Un violento ataque entre pandillas rivales en una cárcel del atribulado estado de Guerrero, México, dejó docenas de presos muertos, una matanza que podría haberse evitado; es una muestra de las disputas por plazas criminales, que se están dando en toda la región.
El 6 de julio, un enfrentamiento entre pandillas rivales dejó 28 muertos y tres heridos en el pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Las Cruces, ubicada en la turística ciudad de Acapulco, informó Proceso.
A raíz del episodio, fue destituido el director de la cárcel Miguel Ángel Gómez Garduño, y se investiga a otros cuatro funcionarios del centro carcelario, informó Animal Político. También se investiga a tres reos que presuntamente dirigieron y participaron de lleno en los hechos con ayuda de agentes de la prisión.
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El choque se desató presuntamente luego de una disputa territorial por el control del lugar entre dos pandillas carcelarias —Los Juanitos y Los Arnolds—, informó Digital Guerrero. Esta prisión sería el centro de operaciones del Cártel Independiente de Acapulco, según Proceso.
Otros veinte presos que habrían escapado durante la confusión no han sido localizados, señala el reportaje de Proceso.
Análisis de InSight Crime
En México, una palabra de la jerga que suele usarse para designar la cárcel es ‘el bote’, lo que significa basura. Aunque anecdótica, la referencia ilustra las actitudes de la sociedad en general y de las mismas autoridades hacia quienes están privados de la libertad.
La masacre en Las Cruces no es sorpresa, especialmente para los funcionarios del gobierno que estuvieron implicados directamente en la dirección del lugar. Desde 2011, se habían documentado por lo menos siete episodios de “violencia, ilegalidad y abandono“. Las Cruces fue un horror que había ido creciendo con los años. Construida para menos de 1.550 personas, contenía a más de 2.300 en el momento del incidente del 6 de julio, como escribe el analista de seguridad Alejandro Hope en El Universal.
En 2016, el centro carcelario fue destacado como uno de los más problemáticos del estado de Guerrero por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
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En los últimos años, Guerrero se ha visto consumido por la violencia relacionada con las drogas, y desde el declive de la Organización Beltrán Leyva (OBL), docenas de grupos criminales de menos tamaño se han disputado el dominio. Es natural que los grupso criminales se peleen los lucrativos mercados que constituyen las penitenciarías, y la ciudad de Acapulco —donde se sitúa Las Cruces— ha tenido uno de los índices de violencia más elevados del país en los últimos años.
En general, las prisiones latinoamericanas siguen actuando como incubadoras del crimen organizado, y las crecientes tasas de encarcelamiento contribuyen a agravar la violencia. Desde 2000, la población carcelaria en el continente americano (excluyendo a Estados Unidos) ha crecido en 108 por ciento, y solo en Centroamérica ha aumentado en 80 por ciento, según un estudio del Instituto para la Investigación de Políticas Criminales (Institute for Criminal Policy Research).