La captura en Guatemala de un narcotraficante condenado en Estados Unidos ilustra cómo, ante las grandes figuras del narcotráfico, la justicia estadounidense puede ser un tigre de papel que pasa por alto las peores atrocidades.

Horst Walther Overdick, alias “El Tigre”, fue capturado el 5 de noviembre en Cobán, capital de Alta Verapaz, donde él y su pandilla, conocida como “Los Tigres”, presuntamente traficaban drogas, según el Ministerio Público de Guatemala. Para el 7 de noviembre, ya habían sido capturados cuatro integrantes del grupo.

Overdick ya había cumplido una pena de prisión por tráfico de droga. Fue capturado en Guatemala en 2000 y nuevamente en 2002. Pero su captura más conocida ocurrió en abril de 2012. La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de narcotráfico y, en diciembre de ese mismo año, fue extraditado a Estados Unidos para responder por esos cargos.

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La captura y la extradición ocurrieron apenas unos meses después de que InSight Crime publicara una investigación sobre los vínculos de Overdick con Los Zetas, un grupo criminal con base en México. La alianza entre Overdick y Los Zetas había sembrado el terror en Guatemala con una serie de asesinatos y masacres. En una de ellas, mutilaron a 27 trabajadores agrícolas y dejaron un mensaje amenazante para el propietario en las paredes blancas de su finca.

Aunque a Overdick no se le vinculó directamente con la masacre, el caso acaparó titulares en todo el mundo. En los meses siguientes, varios miembros de Los Zetas fueron capturados o huyeron del país, y el grupo perdió poder. En esa misma época, Overdick fue capturado y luego extraditado.

De aliado de Los Zetas a condenado en libertad

La acusación formal presentada en Estados Unidos en 2012 señalaba que Overdick había traficado drogas “desde al menos 1999 hasta aproximadamente 2011, inclusive”. La acusación incluía además un cargo relacionado con armas. Los dos cargos conllevaban una pena máxima de cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 15 años. Sin embargo, Overdick quedó en libertad en abril de 2019, tras poco más de seis años de permanencia en prisión.

No está claro por qué quedó en libertad. Overdick se declaró no culpable en la única audiencia que consta en el expediente, pero la mayoría de los demás documentos judiciales están bajo reserva. Esto es habitual en los casos en que los acusados cooperan con las autoridades y luego obtienen lo que se conoce en inglés como downward departure, es decir, una reducción de la pena. El fiscal a cargo del caso, que desde entonces se retiró del servicio público, no respondió a los intentos de contactarlo.

Cómo los acuerdos de cooperación reducen las condenas por tráfico de drogas

Estas salidas de prisión son habituales entre los narcotraficantes condenados, sobre todo entre los cabecillas que tienen mucha información que ofrecer. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, durante los años en que Overdick estuvo preso, cerca del 97% de los acusados en causas federales por delitos de drogas se declararon culpables. De ellos, alrededor de una cuarta parte obtuvo una reducción de su condena al amparo de la disposición 5K1.1, que exige prestar “asistencia sustancial a las autoridades”. Muchos otros consiguieron reducciones al cooperar después de recibir su sentencia, en su mayoría en virtud de la Regla 35(b), que permite seguir evaluando su colaboración en audiencias especiales.

Los narcotraficantes guatemaltecos que regresaron al país tras ser extraditados

Entre los guatemaltecos que se beneficiaron de estos acuerdos figura Otoniel Turcios, quien trabajó con Overdick y fue condenado dos veces en Estados Unidos. Lo capturaron en 1994 y en 1997 se declaró culpable de traficar drogas. La justicia dio por cumplida su condena con el tiempo que ya había pasado en prisión. Turcios regresó a Guatemala y retomó sus actividades ilícitas hasta que lo capturaron de nuevo en 2010, esta vez en Belice. Las autoridades beliceñas lo expulsaron a Estados Unidos, donde Turcios, que ya conocía bien el sistema judicial, volvió a colaborar con las autoridades. En 2015, quedó en libertad y regresó a Guatemala.

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Otro caso es el de Otto Herrera, un narcotraficante que operaba desde Guatemala. Fue detenido en Colombia en 2007, extraditado a Estados Unidos en 2008 y puesto en libertad en 2013, tras pasar por una prisión federal. También figuran Marllory Chacón, quien lavó dinero a gran escala y cuya condena se redujo de 12 a 5 años, y Hayron Borrayo Lasmibat, un lavador de dinero vinculado a Los Zetas que fue capturado en Francia y cumplió cuatro de los ocho años de su condena.

