A medida que la gobernanza criminal se consolida, la pregunta sobre el retorno de Haití a la democracia no es cuándo, sino cómo.
En un informe del 19 de octubre, el máximo delegado de las Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, indicó al Consejo de Seguridad de la ONU que el país aún está lejos de celebrar sus primeras elecciones nacionales desde 2016.
“Fijar nuevas fechas para elecciones sin una evaluación realista de su viabilidad solo erosionará la confianza pública y la credibilidad de las instituciones haitianas”, afirmó ante el Consejo.
La cruda evaluación llegó apenas dos semanas después de que el Consejo Electoral Provisional del país (CEP) cancelara las elecciones generales, cuya primera ronda estaba prevista para diciembre. No se ha establecido una nueva fecha para unos comicios que han sido pospuestos múltiples veces desde que el presidente Jovenel Moïse fue emboscado y asesinado por un grupo de mercenarios colombianos en julio de 2021. El magnicidio ha sido atribuido a una disputa entre élites, pero son las pandillas del país las que permanecen en la primera línea de la batalla por el control de Haití.
Y con cada aplazamiento, estas pandillas parecen sumar otra marca caótica a su historial. El Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas señaló en su informe final de septiembre que las pandillas controlan el 70% de la capital del país y se han extendido profundamente hacia las zonas rurales. La violencia se ha agudizado especialmente en la provincia de Artibonite, el segundo distrito electoral más grande del país después de la capital, Puerto Príncipe, donde las masacres y los secuestros son habituales, según la ONU.
El desplazamiento forzado y la violación sexual también se han convertido en herramientas de guerra predilectas. La ONU indica que 1,5 millones de personas han huido de sus hogares, una cuarta parte de la población del país; entre estos desplazados internos hay cerca de 800.000 niños. En su informe final, la ONU catalogó casi 2.500 casos de agresión sexual, de los cuales el 64 por ciento fueron clasificados como “violaciones colectivas”.
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Al frente de esta violencia pandillera se encuentra Viv Ansanm, la coalición formada en 2023 por el G9 y el GPèp, en ese entonces las alianzas más formidables del país. Otra pandilla, Gran Grif, que opera de manera independiente en Artibonite, ha cobrado fuerza en los últimos meses para competir con Viv Ansanm. Ambos grupos han sido declarados organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por el Gobierno de Estados Unidos.
Las pandillas no operan solas. En un anexo del informe final al Consejo de Seguridad de la ONU, el Panel indicó que cerca de un millón de municiones provenientes de los arsenales de la policía de la vecina República Dominicana fueron halladas en 2024, y documentó conexiones persistentes y apoyo de las fuerzas de seguridad haitianas. Agregó que las élites políticas y económicas, entre ellas varios exsenadores, estaban suministrando armas y municiones a Viv Ansanm, además de cobertura política y judicial.
Entre estos exlegisladores se encuentra Youri Latortue. Latortue fue citado como testigo en el caso Moïse, pero fue exonerado de cualquier responsabilidad. De hecho, aunque ha habido varias condenas de presuntos sicarios y algunas figuras secundarias, el caso se ha estancado mientras los fiscales buscan a los autores intelectuales.
El caso tuvo un avance en septiembre cuando Haití extraditó a Joseph Félix Badio, un exfiscal anticorrupción. Los fiscales estadounidenses aseguran que Badio coordinó el ataque por radio, entregó las armas a los mercenarios colombianos y sobornó a suficientes miembros de la guardia presidencial haitiana para abrir el camino hacia la suite presidencial donde fue asesinado Moïse. Badio fue capturado en 2023, tras pasar dos años prófugo, y la esperanza es que coopere con las autoridades estadounidenses para resolver el caso.
Mientras tanto, un llamado “Pacto Nacional”, articulado con lo que queda de los partidos políticos de Haití tras el vencimiento del mandato del Consejo Presidencial de Transición en febrero, intenta mantener el orden. Irónicamente, su mandato depende de su capacidad para organizar las primeras elecciones del país en una década.
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Pero cómo se llevarán a cabo esas elecciones sigue siendo una pregunta abierta. La Policía Nacional de Haití ha sido diezmada por las deserciones y las muertes de agentes, tanto en servicio como fuera de él. Estados Unidos se ha apresurado a entrenar nuevos policías, y la ONU intenta reemplazar a la policía keniana que una vez desplegó para combatir a las pandillas con una llamada Fuerza de Supresión de Pandillas. Empresas de seguridad privada, equipadas con drones, también se han sumado al combate.
Los resultados han sido letales y poco alentadores. El Panel de Expertos de la ONU indicó en mayo que las fuerzas de seguridad gubernamentales y privadas fueron responsables del 69% de los muertos y heridos durante los primeros tres meses de 2026. Sin embargo, esa proporción se invirtió en el segundo trimestre, señaló la ONU, lo que ilustra la naturaleza de represalia mutua de este conflicto y la distancia que Haití aún debe recorrer antes de sus próximas elecciones democráticas.
Imagen de portada: Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un expolicía que lidera la coalición de pandillas G9, durante una marcha el 26 de julio de 2021 para exigir justicia por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Crédito: AP/Matias Delacroix
