El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, optó por la grandilocuencia y declaró en París el fin de la guerrilla colombiana con la que su gobierno firmó la paz el año pasado. En Colombia, sin embargo, aún hay muchas dudas, sobre todo en las zonas del interior donde la guerrilla había sustituido al Estado.
Santos se refirió al desarme final de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proyectado a culminar al final de junio, para decir que “la guerrilla más poderosa y más antigua deja de existir”, informó El Tiempo.
El 23 de junio, el gobierno colombiano anunció que la guerrilla ya había dejado el 60 por ciento de las armas y que preveía que el 100 por ciento estaría entregado el 27 de junio. Desde París, donde se encuentra en una visita oficial, Santos se refirió a esas fechas para hablar del fin último de las FARC.
Estos anuncios llegan después de que, el 30 de mayo, Santos tuviera que aceptar que la fecha inicial de entrega de armas, pactada para ese día, se retrasarían hasta finales de junio. El presidente también ha tenido que retrasar a agosto de este año el límite inicial negociado para que los guerrilleros dejen las 26 zonas de concentración a las que llegaron en diciembre de 2016.
Las fechas de desarme y otras del calendario del proceso de paz han cambiado debido a los vaivenes políticos en Colombia. Primero fue el plebiscito convocado por Santos en el que los colombianos debían votar si estaban o no de acuerdo con lo pactado con las FARC; al ganar el “No“, las fechas se movieron.
Luego fue la decisión de la Corte Constitucional de principios de mayo que quitó a Santos la posibilidad de ejecutar de forma expedita la implementación y ejecución de algunos acuerdos. Ante esto, las FARC dijeron que el proceso de paz se encontraba en “crisis”.
Análisis de InSight Crime
Más allá de las fechas y de si al final lo entregado por las FARC a finales de junio es en efecto el arsenal completo con el que cuenta la guerrilla, parece muy pronto para declarar su fin último, sobre todo en las zonas cocaleras donde su influencia sigue siendo evidente.
InSight Crime ha comprobado, en investigaciones de campo en Nariño y Putumayo, las sospechas de la fuerza pública de que la guerrilla, sus exmilicianos o grupos que se autoproclaman disidentes aún tengan acceso a armas escondidas en caletas. El gobierno y Naciones Unidas, de hecho, han corroborado la existencia de unos 900 escondites.
El gobierno colombiano ha hablado de que hay 400 disidentes en todo el país, pero el trabajo de InSight Crime en el terreno sugiere que podrían ser muchos más.
A principios de este mes, el caso de Julio Enrique Lemos, un guerrillero activo reclamado por Estados Unidos por tráfico de drogas, demostró las dificultades que Colombia tendrá para desenredar legalmente el narcotráfico asociado a las FARC del proceso de paz, según reportó InSight Crime.
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Y esto último es particularmente importante en las mayores zonas cocaleras del país, que han estado bajo el dominio de las FARC hasta ahora. Aún es muy pronto para saber hasta qué punto la guerrilla o elementos criminales asociados a ella seguirán ligados al negocio del narcotráfico en esa zona.
En definitiva, aunque parece justo aceptar que en general los plazos impuestos por el proceso terminarán por cumplirse, parece muy aventurado declarar, por ahora, el fin último de la guerrilla.