Un juzgado en Perú ha anulado los informes de una comisión parlamentaria reclamando el procesamiento del expresidente, Alan García, por vínculos con un escándalo sobre “narcoindultos”, desatando protestas y disputas acerca del altamente politizado caso de corrupción.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima tomó la decisión el 31 de marzo basándose en la vulneración a los derechos de García por parte del juzgado, informó La República. El político Enrique Wong, quien es parte de la “megacomisión” que investigó a García, dijo a Perú21 que la cuestión jurídica surgió de que la comisión no le informó al expresidente el año pasado si se le solicitaba presentarse como testigo o como sospechoso.
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La decisión causó indignación pública, se presentaron protestas en la Plaza San Martín, en Lima. También provocó una disputa entre García y el actual presidente Ollanta Humala, cuando el último dijo que García “no debe tratar de escabullirse de una investigación” si no tiene nada que esconder. García respondió acusando a Humala de apoyar a la comisión por motivos políticos.
A raíz de la sentencia, el jefe de la comisión, Sergio Tejada, anunció planes para apelar la decisión.
Si el caso contra García fuera a llevarse a cabo una vez más, con la comisión formalmente disuelta después de emitir su informe final en enero, uno totalmente nuevo tendría que ser constituido para iniciar la investigación de cero.
Análisis de InSight Crime
La megacomisión fue aprobada originalmente en 2011 para investigar supuestos actos inconstitucionales y corruptos de García durante su segundo mandato como presidente entre 2006 y 2011. La investigación dio lugar a acusaciones de que García liberó a 400 narcotraficantes en el escándalo de “pagos por indultos”.
A pesar de que que García afirmó que se trataba de traficantes de bajo nivel liberados para aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, la evidencia sugiere que algunos eran mucho más importantes, a medida que la investigación de la comisión ganó fuerza a finales de 2013. En diciembre, la Comisión declaró que García había cometido “infracciones constitucionales” y el informe final de enero pedía el procesamiento de García por cargos criminales.
Su aparente escape de tal destino por un tecnicismo legal, en caso de que la apelación resulte infructuosa, será un duro golpe a sus rivales, quienes lo verán como una evidencia más del poder de García para escapar del procesamiento, un patrón común entre las élites políticas del Perú.
Sin embargo, las acusaciones de que la investigación en contra de García está políticamente motivada también podrían tener algo de cierto, particularmente si se considera que los informes han especulado ampliamente que actualmente está preparándose para postularse a un tercer mandato presidencial en las elecciones generales del país del 2016.