La cadena perpetua de “El Mayo” y los acuerdos judiciales de su familia

En otros países se han dado casos similares. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció en julio la condena a cadena perpetua de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa, su hermano y tres de sus hijos ya estaban fuera de custodia estadounidense. Los cuatro habían sido detenidos y procesados, y al menos dos de ellos habían recuperado la libertad tras llegar a acuerdos con el mismo departamento.

“Es repugnante”, dijo a InSight Crime un exagente de las fuerzas de seguridad que pasó gran parte de su carrera trabajando en América Latina, al referirse a las importantes reducciones de condena. “Y vergonzoso”.

De hecho, el exagente, que pidió mantener el anonimato porque sigue colaborando con las fuerzas del orden, afirmó que estos casos son frecuentes. Durante su estancia en Colombia, por ejemplo, vio regresar de Estados Unidos a numerosos narcotraficantes de alto nivel tras cumplir condenas relativamente cortas.

“Vi a muchas personas ser extraditadas dos veces”, agregó.

El DOJ no respondió a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, quienes defienden el sistema podrían señalar que los testimonios de estos y otros narcotraficantes han contribuido a conseguir condenas de alto perfil, como la de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y Jesús Zambada García, alias “El Rey”, hermano de “El Mayo”, testificaron contra “El Chapo”, quien fue condenado en 2019 y cumple cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado.

En Guatemala, la cooperación de Chacón parece haber ayudado a las autoridades estadounidenses a capturar a Borrayo.

Pero aunque la información que aportan quienes cooperan permite abrir más procesos por tráfico de drogas en los tribunales estadounidenses, rara vez ayuda a esclarecer los asesinatos, las masacres y las desapariciones que dejaron a su paso en América Latina. Las víctimas de esos crímenes no tienen voz en esos acuerdos.

Paramilitares colombianos: cargos por narcotráfico, pero no por homicidio

Colombia, de hecho, podría ser el país que concentra a más exconvictos que fueron extraditados y posteriormente regresaron tras cumplir sus condenas. Algunos de ellos, como Overdick, estuvieron vinculados con atrocidades generalizadas. Por ejemplo, a finales de la década de 2000, Colombia extraditó a decenas de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar que durante décadas combatió a las guerrillas de izquierda y traficó cientos de toneladas de cocaína.

Pese a las numerosas masacres de civiles y otras violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia, ninguno de estos jefes de las AUC enfrentó cargos por homicidio en Estados Unidos. Los acusaron de narcotráfico y la mayoría se declaró culpable y luego cooperó con las autoridades.

InSight Crime analizó 30 casos de las AUC en Estados Unidos a partir de los datos de un proyecto de la Universidad de California en Berkeley que les dio seguimiento. El análisis mostró que los jefes paramilitares recibieron condenas de poco más de 12 años de prisión y cumplieron poco menos de nueve, en promedio. Por su parte, un análisis de The New York Times, publicado en 2017, señaló que los jefes paramilitares habían cumplido un promedio de siete años y medio de prisión, sin precisar cuántos casos examinó.

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Entre quienes recuperaron la libertad tras cumplir condenas relativamente cortas figura Hernán Giraldo Serna, conocido como “El Taladro”, un apodo que recibió por haber violado sistemáticamente a numerosas mujeres en la región del norte de Colombia donde ejercía su dominio. Según la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, Giraldo fue liberado el 4 de enero de 2021, después de permanecer bajo custodia estadounidense durante casi 13 años. Tras regresar a Colombia, fue acusado de abuso sexual de menores.

“El sistema no hizo justicia”, dijo Roxanna Altholz, profesora de derecho en la Universidad de California en Berkeley, quien representó a víctimas de los paramilitares como directora adjunta de la clínica jurídica de esa universidad.

Altholz, quien dirigió el proyecto de Berkeley citado anteriormente, dijo a InSight Crime que los expedientes estaban bajo reserva y que los fiscales impidieron que las víctimas y sus representantes se entrevistaran con los jefes paramilitares para obtener información sobre las atrocidades.

“Nunca supe de un caso en que las víctimas recibieran una indemnización o conocieran la verdad”, dijo. “Y cuando uno mira las penas, se da cuenta de lo desigual que es el sistema de justicia”.

Steven Dudley is the co-founder and co-director of InSight Crime and a senior research fellow at American University’s Center for Latin American and Latino Studies in Washington, DC. In 2020, Dudley...