El fiscal general de Colombia ha anunciado lo que parece ser la primera incautación de activos mineros de las FARC, lo que podría agitar el ya turbulento proceso de búsqueda de una solución a la crisis de paz con las FARC.
“El viernes de la semana pasada incautamos los primeros activos de las FARC producto de la minería ilegal en [el departamento oriental de] el Vichada”, dijo al Senado el Fiscal General Néstor Humberto Martínez el 25 de octubre durante un debate sobre el aumento de cultivos de coca en el país, informó El Tiempo. La incautación representó casi US$3,4 millones (10 mil millones de pesos colombianos).
El fiscal colombiano explicó que las operaciones de minería ilegal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se hacían forzando a la población indígena a firmar “facturas falsas” ligadas a una cooperativa falsa que fungía como exportadora en la ciudad de Medellín.
La Fiscalía ha identificado e incautado activos de las FARC en el pasado, pero se cree que el grupo guerrillero tiene enormes cantidades de dinero escondidas.
Martínez puso en evidencia su postura férrea con respecto a las FARC desde la conclusión de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera en agosto pasado. En septiembre, el fiscal exigió que la guerrilla entregara todos sus bienes antes del plebiscito del 2 de octubre, anunciando que de lo contrario serían enjuiciados por lavado de dinero por el sistema de justicia ordinaria.
Sin embargo, el voto de la población rechazó el acuerdo de paz por un estrecho margen, lo que creó incertidumbre judicial en torno a las FARC y sus actividades.
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De hecho, es muy probable que la filtración de la información acerca del verdadero patrimonio de las FARC pueda generar un antagonismo aún mayor entre la población colombiana. La declaración de las FARC de que estaban redactando una lista de sus bienes el día anterior al plebiscito —después de haber afirmado en repetidas ocasiones que no tenían riquezas— pudo haber contribuido a inclinar la votación en su contra.
Análisis de InSight Crime
La guerrilla de las FARC está actualmente en una posición complicada: el inesperado voto del “no” ha estancado el proceso de desmovilización, la oposición política de Colombia puede exigir cambios sobre el acuerdo original que pueden resultar difíciles de aceptar y los insurgentes ahora se encuentran en un limbo judicial. En un foro sobre paz el 24 de octubre, Martínez dijo que en la última conferencia de las FARC —en la cual se aprobó de manera unánime el acuerdo de paz— la organización declaró que su “estado como guerrilleros” había terminado. Sin ley de amnistía para protegerlos, los miembros de las FARC ahora estarían sometidos al sistema judicial ordinario, dijo.
Ahora que los fiscales del estado están haciendo efectivas las recientes amenazas de capturar el patrimonio de las FARC, algunas facciones de la guerrilla podrían replegarse en la clandestinidad para protegerse y generar algunos ingresos. El secretariado mayor de las FARC ha admitido que las arcas se están vaciando, lo que inevitablemente tentaría a algunas unidades a regresar a las economías criminales.
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El dinero de las FARC puede ser el talón de Aquiles de la organización y un factor que contribuya a la fragmentación futura. Para entender el porqué de esto, es importante analizar la estructura financiera de la guerrilla.
A diferencia de las redes de narcotráfico tradicionales, las ganancias ilegales de las FARC —que InSight Crime estima en unos US$400 millones al año¬— vienen de abajo hacia arriba. Los numerosos frentes de las FARC, columnas móviles y unidades tácticas generan sus propios ingresos y se espera que entreguen el dinero al bloque, que a su vez alimenta al Estado Mayor y al Secretariado. En el caso de frentes poderosos dedicados al narcotráfico, como el 16 o el 57, estas ganancias podrían ser de millones.
Pero la mayor parte de este dinero se queda en los frentes, y solo una parte relativamente pequeña “sube” al Estado Mayor y al Secretariado. Eso incrementa la posibilidad de que las unidades autosuficientes se separen del proceso de paz y de la organización de las FARC.
Por esta misma razón, siempre fue poco probable que las FARC entregaran la totalidad de sus riquezas, mucha parte de las cuales se encuentran escondidas en el extranjero o en poder de testaferros en Colombia. Aun así esto puede ser su mayor vulnerabilidad —aun si se implementa eventualmente un nuevo acuerdo de paz, los grupos guerrilleros se arriesgan a perder sus beneficios judiciales si las autoridades descubren más adelante cualquier activo no declarado.