La historia de Dalila Johana Flores Flores es una entre las miles de detenciones arbitrarias que se han realizado en El Salvador. Una historia que demuestra que, bajo el régimen de excepción, cualquier persona puede ser etiquetada como “terrorista” y encarcelada por meses, incluso cuando hay funcionarios públicos que aseguran que no tiene relación alguna con pandillas.
Johana se convirtió en “terrorista” la mañana del 17 de enero de 2023. Hasta ese día, era una joven de 24 años, sin antecedentes policiales de ningún tipo, madre de una niña de tres años, y que se ganaba la vida moliendo maíz en un molino de nixtamal y preparando la masa para las tortillas que comían casi todos los vecinos del cantón El Maneadero, en Zacatecoluca, La Paz.
Sin embargo, alrededor de las nueve de la mañana de aquel 17 de enero, un grupo de unos 10 soldados se presentó en la casa de la familia Flores. Al mando del pelotón estaba una sargento. Johana molía maíz, como casi todos los días a esa hora.
Los soldados se acercaron de buena manera, y le pidieron el Documento Único de Identidad (DUI). Esa petición sencilla y rutinaria –que se identifique– se ha convertido en el comienzo de miles de dramas desde que la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022.
El objetivo del decreto era detener a los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) y del Barrio 18, grupos criminales que son tipificados por la ley salvadoreña como terroristas y que durante años han atormentado a familias como la de Johana. Sin embargo, bajo ese pretexto, más de 73.000 personas han sido detenidas, muchas de ellas como resultado de llamadas anónimas o de cuotas exigidas a policías y soldados, no como producto de investigaciones serias.
‘Solo para verificar’
Todas las detenciones comienzan con ese simple y rutinario pedido del DUI. Cuando aquella mañana los soldados comenzaron a indagar sobre Johana, su padre, Francisco Antonio Flores Murillo, regresó a la casa. Venía de encerrar unas vacas de su propiedad.
“A mí me extrañó y le pregunté a ella: ‘¿qué pasa?’ ‘El DUI me han pedido’. ‘¿Y por qué?’, le dije yo. ‘A saber’, me respondió”, recuerda Francisco.
Johana siguió moliendo maíz y atendiendo a los vecinos que llegaban por su ‘corita’ (25 centavos de dólar) de masa. Mientras tanto, un grupito de soldados se alejó con el DUI hacia una casa que está a cuadra y media, en la que, según la familia de Johana, viven familiares de uno de los líderes del Barrio18 Revolucionarios en Zacatecoluca, una de las tres pandillas más importantes en El Salvador y uno de los objetivos principales del régimen.
En esa casa, según los familiares de Johana, nació el problema. Con esa familia habían tenido serios encontronazos y Francisco había organizado a la comunidad para enfrentarla. Francisco está convencido de que la información falsa que convirtió a su hija en “terrorista” la brindó la madre de uno de esos líderes del Barrio 18 Revolucionarios en Zacatecoluca, encarcelado desde 2018. Francisco cree que acusó a su hija por venganza.
“Este cantón ha tenido fuerte presencia de pandilleros, y nosotros nos organizamos, tratamos de ampararnos entre nosotros, porque somos siete hermanos”, dijo Francisco.
“Yo pienso que fueron a enseñarle el DUI de mi hija, porque un día antes habían estado los soldados en esa casa, y ahí malinformaron sobre mi hija y más personas, porque conformaron como una pandilla que opera aquí”, dijo Maribel Flores, la madre de Johana.
La ironía la sigue atormentando.
“Los familiares de los verdaderos pandilleros acusaron a mi hija de pandillera”, agregó.
Al rato, la sargento dijo que la llevarían a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Zacatecoluca, “sólo para verificar”.
Francisco trató de impedirlo. Les pidió órdenes de arresto que no tenían. Les entregó el teléfono de Johana, para que lo revisaran, y lo devolvieron porque no hallaron nada sospechoso. En casa lo tienen. El intercambio de palabras fue tenso, pero cordial.
