandillas.
Por ejemplo, el gobierno de El Salvador nunca reconoció oficialmente la tregua, y no existía un marco legal que regulara las negociaciones en curso ni los esfuerzos posteriores para implementar programas sociales, educativos y económicos vinculados a ella. Esta ambigüedad permitió a los actores políticos protegerse en caso de que la iniciativa fracasara, pero también puso en riesgo legal a quienes participaron directamente, lo que eventualmente llevó al enjuiciamiento del principal mediador de la tregua, entre otros.
Esa misma ambigüedad pareció disuadir a otros actores, como empresarios, agencias de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, de involucrarse en la tregua con la escala necesaria para generar cambios profundos en las motivaciones de las pandillas. Incluso en una tregua tan prolongada como la de El Salvador, Katz señaló que sería difícil implementar programas significativos. Como resultado, los negociadores tuvieron que luchar por obtener algún tipo de apoyo significativo para sostener la tregua, y el único punto de presión lógico que las pandillas podían ejercer se volvió político.
Otras treguas resultaron aún más difíciles de implementar, ya que fueron parciales. En los casos de Jamaica y Trinidad y Tobago, por ejemplo, no hubo una tregua nacional, sino acuerdos en áreas específicas del país. Así, mientras que en algunos sectores se mantenía la paz, en otros la violencia continuaba. De hecho, los investigadores encontraron que en Jamaica las pandillas podrían haber utilizado la tregua para reorganizarse y atacar a otras pandillas en diferentes zonas. En Trinidad y Tobago, los miembros de pandillas que participaron en la tregua fueron atacados por otros grupos.
Aun así, el problema de fondo parece ser que las treguas no van acompañadas de esfuerzos sostenidos para abordar las causas estructurales de las pandillas y la violencia que generan, insisten los investigadores. En otras palabras, las treguas pueden generar un espacio temporal para la implementación de intervenciones sociales, educativas y económicas más amplias. Pero si estos esfuerzos no van a ser ejecutados en paralelo con la tregua, quizás habría sido mejor no haberla iniciado en primer lugar.
