La divulgación de un mensaje de advertencia entre los habitantes de un municipio del estado venezolano fronterizo de Zulia marcó un punto de inflexión en el panorama criminal local.
La amenaza no estaba dirigida hacia comerciantes, camaroneros y ganaderos, las víctimas habituales del acecho de las bandas criminales que cohabitan en la región. En esta ocasión, las instituciones educativas privadas eran quienes pasaban a estar sometidos a las reglas de los criminales.
“Buenas tardes a todas esas madres de La Cañada de Urdaneta. No manden a sus hijos a la escuela hasta que demos la orden, porque después están llorando”, decía el comunicado haciendo referencia al municipio
El ultimátum fue difundido en redes sociales por una organización armada autodenominada “LV Oro”, la cual advirtió a los padres de familia que si querían que sus hijos siguieran asistiendo a clases de manera regular debían cumplir con una cuota extorsiva.
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En conversación con InSight Crime, varios padres y representantes de los estudiantes, que pidieron mantenerse bajo anonimato por temor a posibles represalias, aseguraron que el pago exigido ascendía a la suma de US$1 por cada estudiante al mes. En promedio, según los educadores, cada colegio tendría entre 200 y 300 alumnos.
Con una cifra de 69,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, La Cañada registró la tasa de muertes violentas más elevada de Zulia en 2023, y cerca de tres veces la tasa nacional, según el balance de homicidios realizado por InSight Crime.
La Cañada también fue el municipio de Zulia con más sicariatos, refiriéndose a muertes por encargo, pero que en esta localidad son ordenadas por bandas armadas. También fue el tercero donde se ejecutaron más extorsiones, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Detrás de esta oleada criminal se esconde la paradoja de un pueblo cuya abundancia económica no condujo a la prosperidad de su población, sino que ha sido aprovechada por las bandas criminales gracias a la prevalente ausencia estatal.
El declive de un prometedor pueblo pesquero
La Cañada de Urdaneta es uno de los municipios que conforman lo que se considera el área metropolitana de Maracaibo, capital de Zulia, y donde se concentran importantes actividades económicas como la producción de cultivos agrícolas, la ganadería y la pesca a gran escala. Estas características lo convirtieron en tierra fértil para que varias bandas extorsivas centraran su atención allí desde hace más de dos décadas.
Dentro de los sectores más afectados por las extorsiones, la industria camaronera es la que encabeza la lista. De acuerdo con reportes oficiales, una planta de producción que colinda con el Lago de Maracaibo puede llegar a producir en un solo día 90 toneladas de camarones para exportar.
La abundancia trajo problemas. Un propietario de una camaronera que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por temor a represalias dijo que los extorsionistas le piden una colaboración mensual. “Para que trabajes tranquilo, para que no te toque nadie”. Le dijeron, además, que sabían donde tenía la planta, donde guardaba la pesquera y donde vivía.
La víctima detalló que además de llamarlos, las bandas difunden sus fotos en redes sociales para incrementar la presión y obtener el pago, que dependiendo de la actividad económica podría ser desde US$200 hasta US$500 mensuales en promedio. Pero esos son los pequeños productores. Comercios y empresas más grandes han llegado a pagar hasta US$2000 mensuales, según informó a InSight Crime un investigador local.
El comerciante o productor que no acceda a pagar la extorsión se arriesga a que sus sedes u oficinas, su persona, familiares, e incluso empleados puedan ser blancos de ataques. El nivel de violencia ha llegado a tal extremo que se han presentado masacres en contra de pescadores o trabajadores que se nieguen a cumplir las exigencias de las organizaciones criminales.
Ante ello, los empresarios, mayormente los de la industria camaronera, deben invertir grandes cantidades de dinero en seguridad para cuidar sus negocios y trabajadores. Una de sus medidas ha sido contratar a funcionarios de la Guardia Nacional y policías para hacerle frente a estos grupos armados, explicó el camaronero que conversó con InSight Crime.
‘Pueblo fantasma’ y nuevo objetivos
El modo de operar de estas mafias ha impulsado el abandono de comercios y fincas ganaderas en el municipio, explicaron el camaronero y el investigador local a InSight Crime. Pero la violencia no para ahí. Todos sus residentes son víctimas de la violencia y describen a La Cañada como un pueblo fantasma, donde, por ejemplo, los residentes locales evitan pintar sus casas porque al hacerlo podrían entrar en la lista de los extorsionadores.
Y quienes tienen dinero, se van a otros municipios donde mantienen una vida paralela, incluyendo números telefónicos.
“Ellos tienen dos WhatsApp. No dan su número (local). Sus redes sociales son privadas”, relató a InSight Crime un residente quien también pidió permanecer anónimo por seguridad.
Ante la disminución de la vida comercial y el flujo de dinero, las mafias empezaron a buscar nuevos objetivos. Allí, las instituciones educativas entraron en la foto.
