Las recientes incautaciones de madera de origen ilegal en Panamá han puesto de relieve el importante papel que desempeña el país en el comercio internacional de madera, debido tanto a su estratégica posición geográfica como a las valiosas especies de árboles que existen en su territorio.

El 28 y 31 de marzo, la policía de Panamá incautó dos contenedores en puertos de la ciudad de Colón, al norte del país, que transportaban madera de una especie local, conocida como cocobolo, y que iba con destino a China. En conjunto, los dos contenedores contenían alrededor de 850 listones de madera cocobolo, también conocida como Dalbergia retusa.

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Los árboles de cocobolo, relacionados con el palo de rosa, son apreciados en los mercados internacionales por su uso en la fabricación de costosas obras de ebanistería, así como mangos de cuchillos y pistolas. Según el periódico panameño Crítica, antes de la pandemia de COVID-19 una tonelada de esta madera costaba entre US$3.000 y US$4.000.

Las autoridades panameñas han registrado una cantidad alarmante de incautaciones de cocobolo durante años, en su mayor parte con destino a China. En 2014, InSight Crime informó sobre una incautación de madera, avaluada en millones de dólares, en el Canal de Panamá. Esto se dio de manera paralela a un incremento en las exportaciones legales, que aumentaron en un 52 por ciento de 2015 a 2018, aunque luego se redujeron durante 2019 y 2020.

La mayor parte del tráfico de madera en Panamá se presenta en la provincia de Darién, al sur del país, en la frontera con Colombia. El Ministerio de Medio Ambiente de Panamá estimó recientemente que el 20 por ciento de la cubierta forestal de Darién ha sido arrasada en los últimos siete años.

Análisis de InSight Crime

Panamá libra una guerra en dos frentes, pues a la vez que intenta detener la deforestación de sus árboles de cocobolo, debe incautar cargamentos ilegales en ambos lados del Canal de Panamá.

Si bien la mayor parte de la deforestación del país ocurre en Darién, en otras áreas del este de Panamá se ha presentado la tala ilegal de cocobolo, nazareno y abeto balsámico. El gobierno ha tratado de tomar medidas enérgicas contra este comercio desde la fuente. A lo largo de 2021, en los controles de carreteras dentro y fuera de las zonas de mayor deforestación fueron detenidos camiones que transportaban cargamentos de cocobolo para sacarlos de los bosques panameños.

El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un ambicioso programa de reforestación, el cual ha sido criticado por el hecho de estar demasiado enfocado en el sur del país. En 2020, el director forestal de Panamá, Víctor Francisco Cadavid, dijo a La Estrella de Panamá que, “mientras hemos estado enfocados en una sola zona, por la puerta de atrás nos han estado sacando lo valioso de nuestros bosques”.

Por su parte, las comunidades indígenas de Darién han tomado cartas en el asunto, estableciendo un programa de monitoreo efectivo, iniciando su propio sistema de reforestación, utilizando drones para detectar y reportar madereros ilegales e incluso rastreando la disminución de especies específicas de aves, con el fin de documentar la deforestación.

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Panamá está intentando controlar múltiples economías criminales en los puertos del país, que son algunos de los más concurridos de la región. Debido al Canal de Panamá y a su ubicación, que conecta a Colombia con África Central, Panamá es un centro neurálgico para el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. La corrupción y la complicidad de los funcionarios del gobierno ha venido aumentando, pues el ejército, la policía, empleados del Canal de Panamá y el personal portuario han estado implicados en los últimos años.

Y si bien la tala ilegal parece una prioridad menor en comparación con estas economías criminales más lucrativas, ha habido pruebas sólidas de que los traficantes de madera se benefician de fuertes conexiones al interior de los puertos, las cuales facilitan sus operaciones.