Las autoridades desarmaron y destituyeron a todos los miembros de una unidad de policía de un municipio en el centro de México, tras sospechas de corrupción y vínculos con el crimen organizado, lo que indica que la corrupción rampante suele generar instituciones locales completamente disfuncionales.
En una operación en la madrugada del 23 de agosto, las autoridades estatales y militares tomaron el control de la seguridad en el municipio de Tehuacán, en el céntrico estado de Puebla, donde retiraron las armas a 205 policías municipales, según un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Se sospecha que otros 113 funcionarios han huido, entre ellos el director de la Policía municipal, según un informe de Proceso.
Dado el repunte de crímenes violentos, como secuestros, homicidios y asaltos, en los que quizá están implicadas las fuerzas de seguridad locales, los agentes están siendo sometidos a evaluaciones para determinar si son aptos para el servicio o si sus armas han sido utilizadas en algún delito; además, han debido tomar pruebas de confianza, según informó El Sol de Puebla.
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Las autoridades ya han determinado que algunos de los policías no debían ni estar en la institución, dado que 20 oficiales nunca pasaron por los protocolos requeridos para convertirse en agentes de policía.
Esta es la cuarta operación de este tipo que las autoridades han llevado a cabo este año en Puebla. En el mes de mayo, las autoridades descubrieron que 113 de los 185 agentes que trabajan en la policía municipal de San Martín Texmelucan no estaban autorizados para el servicio.
Análisis de InSight Crime
La suspensión de toda una unidad de policía municipal demuestra el nivel de penetración del crimen organizado y las redes de corrupción en los organismos estatales a nivel local. La medida demuestra claramente que el Estado no cumple con su misión en áreas como Tehuacán.
Las unidades de policía locales son particularmente vulnerables a la corrupción y la infiltración de los grupos del crimen organizado, dado que tienen excesivo trabajo, reciben bajos salarios y cuentan con poco personal. Los agentes suelen recibir sueldos mucho más bajos que los funcionarios a nivel estatal y federal, por lo que los sobornos de parte de los grupos criminales resultan mucho más atractivos para ellos.
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“Si a uno [como agente de policía] le pagan 200 dólares al mes, y el crimen organizado viene y le ofrece US$1.000 al mes, uno por supuesto lo acepta”, dijo recientemente Marcela Figueroa, de la organización civil mexicana Causa en Común, en comentarios a Al Jazeera.
Existen evidencias de que a veces los grupos del crimen organizado consiguen puestos para algunos de sus miembros incluso dentro de la policía, un fenómeno que puede explicar en parte el número de oficiales de Puebla que no deberían haber ingresado a la institución. En otros casos, las unidades de policía actúan incluso como actores criminales independientes, por ejemplo, dirigiendo redes de secuestro.
Pero esto no ocurre solo en la policía. El crimen organizado también suele corromper a los gobiernos locales, cooptando o coaccionando a los alcaldes municipales. Al penetrar las fuerzas de seguridad y las instituciones políticas, así como otras instituciones como la prensa o el sistema de justicia, los grupos criminales pueden ejercer un completo dominio sobre la vida civil en las zonas donde operan.
El céntrico estado de Puebla se ha convertido en un corredor criminal cada vez más importante. El llamado “Triángulo Rojo“, una disputada región al este del estado, ubicada sobre un oleoducto subterráneo, está en el centro del negocio del robo de petróleo en México. Esta apreciada zona ha generado violentos enfrentamientos por el control territorial entre grupos criminales rivales, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas.