Las autoridades en Perú lanzaron un megaoperativo para expulsar la minería aurífera ilegal y otras actividades ilícitas en la región de Madre de Dios, donde operativos previos en la misma dirección han tenido pocos efectos definitivos.

Un destacamento de unos 1.800 efectivos de la policía y el ejército se deplegaron a Madre de Dios —región de la selva tropical amazónica en límites con Brasil y Bolivia— para hacer parte de la Operación Mercurio 2019, informó El Comercio.

La operación pretende retirar a más de 5.000 mineros ilegales y desalojar a miles de comerciantes que se benefician de otras actividades ilegales en la zona, como la explotación sexual. Ya fueron rescatadas 40 mujeres que se clasificaron como víctimas de trata, según un informe de noticias locales. Las autoridades también desmantelaron unos 30 campamentos de ilegales de mineros en la zona durante la primera semana de la operación.

La segunda fase de la operación se desarrollará durante 180 días, en los cuales se instalarán tres bases militares. Cada base albergará a 100 soldados de la recién creada Brigada de Protección de la Amazonía, y a 50 agentes de policía. La primera base se erigió en la zona de “La Pampa”, según informaron representantes del gobierno en un comunicado del 5 de marzo.

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El gobierno peruano ha destinado US$60 millones de dólares para la operación, que incluye la construcción de una base militar en Madre de Dios y programas formalización y reinserción de mineros ilegales.

Análisis de InSight Crime

Esta nueva acometida de Perú a la minería ilegal de oro en Madre De Dios es tan solo una más de una cadena de operaciones similares que no han logrado detener la expansión de esta actividad.

En 2014, la policía hizo una redada en la población de Huepetuhe, en la que destruyó equipos de minería por valor de US$20 millones. En 2017, agentes de orden público destruyeron 83 campamentos mineros en una operación también llamada Mercurio.

Aun así, entre 2009 y 2017, la región de Madre de Dios sufrió la destrucción de más de 64.000 hectáreas de selva amazónica por la minería y la tala ilegales. En 2018, la deforestación por la minería agresiva, que arrasa la tierra y sigue adelante dejando depósitos de mercurio, alcanzó un pico de casi 10.000 hectáreas.

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Detener el avance del contrabando de oro en Perú ha demostrado ser una tarea casi imposible. El mineral de oro se compra y vende con facilidad por medio de una red de intermediarios, conocidos como “acopiadores”, quienes también entregan recibos falsos, que permiten a grandes compradores y firmas exportadoras comprar el mineral, que luego se refina en el exterior.

Hace seis años, se estimó el tráfico de oro en más de US$3 mil millones, y debe haber crecido sin interrupción desde entonces.

La minería ilegal de oro también trae consigo un buen número de actividades ilegales, como el trabajo forzado. Las explotaciones mineras también han sido por mucho tiempo focos de trata de personas y prostitución.

El gobierno peruano han intentado endurecer las leyes de minería ilegal, con la declaración de actividad criminal organizada, y ha intentado formalizar la industria, ofreciendo incentivos a los mineros ilegales para que se registren con el gobierno.

Sin embargo, en su mayor parte ha intentado desalojar a los mineros ilegales con operativos policiales y militares, con “Mercurio 2019” como el ejemplo más reciente. Pero es poco probable que eso mantenga lejos a los mineros por mucho tiempo.

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