La prisión en el norte de México donde murieron docenas de reclusos en un amotinamiento reciente es un microcosmos de los males que afectan al sistema penitenciario de México: corrupción, hacinamiento, condiciones de vida infrahumanas y lo que se describe como el “autogobierno” de los grupos criminales en las cárceles.
El 14 de febrero, funcionarios estatales denunciaron que la cárcel de Topo Chico —escenario del motín que dejó 49 personas muertas la semana pasada en el estado norteño de Nuevo León— tenía “celdas de lujo” repletas con acuarios, aire acondicionado, saunas portátiles y un bar, según AFP.
Las autoridades informaron que los disturbios surgieron a raíz de una discusión entre los líderes de las dos facciones rivales de la organización criminal Los Zetas, que se disputaban el control del penal.
Los funcionarios declararon que la policía recuperó el control de la cárcel y “puso fin al autogobierno que los cabecillas del crimen organizado ejercían con la complicidad de algunas autoridades”.
Las autoridades detuvieron a la directora y al subcomisionado de la cárcel por acusaciones de narcotráfico y por incumplir con los protocolos de seguridad, informó AFP.
En contraste con los lujosos dormitorios de algunos líderes criminales, la mayoría de los reclusos de Topo Chico son retenidos en celdas sin luz, agua ni ventilación, según la BBC.
Con más de 3.800 presos, la cárcel funciona a un 35 por ciento por encima capacidad máxima, informó la BBC.
Análisis de InSight Crime
La corrupción, el hacinamiento, las deplorables condiciones de vida y el dominio criminal son algunos de los problemas más graves que aquejan al sistema penitenciario de México. Todos estos factores se combinaron en Topo Chico para convertir la cárcel en lo que organizaciones de derechos humanos de México ya habían descrito como una “bomba de tiempo“, dice Proceso.
Pese a la reciente intervención de la policía en Topo Chico, es poco probable que las terribles condiciones en las cárceles mexicanas mejoren de manera visible. Las autoridades mexicanas han fallado consistentemente en implementar una reforma carcelaria de largo plazo, y sólo se toman acciones inmediatas cuando un disturbio sangriento como el de la semana pasada llama la atención de los medios y del público.
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Aún más preocupantes son las señales de alerta que las autoridades desatendieron, ya fuera por ignorancia, corrupción o indiferencia deliberada. Según Proceso, la inteligencia militar envió al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), un informe en el que se describía cómo los funcionarios carcelarios corruptos permitían que Los Zetas ganaran15 millones de pesos mexicanos al mes (cerca de US$800.000 a la tasa de cambio actual) en el penal de Topo Chico por extorsión o narcotráfico.
Y sin embargo, es claro que las autoridades no realizaron un esfuerzo concertado para acabar con el control del grupo criminal sobre la cárcel hasta el motín de la semana pasada.