Los recientes intentos de Guatemala por desmilitarizar la seguridad pública representan una diferencia con respecto a las políticas de mano dura de lucha contra el crimen adoptadas en gran parte de Latinoamérica y podrían ser un ejemplo a seguir por otros países.
Unos 4.200 soldados guatemaltecos que actualmente trabajan para la Policía Nacional Civil (PNC) suspenderán sus operaciones de seguridad ciudadana a finales de 2017, informó Prensa Libre.
Los ministerios de Interior y Defensa acordaron reubicar a los 4.200 miembros del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana para que apoyen la lucha contra el crimen organizado en las fronteras de Guatemala, protejan la Reserva de la Biosfera Maya y cooperen con la Unidad de Ayuda Humanitaria y Rescate.
La primera mitad de los 4.200 soldados serán reubicados en abril de 2017, y la otra mitad suspenderá las operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad civil de Guatemala en el mes de diciembre.
Análisis de InSight Crime
Según Prensa Libre, las primeras operaciones conjuntas entre el ejército y la policía de Guatemala iniciaron hace más de una década. Sin embargo, los informes indican que, en 2013, Estados Unidos comenzó a presionar a Guatemala para que desmilitarizara sus programas de seguridad pública. La decisión de trasladar a 4.200 soldados podría ser una respuesta a las presiones externas, pero también hace parte de una competencia existente entre diferentes instituciones gubernamentales por el control de los recursos estatales.
Los escuadrones de seguridad ciudadana en los que se desplegaron los 4.200 soldados recibieron cada año 202 millones de quetzales (unos US$26 millones) provenientes de los fondos del Estado. Como ocurre en muchos otros países latinoamericanos, el ejército goza de un grado significativo de influencia en el panorama político de Guatemala, un factor que sentó las bases para que el país centroamericano asignara más recursos y responsabilidades a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Por razones similares, en los últimos años muchos otros gobiernos latinoamericanos también han solicitado la ayuda de los militares en la lucha contra el crimen.
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A largo plazo, sin embargo, las estrategias militarizadas para hacer frente al crimen organizado no solo han conducido a crecientes violaciones de los derechos humanos en toda la región, sino que además han resultado ser ineficaces. Tanto el jefe de las fuerzas armadas mexicanas como el presidente peruano Pedro Pablo Kuzcynski han señalado que la participación del ejército en la lucha contra el crimen ha sido un error, principalmente porque las fuerzas armadas fueron creadas para ofrecer defensa contra las fuerzas enemigas o para eliminarlas; ellas no están capacitadas para investigar crímenes ni llevar a cabo otras tareas asociadas típicamente con la policía.
Desde esta perspectiva, la decisión de desmilitarizar las políticas de seguridad pública hace de Guatemala un caso aparte entre sus vecinos latinoamericanos y tal vez lo ubica como un ejemplo a seguir. El país ya ha destacado por sus esfuerzos para combatir la corrupción profundamente arraigada, esfuerzos que otros países de la región han intentado imitar. Es posible que una dinámica similar se presente si el experimento de desmilitarización en Guatemala.