Las autoridades de Bolivia han arrestado a un grupo de secuestradores que hackeaba computadoras para obtener información sobre sus víctimas y exigía rescates exorbitantes; un caso insólito en un país que no es conocido por el secuestro o el crimen cibernético.
El Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) de Bolivia detuvo a cuatro personas en La Paz, acusadas ??de secuestrar al menos a 17 personas y exigiendo rescates individuales de hasta US$200.000 a las familias de las víctimas, informó el diario La Razón. Los arrestos son el resultado de tres meses de investigación policial sobre el grupo.
El comandante general de la policía, Walter Villarpando, dijo que el grupo planeaba los secuestros durante al menos dos semanas, investigando a cada víctima y sus activos con la ayuda de un hacker. Tras el secuestro, llamaban a la familia de la víctima, se identificaban como trabajadores de sicarios colombianos, y exigían el pago.
El líder de la red, un pastor evangélico, dijo durante el interrogatorio que el grupo había estado robando a los ricos para dárselo a los pobres, a pesar de que sólo las familias de los secuestradores recibieran el dinero.
Las autoridades dijeron que, si bien ninguna víctima resultó herida, la mayoría no denunció el delito por miedo a represalias.
Análisis de InSight Crime
Mientras que el secuestro es un delito común en otros países de Latinoamérica -especialmente Venezuela y México- no es un problema importante en Bolivia, aunque otros casos han sido registrados durante el último año.
Este caso también es notable por dos razones: en primer lugar, la cantidad de dinero demandada, que era extremadamente alta -en comparación, un grupo mexicano desmantelado en 2011 cobraba ??menos de US$4.000; en segundo lugar, por el uso de la tecnología para realizar el crimen. El uso de medios de redes sociales o la piratería de software para obtener información sobre los secuestrados es una faceta común del crimen cibernético y su uso en este caso indica que la organización era un tanto sofisticada.
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La nación andina, al igual que otras de Latinoamérica, está mal equipada para enfrentar el crimen cibernético, al no tener un marco legal específico para criminalizarlo y castigarlo, e incluso suprimiendo las fuerzas de seguridad de la División de Delitos Informáticos en el 2008, según el Monitor Mundial Sobre la Sociedad de la Información, una ONG que monitorea la seguridad cibernética alrededor del mundo.