Las ganancias del oro extraído ilegalmente en Perú están alcanzando máximos históricos, y están financiando a grupos ilegales, al tiempo que el país debate extender la vigencia de las medidas de formalización minera.

Las exportaciones de oro ilegal de Perú estarían por alcanzar un máximo histórico de US$6.840 millones en el 2024, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra sería un incremento del 41% en comparación con mayor que en el 2023. Según el IPE, Perú exporta el 44% de oro ilegal de Suramérica.

Mientras tanto, el Congreso de Perú debate sobre la posibilidad de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una medida que busca formalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal, a pesar de que ha demostrado resultados insuficientes.  

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Dado que el Reinfo exime de responsabilidad penal a los mineros en proceso de formalización, ha ocasionado que algunos trabajadores del sector sigan extrayendo oro ilegalmente.

Mantener la minería ilegal bajo control parece representar un problema para las autoridades peruanas. El puesto de control de Chagualito, en la provincia de La Libertad, es el encargado de controlar el transporte de oro extraído en el país, pero investigaciones de medios locales han encontrado que los controles son débiles. 

El control de la minería ilegal sigue siendo un desafío importante para las autoridades peruanas que atraviesan una crisis de inestabilidad política y percepción de impotencia. La presidenta Dina Boluarte enfrenta dificultades para imponer autoridad en un contexto donde el respaldo popular es mínimo, pues su gobierno cuenta con una aprobación de solo 5%. 

Análisis de InSight Crime 

A medida que los precios del oro a nivel global se disparan, la minería ilegal se ha vuelto aún más vital para los grupos criminales en países como Perú, Colombia, y Bolivia.

El auge en los precios del oro ha hecho que el control de las minas ilegales sea una actividad lucrativa para organizaciones criminales, que utilizan estas ganancias para expandir sus operaciones y sostener otras actividades ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión.

Según el IPE, en Perú, el 44% del total de oro exportado proviene de la minería ilegal, mientras que en Colombia esta cifra asciende al 85% y en Bolivia al 50%. Sin embargo, el abogado ambiental y experto en minería ilegal César Ipenza expresó que “la situación en Perú puede considerarse más grave que en otros países debido a la escala de producción y exportación de oro extraído ilegalmente, que supera significativamente a la de Colombia y Bolivia”. Según informes de exportaciones nacionales, mientras que Perú exportó 77 toneladas de oro en 2023, Colombia exportó 72 y Bolivia 51.

Ipenza también indicó que las cifras oficiales podrían estar dejando de lado un porcentaje importante del oro exportado en Perú debido a la falta de mecanismos de control en las fronteras del país que impiden registrar la totalidad del mineral exportado cada año. 

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Además, Ipenza resaltó la presencia de actores criminales extranjeros en la minería ilegal, lo que añade una capa de complejidad a la situación. “Es cierto que hay actores o sicarios extranjeros operando, dando seguridad en la zona”, dijo, refiriéndose a las denuncias que indican la presencia de organizaciones como la megabanda venezolana, el Tren de Aragua y la banda ecuatoriana de Los Lobos, en la minería ilegal de Perú. Con el aumento del precio del oro, esta actividad resulta cada vez más rentable para estos grupos que se lucran de las minas ilegales.

Imagen principal: Devastación ambiental de una zona de minería ilegal en Perú. Crédito: Rodrigo Abd/Gatoparto