La situación de los organismos de seguridad de Ecuador y su incapacidad para contener la violencia desenfrenada ha sido un tema central de la actual campaña presidencial en el país, pero entre la falta de presupuesto público y la corrupción, existen dudas sobre la viabilidad de reformas sustanciales.

Desde que el saliente presidente Guillermo Lasso se posesionó en 2021, la violencia ha aumentado más del 300%, de lejos el incremento más significativo en Latinoamérica. Con la aceleración de la violencia, Lasso recurrió al Ejército para enfrentar a las bandas criminales, con poco éxito hasta el momento.

Y ahora, tras la primera vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador, los dos candidatos que se medirán en el balotaje prometen reformar las instituciones de seguridad del país.

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La socialista Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, publicó un plan de 20 puntos, en el que propone aumentar el presupuesto y el pie de fuerza para los organismos de seguridad, a la par con cero tolerancia ante los abusos de fuerza por organismos del Estado. Esto se traduciría en incrementos salariales para la policía y mayor énfasis en el entrenamiento, pero también en un endurecimiento de las sanciones frente a cualquier abuso de poder por parte de los agentes de orden público.

Su rival, el centrista Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), ha hablado de trabajar para reducir el crimen atacando sus causas socioeconómicas, dentro de lo que propone el entrenamiento de los agentes de policía en resolución no violenta de conflictos y la inversión en vigilancia comunitaria.

Ambos candidatos han rechazado las políticas de mano dura, ilustradas en la actual campaña antipandillas en El Salvador. Cabe anotar, sin embargo, que esos planes se publicaron antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto. Su muerte, junto con los asesinatos de otros políticos, revivieron los llamados públicos a implementar estrategias más duras para combatir el crimen.

Ganen González o Noboa, la policía, el ejército y el sistema penitenciario de Ecuador deberán resolver los recortes presupuestales y el entrenamiento de sus fuerzas, además de la corrupción, si se busca un cambio.

“Estas instituciones han mostrado graves debilidades debido a una fuerte corrupción interna. Por una parte las fuerzas del orden están desbordadas y excedidas en sus capacidades de investigación, también están permeadas por la corrupción como para llevar a término los graves casos que se producen tanto en su interior como fuera”, señaló Carla Álvarez, investigadora de políticas de seguridad con el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN Ecuador).

Prisiones

Cualquier reforma en Ecuador debe empezar con las prisiones del país. Sus cárceles de máxima seguridad se han convertido en la primera línea de una guerra de pandillas que se desató en 2020 tras la división entre el otrora mayor grupo criminal de Ecuador, los Choneros, y un sinnúmero de antiguos aliados convertidos en rivales, como los Lagartos, los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones. Entre enero de 2020 y julio de 2023, murieron cerca de 500 presos en una serie de masacres brutales y coordinadas, muchas veces en varias instalaciones penitenciarias a la vez.

La mayor parte de la violencia se ha concentrado en tres centros carcelarios importantes: la Penitenciaría Litoral, en Guayaquil; el Centro de Rehabilitación Turi, en la ciudad de Cuenca, al sur del país; y la prisión de Latacunga, al norte, aunque también se han presentado varios brotes de violencia regulares en prisiones regionales de menor tamaño. Comenzando con los Choneros en 2011, los grupos narcotraficantes de Ecuador se transformaron en pandillas carcelarias cuando sus líderes fueron encarcelados y comenzaron a acumular grandes arsenales entre los muros de las prisiones.

“Un sistema penitenciario, desatendido, sin política adecuada, […] ha permitido con el tiempo que los privados de la libertad tengan en su interior un autogobierno”, comentó el analista de seguridad ecuatoriano y coronel de la policía reservista Max Campos en entrevista con InSight Crime. “Las instituciones de seguridad […] no están actualmente en las condiciones de enfrentar un problema complejo como es el crimen organizado”.

La respuesta del gobierno a esta crisis ha sido una lucha perdida. Los líderes pandilleros han sido trasladados de una prisión a otra, con poco impacto visible sobre su capacidad de operar. Se creó una comisión para plantear recomendaciones solo para desconocerlas en el acto. Se reabrió un centro carcelario cerrado por sus condiciones insalubres, solo para unos cuantos presos. Y los operativos del ejército incautaron arsenales importantes que no tardaron en reponerse.

Aquí, el o la nueva mandataria podría tener logros rápidos. Noboa, en particular, ha hablado de excarcelar a los delincuentes no violentos, de agilizar los procesos penales y de encontrar alternativas a la detención preventiva, por la cual muchas veces quienes aguardan un juicio en prisión deben convivir junto a pandilleros curtidos.

Pero la corrupción institucional puede ser un obstáculo para esto. “Debe haber mayor escrutinio en las prisiones. ¿Cómo se permite el ingreso de armas de grueso calibre a esos lugares?”, cuestionó Will Freeman, miembro del Consejo estadounidense de Relaciones Exteriores. “También parece que jueces y fiscales estuvieran sucumbiendo a la corrupción o a la presión en números cada vez mayores, a juzgar por las excarcelaciones de líderes de bandas capturados”.

Un ejemplo de esto se vio cuando uno de los pandilleros más notorios de Ecuador, Junior Roldán, alias «JR”, fue liberado de prisión en febrero de 2023, por “buen comportamiento”, solo para huir rápidamente a Colombia, donde fue asesinado poco después. Dos meses antes, había sido liberado fugazmente y vuelto a privar de la libertad al encontrársele un arma de grueso calibre pocas horas después de su excarcelación.