“Ya no se salva ningún sector. Las bandas tienen mapeados a todos. Saben quién tiene dinero. Han llegado al nivel de atacar instituciones educativas, a los directivos, a los dueños, incluso a los padres y representantes,” detalló Jorge Govea Cabrera, experto en seguridad en Zulia.
De acuerdo con voceros oficiales, en La Cañada hay 45 centros educativos, de los cuales cuatro son instituciones privadas y han sido el principal objetivo de las amenazas, pues asisten los hijos de las familias con mayor poder adquisitivo.
“Esto ha sido frustrante para nosotros como padres. Estamos enfrentándonos a algo que pensábamos que era intocable”, afirmó a InSight Crime una persona que tiene una hija en Divino Maestro, uno de los colegios extorsionados.
Sobrepoblación de bandas criminales
En la actualidad, al menos siete bandas operan en el municipio de La Cañada de Urdaneta, según entrevistas a residentes, investigadores locales, periodistas y reportes de medios locales. Aún así, todavía no se sabe cuál de ellos es el responsable de extorsionar a las instituciones educativas.
Aunque un representante de estos colegios, quien conversó con InSight Crime, indicó que el responsable sería el grupo de Atencio Coronado, el panfleto que se viralizó entre los padres y representantes fue firmado por LV Oro, un nombre que no se había escuchado previamente en la región.
“Esta persona lo que está haciendo es mantener al municipio en zozobra para hacerse sentir. Mientras otros lo que hacían era cobrar vacuna, este ahora está con las escuelas y la gente no quiere salir,”, denunció un representante de uno de los colegios afectados.
Además, hay muchos otros que tienen experiencia en esa actividad criminal. Dentro de ellos está la banda “El Yiyi,” nombrado por su recién capturado líder, Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Otro es Mauricio José Luzardo Rondón, alias “Mauricio Luzardo”, cuya banda es una de las más activas en la zona actualmente y fue vinculada al asesinato de un concejal en agosto de 2022.
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Entre ambas bandas se ha generado una rivalidad destacada y que no ha tenido límites. Esto fue evidente a mediados de 2023 cuando sicarios asesinaron a dos adultos mayores dentro de su vivienda por ser familiares de Mauricio Luzardo.
En La Cañada también opera el grupo liderado por José Leonardo Atencio Coronado, alias “JL La Burra”, quien sería el nuevo líder de la banda de Los Meleán, según medios locales.
La organización criminal los Meleán, liderada por Antonio Jesús Meleán Vergel, alias “Antonito”, era el actor criminal hegemónico en este pueblo pesquero hace 20 años.
Antonito dominó junto a su familia el hampa de Zulia desde la década de los ochenta y delinquía de forma diplomática, resolviendo las disputas entre criminales y manteniendo la paz por medio de códigos mafiosos. En La Cañada, Los Meleán se enfocaron en los secuestros y robos de vehículos, y preferían no extorsionar a los pequeños comercios.
Tras la muerte de Antonito en 2008, la banda de los Meleán quedó debilitada y fue expulsada de La Cañada por Jhon Gregorio Wade León, “Jhon Wade”, quien empleó la violencia desmedida y creció el número de ataques y muertos por negarse a pagar extorsiones.
Esto lo llevó a estar entre los 10 delincuentes más buscados de Venezuela en 2018 y tener una alerta roja de Interpol.
Jhon Wade falleció ese mismo año en un enfrentamiento con las autoridades y tras su muerte, sicarios que trabajaban para los Meleán intentaron tomar su lugar y empezaron a formar sus propias organizaciones dejando el desorden de ahora.
Estado ausente
Detrás de la multiplicidad de actores criminales de La Cañada hay una marcada debilidad institucional que también ha contribuido en el deterioro de la seguridad local, la violencia y el auge de bandas extorsivas.
Los esfuerzos estatales son esporádicos que poca afectación han logrado sobre las estructuras criminales y los elevados índices delictivos.
El último fue el pasado 20 de febrero, cuando 260 funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), encabezaron un operativo de seguridad para perseguir a las bandas criminales del municipio y asegurar la tranquilidad de los centros educativos asediados por las extorsiones.
“Hemos desplegado un dispositivo especial para la seguridad de todas y cada una de estas entidades educativas”, dijo a medios locales el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, general Henry David Rodríguez Martínez.
Sin embargo, no cambiaron las dinámicas, residentes dijeron a InSight Crime.
“La gente denuncia y no pasa nada,” dijo el experto Govea Cabrera. “El ciudadano percibe que no está siendo debidamente protegido”.
Este accionar se percibe por los residentes de La Cañada como una ausencia de Estado, y ante el desamparo en el que se encuentran, representantes de los colegios amenazados se han planteado la idea de conversar con las bandas para que cesen las extorsiones y sus hijos puedan retomar las clases.
