Un raro informe que calcula los casos judiciales por estupefacientes en Argentina brinda un análisis de cómo los delitos por drogas varían de una región a otra, y llama la atención sobre la importancia de poner freno al consumo doméstico como parte de la política de seguridad del país.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de Argentina ha publicado un informe (pdf) donde documenta los casos tratados por el sistema de justicia federal, que se divide en jurisdicciones regionales que muchas veces abarca varias provincias, para delitos menores y mayores relacionados con narcóticos en 2015.

En el transcurso del año, el 44 por ciento de todos los nuevos casos penales federales tuvieron que ver con drogas. De esos, 46 por ciento implicó tráfico ilegal, mientras que el 50 por ciento fueron por posesión personal o consumo.

De las seis jurisdicciones judiciales de Argentina, Buenos Aires registró más de un tercio de los casos por drogas del país, mientras que Mendoza y Santa Fe tuvieron la tercera y segunda porción más grande, con 11 y 9 por ciento del total de casos, respectivamente.

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La región de Buenos Aires —que incluye la provincia de Buenos Aires, pero no el área de la ciudad autónoma– presentó la más alta proporción de casos de tráfico ilegal en comparación con la simple posesión o consumo personal, en casi 90 por ciento.

En el distrito de Santa Fe, 68 por ciento de los delitos con narcóticos fueron por tráfico, una proporción significativamente mayor al promedio nacional. La provincia alberga la ciudad de Rosario, un centro internacional de trasbordo de estupefacientes que ha estado plagado de actividad del crimen organizado.

De otro lado, en el distrito de Mendoza el 62 por ciento de los casos fueron por posesión o consumo personal. La provincia de Mendoza, una tradicional ruta de contrabando al vecino país de Chile, ha tenido un reciente incremento de su mercado de consumidores.

Análisis de InSight Crime

Publicaciones como esta permiten evaluar el alcance y la naturaleza del problema de las drogas en Argentina, pero rara vez son de dominio público. El último informe de este tipo divulgado por la Procuraduría de la República cubrió el año de 2012 (pdf).

Ciertos informes de medios han tomado los datos de la Procuraduría General como evidencia de que un fallo de la Corte Suprema en 2009, donde dictaminaba que la posesión de dosis personales de estupefacientes era un delito punible hasta con dos años de cárcel, no ha logrado actuar como disuasor importante para impedir el aumento del consumo de drogas ilícitas.

El presidente Mauricio Macri, que asumió el poder en 2015, ha adoptado una estrategia más militarizada, de mano dura hacia los narcóticos y el crimen. Dicha estrategia puede reportar algunos beneficios a corto plazo en el desmantelamiento de las organizaciones criminales, pero hará poco para resolver el problema subyacente del creciente aumento del consumo de drogas.