Como sucede con todas estas reformas, el nuevo jefe de Estado no solo deberá ocuparse de la capacidad del servicio penitenciario de administrar estos centros de manera segura, sino que también deberá garantizar la erradicación de la corrupción interna.

Policía

La población general ecuatoriana tiene poca confianza en la policía. Una encuesta de Ipsos, realizada en noviembre de 2022, halló que el 75% de la población ecuatoriana sentía recelo hacia la institución.

Remediar esto requerirá inversiones concertadas y planificación del nuevo mandatario. Pero la experiencia del gobierno saliente indica que esas inversiones requieren mucho tiempo.

Para la policía, parte de su mal desempeño está ligado a la falta de presupuesto para personal y equipamiento. Por ejemplo, en febrero, solo diez de 57 patrullas funcionaban en el barrio Nueva Prosperina, de Guayaquil, pese a que es uno de los más violentos de Ecuador, según una investigación de Primicias. Las licitaciones recientes para el suministro de vehículos blindados, chalecos antibalas, rifles y armas de mano se declararon desiertas porque ninguna empresa nacional se postuló, según información de la base de datos de compras públicas. Finalmente, en agosto de 2023, se otorgaron los contratos a firmas internacionales.

En enero de 2022, tras una masacre de siete personas, Lasso prometió la liberación inmediata de US$9 millones en financiación adicional para la policía de Guayaquil. El dinero tardó cuatro meses en ser desembolsaado. En julio de 2023, la policía recibió millones de balas de munición que se les habían prometido nueve meses antes, y no se han cumplido otras promesas de suministro de dotación esencial. Incluso, Lasso firmó recientemente un decreto en el que autorizaba a la policía el uso de 33.000 armas incautadas a bandas criminales.

Si se considera el modelo descentralizado que la policía de Ecuador adoptó en 2012, cualquier intento de mejorar algunas unidades específicas puede ser más efectivo que reformas globales verticales.

“Puede ser más viable atender en primera instancia algunas subunidades de estas instituciones para crear capacidad y reformarlas”, planteó Freeman.

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La corrupción policial plantea otro problema. En mayo de 2022, InSight Crime informó cómo organizaciones criminales vendían o robaban armas de uso exclusivo de la policía y el ejército en números cada vez mayores.

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, prendió las alarmas sobre la corrupción policial en 2021, cuando alertó que había un trabajo activo de “narcogenerales” para hundir importantes casos penales. En respuesta, Estados Unidos canceló las visas de 19 altos oficiales de la policía. Sobre tres de ellos recayeron sospechas de nexos con el crimen organizado después de una inspección interna, según el entonces ministro del interior Patricio Carrillo.

“El nuevo presidente necesitará respaldo legislativo para hacer avances. [Sus prioridades deben ser] aumentar los recursos para pagar a jueces y policías, brindar mayor protección y atacar estos problemas de corrupción y colusión en sus filas”, comentó Freeman.

Ejército

El uso de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado ha sido una táctica controvertida en el gobierno de Lasso. Después de los picos históricos de homicidios con los que cerró Ecuador en 2022, el presidente comenzó a solicitar el despliegue de militares contra los grupos criminales. En abril, poco después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) del país declarara “terroristas” a estos grupos, Lasso firmó un decreto ordenando al ejército iniciar operaciones militares en todo el territorio nacional contra “organizaciones e individuos terroristas”.

Lasso desplegó al ejército para decomisar arsenales en prisiones de máxima seguridad, para recibir entrenamiento conjunto con la policía y neutralizar a presuntos pandilleros.

Esto empujó a Ecuador por un camino harto recorrido por los gobiernos latinoamericanos de usar sus ejércitos para tareas en las que no están entrenados, mientras los gobiernos justificaban la medida con discursos incendiarios. México, El Salvador y Jamaica constituyen algunos ejemplos regionales recientes.

González y Noboa no han aclarado si seguirán desplegando al ejército con estos fines ni han mencionado ese tipo de responsabilidades para las fuerzas armadas en sus programas de seguridad.

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Algunos analistas creen que una vez se dan facultades legales al Ejército para perseguir a los grupos criminales, no es fácil devolver el genio a la botella.

“Habrá muchas advertencias de la sociedad civil y los analistas de seguridad frente al uso del ejército con estos fines”, indicó James Bosworth, fundador de la firma de análisis de riesgo político Hxagon, en diálogo con InSight Crime. “Pero ante una amenaza de escalada de la violencia en todo el territorio nacional, la realidad política es que ningún presidente retirará al ejército de esa guerra”.

Perspectivas a futuro

El magnicidio de Villavicencio y la continua escalada de la tasa de homicidios indican que es muy probable que la crisis de seguridad en Ecuador se agudice antes de mejorar.

La reforma de las prisiones, la policía y el ejército, junto con dicha crisis, requerirá de González y Noboa un complejo acto de malabarismo. Si no se le pone freno prontamente al crimen y la inseguridad es de esperar que se levanten demandas más estridentes y se refuerce el respaldo a las tácticas de mano dura.

Y aunque ambos candidatos se han abstenido de respaldar estrategias más duras, esto podría llegar a cambiar.