Una nueva norma estadounidense contra el lavado de dinero que apunta a las empresas ficticias podría tener un gran impacto en los grupos criminales de América Latina, si las autoridades pueden superar los restringidos recursos y otras limitaciones a su efectividad.
La nueva normativa, conocida como norma de beneficiarios finales, exigirá a las empresas que operan en Estados Unidos que les informen a las autoridades federales quién realmente posee y controla la empresa y sus recursos.
La norma es un elemento clave de la Ley de Transparencia Corporativa, que Estados Unidos aprobó en 2021 para frenar la evasión fiscal y el blanqueo de dinero al dificultar la creación de una empresa en el país mientras se mantiene en el anonimato a sus verdaderos propietarios. Las corporaciones se crean a nivel estatal, y la mayoría de los estados no requieren información sobre los propietarios reales. Normalmente, el registro solo requiere un punto de contacto para asuntos legales.
Esta norma, según declaró Scott Greytak, director de promoción de la oficina estadounidense de Transparencia Internacional, a InSight Crime, se trata de «la ley contra el lavado de dinero y la corrupción más importante, transcendental y transformadora de la última generación en Estados Unidos».
Organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Mundial han argumentado que los requisitos de beneficiarios finales reducen el uso indebido de vehículos corporativos para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Y los defensores independientes en contra el lavado de dinero llevan mucho tiempo presionando a los gobiernos de todo el mundo para que adopten tales requisitos.
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Pero Estados Unidos se ha quedado rezagado frente a otros centros financieros clave, como el Reino Unido y los países miembros de la Unión Europea, así como las principales economías latinoamericanas, como Argentina y Brasil, que llevan años exigiendo la divulgación de los beneficiarios finales.
La nueva normativa alineará el marco estadounidense contra el lavado de activos con estas recomendaciones. Sin embargo, la agencia encargada de aplicar la norma, la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se enfrenta a un déficit de financiación. Y sigue habiendo dudas sobre quién podrá acceder a los datos y bajo qué condiciones.
Un panorama turbio
Estados Unidos es un importante centro financiero global para el crimen organizado, con un estimado de US$300.000 millones lavados en el país cada año, según el Departamento del Tesoro estadounidense. Aunque es imposible calcular con exactitud cuánto de ese dinero se oculta en empresas ficticias anónimas, las fuerzas de seguridad estadounidenses han apuntado constantemente a la falta de un registro nacional de beneficiarios finales como una importante laguna legal.
La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha declarado que «desenmascarar a las empresas fantasma es lo más importante que podemos hacer para que nuestro sistema financiero sea inhóspito para los actores corruptos».
Las organizaciones criminales latinoamericanas han usado el anonimato de las denominadas empresas fantasma para montar esquemas multimillonarios de lavado de dinero en Estados Unidos. Algunos ejemplos son los Zetas de México, que han ocultado ganancias del narcotráfico entre los flujos de efectivo de un negocio de cría de caballos, y operadores criminales vinculados al gobierno venezolano que lavan dinero sucio para comprar coches de lujo.
La recopilación de información sobre los beneficiarios finales en una base de datos nacional centralizada podría dificultar que los lavadores de activos usen empresas anónimas para ocultar los vínculos entre actores criminales y sus ganancias.
Limitaciones de recursos
Aunque la nueva norma se centrará en un ámbito clave explotado por los lavadores de dinero, su aplicación supondrá probablemente un gran reto.
FinCEN espera recibir declaraciones de beneficiarios finales de más de 32 millones de empresas el año que viene. Pero el personal de la agencia solo asciende a unas 300 personas, con un presupuesto total de menos de 200 millones de dólares al año. La relativa falta de recursos ha llevado a algunos expertos a dudar de la capacidad de FinCEN para gestionar la afluencia de nueva información.
«Tenemos graves brechas», dijo Greytak. «No estamos a la altura de donde deberíamos estar, dado el tamaño y el papel del sistema financiero estadounidense».
FinCEN ha solicitado al Congreso decenas de millones de dólares en fondos adicional para implementar la norma de beneficiarios finales y otras disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa. En su última solicitud presupuestaria, la agencia afirma que dispone de fondos para un «producto mínimo viable», pero que necesita más dinero y personal para llevar a cabo todo lo que los legisladores pretendían cuando aprobaron la ley.
La agencia ya ha llevado a cabo un experimento limitado que exige informar sobre los beneficiarios finales de determinadas transacciones inmobiliarias, pero ese programa a pequeña escala ha mostrado escasos indicios de interrumpir al crimen organizada, según Matt Collin, economista que ha estudiado los requisitos sobre beneficiarios finales en Estados Unidos y Europa.
«Se trata de si la FinCEN va a ser realmente capaz de tomar esa información y aprovecharla para detectar y posteriormente, perseguir el delito. Y estoy un poco dudoso sobre esto», declaró Collin a InSight Crime.
Limitaciones de acceso
La FinCEN tiene previsto compartir la información sobre beneficiarios finales que recopile con las fuerzas del orden, los servicios de seguridad e inteligencia, así como con instituciones financieras como bancos y firmas de inversión.
Dadas las limitaciones de recursos de FinCEN, la cooperación con estos socios será crucial. Aun así, la agencia todavía tiene que ultimar los detalles de sus directrices sobre intercambio de información, aunque un portavoz le dijo a InSight Crime que más detalles llegarán pronto. Y de conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa, la base de datos estará vedada al público en general, incluidos periodistas e investigadores independientes.
Aunque restringir el acceso a la información alivia las preocupaciones sobre la privacidad, puede limitar la efectividad de los requisitos de presentación de información.
«Es más fácil si hay muchos periodistas que examinan los datos y son capaces de detectar discrepancias entre lo que la gente presenta y la verdad», afirma Collin.
Además, muchas empresas podrían tardar hasta un año en entregar realmente la información sobre los beneficiarios finales. Las empresas que ya existen tienen hasta finales de 2024 para presentar la información ante el FinCEN, mientras que las que se creen después del nuevo año deberán informar en un plazo de 30 días.
«Se supone que un año da tiempo a las empresas para cumplir», dijo Collin. «Pero también es un año en el que las empresas tienen tiempo para presentar potencialmente información diferente o aclarar una nueva historia antes de presentarla».
Medidas adicionales necesarias
La nueva norma podría cortar una importante vía para el lavado de dinero por parte de grupos criminales de América Latina y otros lugares. Pero puede ser difícil medir exactamente cuánto blanqueo de capitales previene la nueva norma. Al mismo tiempo, si disminuye el número de empresas de nueva creación tras la entrada en vigor de los requisitos de información, esto podría indicar que los delincuentes desconfían de los nuevos requisitos.
«Si no se produce un gran cambio de comportamiento, creo que no es una buena señal», afirmó Collin.
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Los grupos criminales también pueden encontrar formas de eludir las nuevas normas, especialmente mediante asociaciones con agentes aparentemente legales. Muchos tipos de intermediarios financieros seguirán pudiendo realizar transacciones a nombre de empresas sin obligación legal de verificar los antecedentes de sus socios comerciales o de informar al gobierno de comportamientos sospechosos.
«Llamamos a estos proveedores de servicios en general los facilitadores de la corrupción», dijo Greytak. «Tenemos que tapar estos agujeros».
