Ciento cincuenta  expandilleros se graduaron de un programa de amnistía en Panamá que incluye títulos de formación vocacional con el fin de ofrecerles competencias laborales, como parte de una estrategia del gobierno en la búsqueda de soluciones a la creciente influencia de los grupos criminales en el país.

Los graduados hacen parte del programa insignia del presidente Juan Carlos Varela, Barrios Seguros, diseñado para reducir la violencia pandillera ofreciendo capacitación técnica a delincuentes dispuestos a desarmarse y reintegrarse a la sociedad.

Este programa hace parte de un plan del gobierno que busca conceder amnistía a los pandilleros que se desarmen. Varela anunció el plan durante su ceremonia de juramentación en julio de 2014. En un inicio se esperaba que el programa durara un mes, pero posteriormente se extendió.

Miembros del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá han reconocido que el programa ha cumplido un importante papel en la reducción de homicidios a la mitad el año pasado, en áreas con alto nivel de actividad pandillera como La Chorrera y Arraiján, distritos de la provincia de Panamá Oeste, según informó La Estrella.

Cerca de 2.500 expandilleros se han vinculado a la iniciativa de amnistía en todo el país, y el gobierno planea duplicar ese número durante el año 2015, señaló La Estrella.

Análisis de InSight Crime

Es difícil medir la influencia directa del programa Barrios Seguros en la leve reducción de los homicidios en Panamá el año pasado —en especial si se tiene en cuenta que el país aumentó el gasto en prevención de la violencia. Aun así, la graduación de 150 expandilleros y el plan de expandir el proyecto son buenas señales de que el gobierno está decidido a encontrar soluciones sostenibles y alternativas al problema de las pandillas en el país—. La mencionada disminución de la violencia en La Chorrera y Arraiján indica que el programa puede estar teniendo un efecto positivo, dado que en estos distritos se encuentran las dos bandas más poderosas del país: Calor Calor y Bagdad.

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Mediante la implementación de un programa de amnistía que ofrece capacitación laboral para expandilleros, Panamá le hace frente a la que podría considerarse la mayor amenaza para la seguridad del país: la proliferación de pandillas callejeras en los últimos años. Estos grupos criminales, junto con las organizaciones narcotraficantes, fueron presuntamente los responsables de un alarmante 90 por ciento de los asesinatos en 2013. Al parecer, algunas pandillas están incluso empezando a dirigir “oficinas de cobro” —células criminales que manejan operaciones transnacionales de narcotráfico, un papel habitualmente reservado a grupos del crimen organizado colombiano que utilizan a Panamá como punto de tránsito para llevar cocaína hacia el norte—.

A pesar de la implementación de estrategias de seguridad progresistas como Barrios Seguros, el gobierno panameño ha señalado que es igualmente conveniente adoptar una posición de línea dura para combatir al crimen organizado. Según La Estrella, uno de los organizadores de la iniciativa expresó al periódico que “los muchachos que no se acogen a la disciplina del programa Barrios Seguros, inmediatamente reciben un tratamiento de mano dura [por parte de las fuerzas de seguridad]”.

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