Una ola de amenazas y asesinatos contra políticos y policías en Chile evidencia cómo el crimen organizado apunta cada vez más contra funcionarios públicos, lo que plantea un desafío para la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 27 de septiembre en Santiago, la capital del país. En un procedimiento policial de rutina en la comuna de Lo Espejo resultó asesinado el carabinero Cristopher Andrés Aguilera Fernández. El uniformado realizaba controles vehiculares en el barrio Las Dunas cuando se encontró con un grupo de personas en la vía pública y se desató un tiroteo. Las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento son materia de investigación.

El presunto autor de los disparos, Brayan Farías Díaz, un ciudadano venezolano de 29 años, murió durante el ataque. Farías había sido detenido a comienzos de este año durante un operativo en una fiesta clandestina donde las autoridades encontraron drogas y armas, y posteriormente quedó en libertad.

Semanas antes, la policía informó que había descubierto un plan para asesinar al alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, en la Región Metropolitana. El plan habría salido a la luz durante la búsqueda de Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, y habría sido organizado por una banda criminal local.

Flores Valenzuela escapó de prisión en febrero de este año, mientras cumplía una condena a cadena perpetua por el feminicidio de su expareja. Fuentes cercanas a la investigación interpretaron el presunto plan contra White como una represalia por las medidas que el alcalde había impulsado contra grupos criminales.

VEA TAMBIÉN: Chile se enfrenta a la violencia extrema de bandas

Este año, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, también fue objeto de amenazas de muerte tras la demolición de viviendas vinculadas al microtráfico. Por su parte, Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, denunció amenazas después de impulsar varias intervenciones municipales en la comuna. Tanto Concha como Reyes han sido amenazados en otras ocasiones y cuentan con esquemas de protección estatal.

En total, el número de alcaldes de la Región Metropolitana bajo protección estatal se duplicó, al pasar de cuatro a ocho desde julio de 2024, según la Fiscalía. Además, de acuerdo con El País, 17 de los 52 alcaldes de la región habrían recibido amenazas de muerte.

Los funcionarios policiales y judiciales tampoco han escapado a esta tendencia. En 2023 y 2024, dos policías fueron asesinados por grupos vinculados al Tren de Aragua, según información policial. Los investigadores identificaron a uno de los sospechosos del asesinato del carabinero Alejandro Ortiz Vásquez como integrante del Primer Comando Capital (PCC). Por su parte, la Fiscalía informó, en septiembre, que 18 fiscales cuentan con protección especial debido a amenazas.

¿Qué grupos están detrás de las amenazas y los ataques?

Las autoridades sostienen que los funcionarios públicos se han convertido cada vez más en objetivos de los grupos criminales porque obstaculizan el control que estas organizaciones buscan ejercer sobre mercados ilícitos y territorios. Sin embargo, las amenazas también ponen a prueba la capacidad del Estado para mantener su autoridad, pues pueden reducir la disposición de policías, fiscales y autoridades locales a enfrentar a los grupos criminales cuando se sienten vulnerables.

“El punto de inflexión ocurre cuando una organización adquiere la capacidad efectiva de influir en el comportamiento, imponer reglas o determinar lo que el Estado o la comunidad pueden o no pueden hacer dentro de un territorio determinado”, explicó a InSight Crime Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián.

VEA TAMBIÉN: Cómo los grupos criminales transnacionales alimentan la violencia en Chile

Las amenazas provienen tanto de organizaciones criminales transnacionales como de bandas locales chilenas.

Una facción del Tren de Aragua conocida como “Los Gallegos”, que cuenta con tentáculos en la cárcel de Arica, planeó instalar un coche bomba frente a un tribunal de esa ciudad en diciembre de 2024. Según la Fiscalía, el ataque habría sido una represalia por la condena de 34 de sus integrantes el mes anterior y posiblemente buscaba facilitar una fuga de prisión. Durante la investigación, las autoridades encontraron conversaciones en grupos de mensajería que también evidenciaban que los miembros de estas organizaciones habían recopilado información personal de fiscales y jueces.

Una respuesta estatal insuficiente

Los primeros meses de la presidencia de Kast han estado marcados por una reestructuración de la respuesta estatal frente al avance del crimen organizado en Chile.

A diferencia de buena parte de los países de América Latina, Chile no tiene una larga trayectoria enfrentando organizaciones criminales con el nivel de violencia y capacidad de expansión que caracteriza a algunas de las que operan actualmente en la región.

En agosto, pocos meses después de asumir la presidencia, Kast presentó su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa contempla un amplio paquete de medidas, entre ellas una reforma constitucional para fortalecer las capacidades del Estado en la investigación, captura y condena de integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, la propuesta no aborda las causas estructurales de la actual crisis de seguridad en el país, según advirtió el académico Claudio Fuentes en declaraciones a DW.

En agosto también entró en vigor una ley que fortalece los Consejos Comunales de Seguridad Pública y crea comités operativos de coordinación en el ámbito local. Estas instancias acercan a los alcaldes a los espacios donde el Estado enfrenta los mercados ilícitos y las disputas por el control territorial.

No obstante, los alcaldes siguen excluidos del artículo 391 bis del Código Penal, que tipifica la conspiración para asesinar a jueces, fiscales, defensores públicos, policías y funcionarios penitenciarios por motivos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Tras la investigación sobre las amenazas contra el alcalde White, se presentaron dos proyectos de ley para cerrar este vacío legal.

Pablo Zeballos, director de Proyectos para el Cono Sur de IBI Consultants e integrante del consejo asesor de expertos del Ministerio de Seguridad, coincide con Toledo en que el factor determinante es la capacidad del Estado para actuar después de recibir una amenaza, mediante investigaciones e intervenciones territoriales.

Imagen principal: Estado de Chile (Wikimedia Commons, CC BY 3.0 CL); Marcellablues (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0); Associated Press (AP).