El cerco se está cerrando para el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina debido a las nuevas revelaciones sobre su participación en un enorme caso de corrupción, pero aun así el mandatario podrían evitar ir a prisión.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió por unanimidad aprobar la moción del Ministerio Público de retirar la inmunidad del presidente, y presentó el caso al Congreso, donde los parlamentarios decidirán los pasos a seguir en este caso.
Los principales fiscales de Guatemala han acusado al presidente Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de dirigir una red de corrupción en la Aduana conocida como La Línea.
El Partido Patriota, al que pertenece Pérez Molina, y su aliado el Partido Líder, actualmente tienen la mayoría parlamentaria en el Congreso, lo cual permitió detener los anteriores intentos —encabezados por la oposición— de ponerle fin a su inmunidad. Sin embargo, con las elecciones generales guatemaltecas en sólo dos semanas, al Partido Líder le puede resultar difícil defender “al presidente guatemalteco más cuestionado de la historia”, como afirmó el sitio de periodismo investigativo Nómada.
El presidente ha repetido en numerosas ocasiones que no va a renunciar.
Bajo la ley guatemalteca, la presidencia de Pérez Molina sólo terminará en el momento en el que un juez decida ponerlo bajo detención preventiva. En ese momento, el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre se convertiría en el nuevo jefe del Estado.
Análisis de InSight Crime
Aunque es un hecho que el caso de La Línea y otros escándalos han generado caos e indignación pública en Guatemala, esto no es garantía alguna de que Pérez Molina sea llevado a prisión.
Se sabe que las cortes guatemaltecas son proclives a ser manipuladas por intereses corruptos. Como InSight Crime lo ha documentado, este hecho les ha permitido a las élites convertir al país prácticamente en un Estado mafioso.
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Si el Congreso decide retirarle la inmunidad al presidente, el caso sería atendido por un juez, quien decidirá si hay méritos suficientes para iniciar un juicio.
Pero incluso si el caso de Pérez Molina llega hasta ese punto, los juicios anteriores que involucraron a las élites políticas de Guatemala establecen un mal precedente del sistema de justicia.
Por ejemplo, el exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado en 2013 por crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Sin embargo, su pena de 80 años de prisión fue revertida por un error técnico, y posteriormente fue declarado mentalmente impedido para ser condenado.
Si los casos de genocidio han quedado impunes, Pérez Molina podría evadir una pena en prisión por su presunta participación en el escándalo aduanero. Pero por otro lado, si un presidente es destituido y condenado, se enviaría un mensaje sin precedentes a las corruptas élites políticas de Guatemala de que los días de impunidad terminaron.