El Salvador está considerando flexibilizar su Ley de Intervención de las Telecomunicaciones en un momento en que el empeoramiento de la situación de seguridad del país continúa generando preocupaciones; más recientemente del Papa Francisco.
El Congreso de El Salvador está discutiendo una propuesta que permitiría a la Fiscalía General realizar escuchas telefónicas hasta 72 horas antes de solicitar una orden judicial, informó El Diario de Hoy. Según esta, el juez tendría un máximo de 24 horas para responder a la solicitud.
El fiscal general Luis Martínez diseñó la propuesta, que tiene como objetivo acelerar la realización de las escuchas telefónicas en ciertas investigaciones penales, incluyendo casos de homicidio, secuestro y malversación de fondos. Actualmente, la solicitud debe ser aprobada por un juez antes de que la Fiscalía General pueda grabar las llamadas telefónicas de un sospechoso.
La propuesta ha provocado una amplia gama de reacciones en todo el espectro político de El Salvador, con preocupación de algunos sectores porque se infrinja el derecho a la privacidad o de que las escuchas sean utilizadas con fines políticos.
Análisis de InSight Crime
La propuesta para modificar la ley actual de intervenciones telefónicas de El Salvador evoca un debate familiar entre la seguridad y el derecho a la intimidad, visto recientemente en Perú a raíz de la emisión de un decreto de ley que permite a los organismos de orden público recolectar datos telefónicos sin una orden judicial.
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La ley de escuchas telefónicas parece ser la más reciente en una serie de medidas consideradas por el gobierno de El Salvador para hacer frente al empeoramiento de la seguridad en el país. Si bien julio registró menos homicidios que meses anteriores, en los primeros nueve días de agosto se presentaron 212 asesinatos —104 más que en el mismo periodo de 2014—. Así mismo, las poderosas pandillas callejeras del país impusieron un paro de transporte a los autobuses —el cual, según el gobierno, ya terminó— que paralizó a San Salvador, la capital del país.
El deterioro de la seguridad en el país incluso ha llevado a que el Papa Francisco opinara y expresara su “preocupación por las noticias que llegan de El Salvador”. Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos para El Salvador, se hizo eco de este “llamado a la unidad y diálogo”.
Si bien el fiscal general de El Salvador ha defendido firmemente su propuesta, las débiles instituciones del país plantean legítimas preocupaciones por la posibilidad de que las autoridades pueden terminar abusando de las escuchas telefónicas. Lo cual, en última instancia, terminaría opacando los beneficios que se podrían percibir en la reducción de los rampantes niveles de delincuencia e inseguridad.