“Mire –le dijo Francisco a la sargento–, yo que conozca, eso es mentira…Así se están llevando los soldados a la gente de este y otros cantones de alrededor, con engaños, y cuando llegan a la delegación, ya no la dejan salir. Mi hija, le digo yo, no tiene ningún vínculo con pandillas”.
Pero la decisión estaba tomada. El pelotón esperó a que Johana terminara de moler, a que se bañara, y luego se la llevaron en un pick-up blanco que la Fuerza Armada tenía asignado. Lo guardan en el puesto militar ubicado junto al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca –conocido como ‘Zacatraz’ en alusión a la mítica cárcel ya cerrada de San Francisco, California–, que está a poco más de seis kilómetros de El Maneadero.
Francisco agarró en brazos a su nieta y pidió ir con ellos. Maribel, que había salido a Zacatecoluca por unos mandados, se presentó en la delegación policial, pero todo fue demasiado rápido. En cosa de 15 o 20 minutos, relató Maribel, una policía les informó lacónica que quedaba detenida “por agrupaciones ilícitas”, la designación con la que se ha encarcelado a la mayoría desde que comenzó el régimen.
Hubo quejas y uno que otro grito, pero ni siquiera les dejaron despedirse, y hasta los amenazaron con detenerlos a ellos también.
Aquella misma tarde, Johana fue enviada al Centro Penal Apanteos, en Santa Ana, un departamento fronterizo con Guatemala, y pasó la noche en su nueva condición de “terrorista”.
Los defensores de Johana
Desde el día de la detención, la familia ha hecho hasta lo imposible por dar a conocer el caso. Los documentos exculpatorios que respaldan este reportaje los presentaron en la audiencia inicial o en gestiones judiciales posteriores; han contratado a una abogada; narraron su desgracia a un periodista de El Diario de Hoy; han hablado con organizaciones que velan por los derechos humanos; han acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; han asistido a marchas y hasta han escrito una carta al Presidente Bukele, que hicieron llegar a la casa presidencial.
Un veterano agente de la Fuerza Especializada de Reacción de la PNC, una unidad antipandillas creada en 2016, juró ante notario que durante tres años investigó la presencia de pandillas en el cantón El Maneadero, donde viven Johana y su familia, y concluyó que son “personas honradas y trabajadoras, respetuosas con toda clase de autoridad”.
El agente policial incluso corroboró la historia de Francisco y Maribel, de que la familia “fue víctima de amenazas y extorsiones” de parte del Barrio 18 Revolucionarios, y que la vivienda familiar fue tiroteada porque los pandilleros sospechaban que Maribel era informante de la PNC.
Además de la declaración jurada del agente de la Fuerza Especializada de Reacción, también consiguieron múltiples testimonios de funcionarios y miembros de la comunidad que confirman que ella no tiene relación alguna con pandillas.
El director del Centro Escolar Cantón El Maneadero, Giovanni Ayala, firmó y selló un documento en el que “da fe” de que Johana es “una persona amable, honesta y de buenos principios, la cual realizó sus estudios de primero a noveno grados”.
El responsable local de la Renovación Carismática Católica, Juan Carlos Barahona, también firmó y selló una constancia en la que define a Johana como “una persona muy entregada y servidora de nuestra congregación católica”, y que toda su adolescencia formó parte del coro.
Y hasta un alcalde de Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, defiende en una carta membretada la inocencia de Johana.
“He conocido de ella desde que era una niña y siempre ha sido una persona dedicada al hogar y al estudio”, dijo Nicolás Antonio García Alfaro, alcalde de Tecoluca.
Pero Johana sigue detenida. Suma ya más de nueve meses encerrada en Apanteos.
