El mercado negro de la gasolina se está esfumando en el estado petrolero de Zulia, Venezuela, socavado por los cambios en las políticas y los mayores suministros.
Hace un par de meses, cuando InSight Crime viajó a la capital de Zulia, se veían en las estaciones de gasolina cortas filas donde la gente esperaba su turno con paciencia; para conseguir gasolina ya no había que hacer paradas disimuladas ante la puerta de los vendedores informales, conocidos como pimpineros, ni se encontraban sus casetas por ningún lado.
El contraste era muy marcado con lo que se veía en mayo de 2022, cuando InSight Crime observó que las filas en las estaciones de gasolina llegaban hasta las carreteras a la par que el desabastecimiento de combustible paraba el transporte público y amenazaba la distribución de alimentos. Los pimpineros vendían combustible de contrabando en botellas plásticas de gaseosa en las esquinas de todos los centros urbanos de Zulia.
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A lo largo de su historia, el contrabando de gasolina en Venezuela podía generar rentas del orden de los millones y los miles de millones de dólares anuales, contando incluso los fluctuantes precios y la ausencia de datos oficiales. El estado de Zulia, rico en hidrocarburos y el más populoso de Venezuela, representaba uno de los mayores mercados de esta economía ilícita.
Pero el mercado negro empezó a caer a finales de 2022, cuando el gobierno del estado de Zulia comenzó la eliminación gradual de los subsidios, entregó a civiles el control de la mayoría de las estaciones de gasolina, y encontró vías para llevar más combustible al estado.
La desaparición de las estaciones subsidiadas
A lo largo del último año, las autoridades comenzaron a desmontar las estaciones de gasolina subsidiadas y a reemplazarlas con gasolineras no subsidiadas en los centros urbanos de Zulia, lo cual erosionó la economía de combustibles de contrabando desde la raíz: la vieja promesa de que la gasolina casi gratuita era un derecho natural de los venezolanos.
Por años, los venezolanos compraron gasolina fuertemente subsidiada por una fracción de un centavo por litro, y contrabandearon cantidades industriales al otro lado de la frontera en Colombia, donde podían revenderla por un valor cien veces mayor.
Pero la industria petrolera de Venezuela ha sufrido colosales bajas de producción en los últimos años por causa de la falta de inversión, la corrupción y otros problemas. Cuando el desabastecimiento de gasolina llegó al extremo, el gobierno comenzó a racionar el combustible subsidiado, lo que eventualmente obligó al cierre total de algunas estaciones. Filas de hasta 200 y 300 vehículos se alineaban frente a las estaciones subsidiadas que seguían operando, y no era raro que la gasolina se hubiera agotado antes que la fila.
Los pimpineros comenzaron a aprovechar los desabastecimientos llenando su tanque de combustible subsidiado para revenderlo con sobreprecio, lo cual creó un segundo mercado negro —interno— que operaba a la par del contrabando transfronterizo hacia Colombia.
Pero en el último año, el número decreciente de estaciones de combustible subsidiado ha cortado la fuente de combustible a bajo precio para los pimpineros, debilitando la base económica del mercado negro de gasolina en Zulia.
Nuevo gobierno, nuevas reglas
El gobernador de Zulia, Manuel Rosales, asestó otro golpe al mercado negro en el estado cuando otorgó el control de la distribución de combustible casi por completo a particulares en lugar de las fuerzas de seguridad.
Rosales, elegido en 2021 como parte de la oposición política al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desmontó las redes formadas por funcionarios de seguridad corruptos, principalmente, aunque no exclusivamente, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Anteriormente, la GNB supervisaba la distribución de gasolina a las estaciones de servicio en todo el país. Esto daba a los oficiales la oportunidad de desviar la gasolina subsidiada directamente hacia el mercado negro, por lo general mediante el uso de camiones hacia el otro lado de la frontera con Colombia.
El peculado agravó el desabastecimiento de hidrocarburos en Zulia, con el desvío continuado de gasolina por parte de los funcionarios corruptos hacia el mercado negro a pesar de la escasez de suministro.
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Por otro lado, los policías y soldados rasos aprovechaban que tenían el control sobre las estaciones de gasolina para cobrar a los venezolanos de a pie y a los pimpineros por acceder a las estaciones subsidiadas.
“Muchos de nosotros hicimos tratos con agentes de policía o soldados y les pagábamos para entrar a la estación de gasolina, cuando había filas, o para llenar más de la cantidad permitida”, le confió a InSight Crime un antiguo pimpinero que manifestó su deseo de mantener reserva de su identidad por motivos legales.
Otro antiguo pimpinero, quien también pidió mantener el anonimato, relató que podían pagar a la policía o al ejército para que les dejaran llenar las latas de gasolina en la estación, aun cuando técnicamente dicha práctica es considerada ilegal en Venezuela.
Rosales y sus aliados municipales han cambiado esta dinámica dejando el control de las estaciones de combustible en manos de civiles.
“La policía y el ejército… se salieron de quicio, y dicen, ‘¿Qué carajos?’ No saben qué [los golpeó]”, comentó el antiguo pimpinero.
Mayor suministro
Además de eso, se dice que las autoridades de Zulia llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para llevar más gasolina al estado, para aliviar el desabastecimiento extremo que hizo del mercado negro de la gasolina algo esencial para la supervivencia en la zona.
Fuentes cercanas al tema señalan que Rosales cerró un trato con el gobierno central en Caracas para llevar más combustible a Zulia, aunque la infraestructura de hidrocarburos en Venezuela siga en ruinas.
“A finales [de 2021] o comienzos de 2022, lo máximo que llegaba era un camión diario. Hoy cada estación recibe de dos a tres camiones cisterna”, declaró, en entrevista con InSight Crime, Juan Carlos Caldera, diputado ante la Asamblea Nacional por Zulia.
Pero muchas fuentes también indicaron a InSight Crime que gran parte del suministro adicional viene de Irán, que ha incrementado la cantidad de crudo enviado a Venezuela a pesar de las sanciones.
Aunque el crudo pesado procedente de Irán ha aliviado la presión de la demanda, Iván Freites, expresidente del sindicato de trabajadores del petróleo en Venezuela, dijo a InSight Crime que las deterioradas refinerías de Zulia no fueron construidas para procesar el crudo, y que hacerlo allí daña la maquinaria y genera incendios.
En general, considera precaria la recién lograda estabilidad de Zulia en cuanto al suministro de combustible. “Es una burbuja. En cualquier momento puede estallar”, advirtió.
Si el desabastecimiento regresa, el mercado negro estará esperando. “Yo no descartaría que en algún punto los pimpineros vuelvan al ring”, dijo, en conversación con InSight Crime, un tercer expimpinero, quien también solicitó el anonimato.
*El crédito de la imagen destacada es de la Unidad de Investigación de Venezuela