El anuncio hecho por Estados Unidos de la cesión de un paquete de ayuda por US$30 millones a Costa Rica para enfrentar al crimen organizado en ese país representa una intervención oportuna para un país que está cobrando importancia en el tráfico regional de estupefacientes.
Después de una reunión entre el presidente estadounidense Barack Obama, el vicepresidente Joe Biden y el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, ambos países anunciaron el establecimiento de un acuerdo bilateral mediante el cual Estados Unidos donará dos aviones de carga C-145, tres barcos para vigilancia marítima, vehículos blindados y una estación de guardacostas para ayudar en las iniciativas antinarcóticos de ese país centroamericano.
El acuerdo incluirá equipos biométricos para rastrear a migrantes indocumentados y entregará fondos de becas para 2000 jóvenes en riesgo.
En una columna de opinión para Univisión, el vicepresidente Biden señaló que la cooperación entre ambos países buscaba “trabajar para erradicar las redes criminales transnacionales que manejan el contrabando de narcóticos, la trata de personas y los delitos financieros” a la vez que “implementar soluciones a largo plazo para dar solución a los factores que promueven la migración”.
Análisis de InSight Crime
En cierto sentido, el paquete de ayuda para Costa Rica parece ser una extensión del reciente interés de Estados Unidos en Centroamérica, como la Iniciativa de Seguridad Regional en Centroamérica (CARSI), de la que no hace parte Costa Rica. Sin embargo, también llega en un momento en que hay mayor conocimiento internacional del papel que Costa Rica desempeña en el negocio de la droga y el crimen transnacional organizado.
La importancia de Costa Rica en el negocio de los estupefacientes ha aumentado de manera sustancial en los últimos años, con el surgimiento del país como punto clave de transbordo y almacenamiento de narcóticos y con el establecimiento de redes criminales internacionales allí. Varias fuentes de inteligencia internacional y organismos de seguridad también han indicado a InSight Crime que el país está erigiéndose como centro de lavado de dinero, pues las redes criminales buscan aprovecharse de las favorables condiciones financieras y sociales del país.
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Otra posible razón para la intervención estadounidense en el país es actuar como defensa contra Nicaragua en un retroceso a la época de la Guerra Fría. La preocupación de Costa Rica por la reciente disposición militar de Nicaragua también se discutió en la reunión entre los mandatarios estadounidense y costarricense, a propósito de lo cual el presidente Solís declaró que la “remilitarización” de Nicaragua es una “amenaza velada” para Costa Rica. Esa afirmación puede encontrar una respuesta comprensiva de Estados Unidos, antagonista de larga data del presidente nicaragüense Daniel Ortega.