Nadie de la familia, ni siquiera la abogada, ha conversado con ella desde que se la llevaron. Lo último que supieron es que la tienen en el Sector 3 del penal santaneco, un área especialmente dura, con acceso muy limitado al agua, según los familiares.
Miles de inocentes encarcelados
Según las estimaciones de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), organización que brinda apoyo legal, psicológico y médico a las víctimas del régimen, Johana es apenas una entre 15.000 inocentes todavía encerrados.
“Y todos los días siguen llegándonos de 10 a 15 casos nuevos de personas cuyos familiares no habían buscado apoyo porque todavía tenían, digamos, la idea de dejar las cosas a la voluntad de Dios, o que confiaban un poco en el sistema”, dijo Ingrid Escobar, directora de SJH.
“Sólo nosotros tenemos registrados unos 1.500 casos de inocentes, con nombre y apellidos, de los que sólo han liberado a 33”, añadió Escobar.
Además de SJH, otras entidades que llevan registros son Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica (Idhuca), Tutela Legal Dra. María Julía Hernández, el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
“Nosotros creemos que son inocentes todos los detenidos que aún no han sido condenados, después de hasta un año y medio de investigación”, dijo Samuel Ramírez, representante de MOVIR.
Escobar añadió: “Los inocentes detenidos durante el régimen de excepción son por lo menos el 30%”.
El 30% de los 73.271 que la PNC dice haber capturado hasta el 30 de septiembre de 2023 se traducen en más de 22.000 personas.
En torno a las detenciones, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo el 22 de agosto en una entrevista en televisión que para esa fecha ya eran “un poco más de 7.000 los que han sido liberados de estos más de 72.000” detenidos.
“El sistema de justicia está funcionando”, añadió en la misma entrevista el ministro.
El musculoso aparato de propaganda gubernamental sigue resaltando los avances en el combate a las pandillas, en un tono triunfalista también parcialmente desmedido.
A la vez, invisibiliza las detenciones arbitrarias. En el discurso oficial ni siquiera han restado los 7.000 inocentes liberados hasta agosto; la Administración Bukele sigue hablando de más de 73.000 “terroristas” detenidos.
Calvario también para la familia
El lunes 2 de octubre, la familia de Johana llevó hasta la cárcel de Apanteos el paquete con alimentos y productos de higiene. Fueron Francisco, Maribel y dos hermanas. El cantón El Maneadero está tan refundido que les toca alquilar un pick-up, salir de madrugada para regresar noche.
La visita es uno de los múltiples gastos que la familia ha tenido que asumir desde la detención de Johana. El pago de la abogada, las idas y vueltas por los papeleos, la transferencia económica vía Centros Penales (que hacen religiosamente, pero que no saben si se la dan a su hija) y muchos otros gastos más.
“Nos está costando 525 dólares mensuales, un dinero que es como si me lo estuviera robando el gobierno”, dijo Maribel con rabia contenida.
Los gastos los asumen dos hermanos de Johana y la pareja y padre de su hija, quienes migraron a Estados Unidos y mandan remesas. Sin ese apoyo no tendrían cómo hacer frente a los gastos derivados de la detención arbitraria.
Mientras tanto, la hija de Johana, quien no ha visto a su mamá desde aquella mañana del 17 de enero, cumplió cuatro años en septiembre.
Francisco y Maribel tienen seis hijos y cinco nietos. Un afiche de metro y medio del recién canonizado santo, monseñor Óscar Arnulfo Romero, preside la sala principal de la casa.
“Si ya para los padres de familia está siendo muy difícil desde la parte psicológica, no se imaginan lo complejo que resulta el trabajo con los niños”, dijo German Cerros, psicólogo del Equipo de Procesos de Justicia del Idhuca.
El día que viajaron al centro penitenciario para entregar el paquete tampoco pudieron ver a Johana, mucho menos hablar con ella.
“Nosotros tenemos la esperanza de que todavía esté viva”, dijo Francisco.
