Aunque fue liberada, Dalila Johana Flores es un símbolo de las arbitrariedades que se están cometiendo bajo el régimen de excepción en El Salvador.
Johana, una joven de 24 años, recuperó la libertad el miércoles 22 de noviembre, después de permanecer 309 días encarcelada e incomunicada. La liberación se produjo cuatro semanas después de que InSight Crime publicara una investigación en la que se demuestra que ni ella ni su familia tienen relación alguna con la Mara Salvatrucha (MS13) o el Barrio 18, los principales objetivos del estado de excepción en El Salvador que, desde el 27 de marzo de 2022, ha supuesto la encarcelación de más de 74.000 personas.
“Líbrese oficio dirigido al director del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas Apanteos, Santa Ana, a efecto de poner en inmediata libertad a la imputada Dalila Johana Flores Flores”, reza el oficio #1768 emitido el 15 de noviembre por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador.
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A pesar de no tener antecedentes de ningún tipo, esta madre de una niña de 3 años fue privada de libertad por la Fuerza Armada, tras dar crédito a una denuncia interpuesta por la familia de un pandillero apodado ‘el Chucky de El Maneadero’, el líder del Barrio 18 Revolucionarios en el cantón de Zacatecoluca donde residen Johana y su familia.
“Los familiares de los verdaderos pandilleros acusaron a mi hija de pandillera”, dijo Maribel Flores, la madre.
Incluso, un investigador de una unidad antipandillas de la Policía Nacional Civil juró ante un notario en junio que Johana y su familia no solo eran inocentes, sino que habían colaborado para desmantelar la clica de la 18 Revolucionarios del cantón, y que por ello los pandilleros los amenazaron e incluso dispararon contra la casa.
A pesar de que este y otros documentos que evidenciaban el error estaban en poder del Estado —la mayoría desde días después de la detención—, no fue hasta la publicación del reportaje que se reconsideró su caso.
“Ya vamos de regreso a El Maneadero, gracias a Dios”, dijo a InSight Crime el padre de Johana, Francisco Flores, cuando trasladaba a su hija desde el penal de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, hasta la vivienda familiar, en La Paz.
“No está tan delgada, gracias a Dios; nosotros hemos cuidado mucho de ella y parece que sí le pasaban los paquetes que le dejábamos”, agregó.
En los días que Johana permaneció encarcelada no pudieron conversar por teléfono con ella o visitarla; ni siquiera la abogada que tuvieron que contratar pudo hacerlo.
Análisis de InSight Crime
Se cuentan por miles los salvadoreños que bajo el régimen de excepción han sido encarcelados sin pruebas, acusados de ser parte de una pandilla. De los más de 74.000 detenidos y acusados de ser pandilleros en 20 meses de vigencia, el Estado ha liberado a unos 8.000, pero distintas organizaciones de la sociedad civil, como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) estiman que al menos otras 15.000 detenciones son casos similares de detenciones injustificadas como la de Johana.
Y es que aunque bajo el régimen de excepción se ha reducido a mínimos históricos la violencia homicida —la tasa proyectada para 2023 es de 3.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en 2015 fue de 106—, las encarcelaciones arbitrarias como la Johana muestran un lado oscuro del régimen que el aparato de propaganda gubernamental se esfuerza en invisibilizar.
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La propia carta de libertad de Johana emitida por el tribunal deja entrever que el problema es estructural: “La presente resolución se emite hasta esta fecha en virtud de la excesiva carga laboral con la que cuenta esta sede judicial, ya que se debe de tomar en consideración la multiplicidad de imputados e imputaciones, así como la pluralidad de partes y diligencias, lo cual vuelve complejo el tiempo que requiere cada uno de los procesos tramitados en este juzgado, no siendo entonces una dilación indebida por parte de este tribunal”.
Consultada sobre este tema, la directora de SJH, Ingrid Escobar, no tiene dudas de que la liberación de Johana se ha dado porque “su caso se dio a conocer mediáticamente, a través de un sólido reportaje periodístico”.
“Es una prueba más”, —dijo Escobar— “de que hay casos que están durmiendo el sueño de los justos, porque es tan grande la mora que hay por el régimen de excepción, el desorden administrativo y la debilidad institucional, que indudablemente hay miles de personas en situación muy parecida a la que sufrió Johana”.
