La Comisión de la Verdad presentó su Informe Final en Bogotá, Colombia, sobre la realidad del conflicto interno en el país. Además de entregar una radiografía del país, deja varios interrogantes para el nuevo gobierno.

En un hecho histórico, el martes 28 de junio el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el padre Francisco De Roux, presentó el Informe Final “Hay futuro si hay verdad”, en el que se esclarece parte de lo ocurrido durante el conflicto interno y se dejan decenas de recomendaciones para el presidente entrante, Gustavo Petro Urrego.

La Comisión de la Verdad, creada como resultado del Acuerdo de Paz firmado en septiembre de 2017 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia, se convierte en una herramienta para contar la historia del conflicto interno, sus principales actores y las víctimas que dejaron a su paso. 

En la presentación, el padre De Roux abordó algunos de los hechos que marcaron la historia del conflicto en Colombia, como los asesinatos de civiles a manos del Estado, conocidos como “falsos positivos”, los secuestros masivos y las tomas guerrilleras.

El presidente electo Gustavo Petro recibió el informe de manos del padre De Roux y declaró que su gobierno, que inicia el próximo 7 de agosto, seguirá las recomendaciones de la comisión.

Así, el informe “Hay futuro si hay verdad” se convierte en una hoja de ruta para que el país deje atrás la historia de guerra, aunque la capacidad del gobierno entrante para implementar esta hoja de ruta no es clara.

¿Cambios en la estrategia de seguridad?

Una de las principales recomendaciones de la Comisión de la Verdad es cambiar la estrategia de seguridad utilizada por el Estado y reformar el comportamiento de las fuerzas de seguridad, señaladas de participar en asesinatos de civiles, persecución a opositores, desapariciones y de aliarse con toda clase de grupos criminales.

El informe explica que, para que la estrategia de seguridad funcione, se debe cambiar la visión del conflicto y del enemigo interno que ha marcado la estrategia de seguridad en las últimas décadas, para crear una visión que priorice la construcción de paz y que genere diálogos con las comunidades locales.

El presidente electo ha señalado que uno de sus planes iniciales sería la creación de un Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, en el que tendría cabida la Policía Nacional de Colombia. Una solicitud que ha llegado de diferentes sectores para que la institución mantenga un carácter civil y no militar, como lo tiene hasta ahora por ser parte del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la tarea no sería fácil. Gustavo Petro ha tenido varios choques con altos mandos del Ejército Nacional, a quienes ha señalado de integrar la nómina de Los Urabeños, también conocidos como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo narcotraficante más importante de Colombia.

A eso se le suma el pasado del presidente electo como integrante de la desmovilizada guerrilla del M-19, lo que puede minar su capacidad de mando sobre la fuerza pública, que durante décadas ha visto a los guerrilleros como sus principales enemigos.

¿Reanudar el proceso de paz con el ELN?

La Comisión de la Verdad también recomienda que el gobierno entrante cree las condiciones para una salida negociada del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla del país. Esto, explica la Comisión, con el objetivo de que en Colombia se acaben los principales focos de guerra.

De hecho, un día después de la victoria de Gustavo Petro, el ELN envió una carta pública en la que expresaba su intención de retomar las conversaciones de paz y de crear un “gran diálogo nacional”, pero limita estas negociaciones a que se discutan cambios en la deuda externa, en los tratados de libre comercio (TLC) y en la integración de Colombia con otros países latinoamericanos, banderas de la guerra del ELN contra el Estado.

El presidente electo anunció que habrá un cese bilateral al fuego, para iniciar negociaciones jurídicas y políticas con los diferentes grupos armados, entre ellos el ELN. Sin embargo, hasta el momento no se ha nombrado ninguna comisión.

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Así, la conversación con esa guerrilla no parece ser un problema; lo que sí genera dudas es la capacidad de esa guerrilla para acatar lo discutido e implementar un posible desarme. La historia reciente de conversaciones de paz con el grupo no ha terminado bien, especialmente por la estructura horizontal que les permite a sus frentes tomar sus propias decisiones.

¿Legalizar las drogas?

La lucha contra el narcotráfico, el negocio que se ha convertido en motor y protagonista del conflicto interno, también es mencionado en el Informe Final.

La Comisión señala que, para acabar la guerra contra las drogas y cortarles el flujo de dinero a los grupos criminales, el gobierno debe regular los mercados de droga, apostando por una futura legalización, y desmilitarizar los territorios donde hay cultivos y producción ilegal.

Pero hacer esto es más complicado de lo que parece. Primero, en el país se cultivan, producen y exportan al menos tres drogas distintas: la cocaína, la marihuana y la heroína, las cuales no suelen compartir zonas de cultivos y producción y tienen como objetivo distintos mercados internacionales, además de ser controladas por distintos grupos criminales.

Así, el único camino que le queda al gobierno de Petro es apostar por una legalización completa de la marihuana, algo que ha sido criticado desde escenarios internacionales, pero que ha sido implementado en otros países y que serviría para quitarles esa fuente de ingresos a los grupos ilegales.

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¿Una paz completa?

El principal objetivo, así como la primera recomendación del Informe Final, es crear las condiciones para que toda Colombia viva en paz, un deseo histórico de los colombianos que no parece posible de conseguir en un solo periodo presidencial.

Para poder conseguir paz en todo el territorio, no solo se necesita retomar las conversaciones de paz con el ELN, legalizar las drogas y reformar la estrategia de seguridad, sino combatir o desmovilizar los grupos herederos del paramilitarismo aún activos, como Los Urabeños, así como acabar con las redes de narcotráfico, poco identificables y con mucha capacidad de corromper el Estado, y distribuir la tenencia de tierras, principal causa de la creación de la guerrilla de las extintas FARC.