Los legisladores de Guatemala han propuesto un nuevo proyecto de ley que busca atacar a las pandillas del país aumentando las multas y las penas de prisión para los pandilleros. Pero no está claro cómo se implementará el proyecto de ley ni qué tan efectivo será.
El proyecto de ley, propuesto por Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, del partido político guatemalteco Todos, castigaría a quienes se vinculen a las pandillas y comentan crímenes, con una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa de entre 20.000 y 35.000 quetzales (entre US$2.700 y 4.700), informó Prensa Libre.
Estas sanciones se triplicarán para aquellos que hayan obligado a menores de edad a vincularse a las pandillas.
Para los líderes de las pandillas, sin embargo, los castigos serán aún más severos. Según Prensa Libre, quienes dirigen las operaciones de las pandillas enfrentarían una pena de prisión de 10 a 15 años, así como una multa de 50.000 quetzales (unos US$6.800).
El proyecto de ley también castigaría a quienes “promuevan, financien y se beneficien directamente” de las estructuras criminales de las pandillas, con una pena de prisión de 6 a 12 años.
La legislación propuesta también prohibiría los grupos guerrilleros, informó Prensa Libre.
Análisis de InSight Crime
De ser aprobada, la nueva ley “antimaras” sería muy difícil de aplicar en Guatemala. Además de que no produciría los resultados esperados, podría empeorar la situación, como ha ocurrido con otras políticas similares en la región.
Desde principios de este siglo, los países del Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras— han recurrido a las políticas de “mano dura” para combatir a los grupos criminales de la región. En octubre de 2006, por ejemplo, El Salvador instauró la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Y en 2016, los legisladores de El Salvador aprobaron medidas antipandillas que permitieron clasificar a las pandillas como organizaciones terroristas.
Sin embargo, estas políticas han sido en gran parte ineficaces. Recientemente, un informe del International Crisis Group señaló el fracaso de estas estrategias en el Triángulo Norte e hizo un llamado por una estrategia “menos represiva” ante el problema de las pandillas en Centroamérica.
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El proyecto de ley en Guatemala se asemeja mucho a las leyes implementadas en El Salvador, como la instauración de penas más severas y el tratamiento de las pandillas como grupos terroristas, informó La Hora. Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), le explicó a Prensa Libre que la implementación de leyes antipandillas en El Salvador debería servir como advertencia para Guatemala.
“Los mismos ponentes de la Ley en El Salvador reconocieron que no había sido eficaz; al contrario, lo que se logró fue una restructuración de las pandillas, al perfeccionar la acción delictiva”.
Por otra parte, Edgar Celada, analista de seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), señaló que el proyecto de ley era un enfoque “autoritario” frente al problema, informó La Hora.
Todavía hay grandes debates al interior del gobierno de Guatemala acerca de lo que constituye un pandillero, lo cual plantea interrogantes acerca de los parámetros que se deben utilizar para arrestar a los miembros de estas organizaciones criminales. Podría decirse que este proyecto de ley es una medida fallida para criminalizar a un segmento de la población que no ha logrado ser claramente identificado por las autoridades y los legisladores.
Las dificultades para identificar a los pandilleros y los grandes esfuerzos para detenerlos pueden llevar a empeorar el problema de hacinamiento de los sistemas penitenciarios latinoamericanos. Las cárceles de la región se han convertido en la “principal incubadora” del crimen organizado, y es probable que el proyecto de ley de Guatemala empeore esta dinámica al aumentar el tamaño de la población carcelaria.