Convertidas en centros de operación del crimen organizado, las prisiones en Venezuela se consolidan como las peores de la región; mientras que el Gobierno permite la expansión del “pranato” y ratifica a la funcionaria que ha tenido a su cargo el sistema carcelario los últimos siete años.

El sistema carcelario de Venezuela sigue estando severamente afectado por problemas estructurales como retardo procesal, hacinamiento, deterioro de las edificaciones, ausencia de una clasificación de presos, carencia de servicios básicos indispensables y posesión y tráfico de armas y drogas por parte de los reclusos, según un informe reciente del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“Lo que estamos viendo en los actuales momentos es una situación totalmente desastrosa (…) A nivel del sistema de la región tenemos uno de los peores sistemas carcelarios de la región”, aseguró el director del OVP, Humberto Prado, en una entrevista con Unión Radio. 

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Por otra parte, Prado explica que la problemática de las prisiones se ha extendido a los calabozos policiales, que albergan a más de 32.000 reclusos con un 400 por ciento de hacinamiento. A esto se suma el fortalecimiento del “pranato” como forma de gobierno — control por parte de grupos criminales dentro de las instituciones carcelarias — que domina el crimen dentro y fuera de las prisiones. 

Análisis InSight Crime

Actualmente existe un hacinamiento de un 161 por ciento en las cárceles y los centros de prisión preventiva en Venezuela, y una población carcelaria total de 57.096 presos en todo el país, lo que contribuye a la anarquía y el descontrol gubernamental. Esto ha favorecido y alimentado la estructura criminal de los pranes que ahora también está presente en las delegaciones policiales y las zonas mineras del país.

Pese al plan de humanización y a la implementación de un nuevo régimen penitenciario por parte del gobierno desde 2013, los pranes siguen ejerciendo el control y llevando a bajo actividades criminales desde las prisiones venezolanas. Esto quedó al descubierto recientemente en la cárcel de Tocorón, controlada por el pran Héctor “Niño” Guerrero, quien estaría detrás del asesinato de una adolescente cuya familia se negó a pagar vacuna.

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“Tocorón es el ejemplo más grande del pranato en Venezuela. Si hay algún lugar donde el pranato actúa con total libertad es en la cárcel de Tocorón. La ministra (del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela) Iris Varela tiene más de un año diciendo que va a cerrar esa cárcel y no ha logrado hacerlo”, dijo el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. “Allí hay mafias de cupos que le pagan a los pranes para trasladar a personas a esa cárcel. El Niño Guerrero controla absolutamente todo”.

Además, en Tocorón los pranes tienen gimnasios, piscinas, un zoológico, restaurantes y ventas de comida donde se consiguen los alimentos que escasean en los anaqueles de los supermercados afectados por la crisis económica del país.

Nieto afirma que las actividades de los pranes son apoyadas por el Ministerio del Servicio Penitenciario: “Ellos son su grandes aliados. Los pranes existen en Venezuela porque el ministerio lo ha permitido”.

Pese a este escenario, en enero de 2018, el presidente Nicolás Maduro restituyó a Iris Varela en el cargo de ministra del Servicio Penitenciario, luego de un breve paso de cinco meses por la Asamblea Nacional Constituyente). Varela es una de las más cercanas colaboradoras de Maduro y es quien ha estado al frente de esa oficina desde su creación en 2011, sin que se perciban mejoras en el sistema penitenciario de Venezuela.