Perfil de Guatemala

Las organizaciones criminales de Guatemala se encuentran entre las más sofisticadas de Centroamérica. Algunas llevan décadas operando e incluyen antiguos miembros del ejército, agencias de inteligencia, miembros activos de la policía, funcionarios públicos y narcotraficantes.

Las redes de corrupción incrustadas en el Estado siguen fortaleciendo su control para facilitar la corrupción y la impunidad. Los esquemas de corrupción se basan en gran medida en la distribución de los recursos del gobierno para obtener beneficios económicos o crear alianzas políticas.

El narcotráfico ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares del crimen organizado guatemalteco. Con el tiempo, los clanes familiares que tradicionalmente se encargaban del transporte de drogas hacia el norte han dado paso a redes más pequeñas y discretas de operadores logísticos. Pero el crimen organizado guatemalteco también se dedica al cultivo de marihuana, amapola y coca, así como a la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el blanqueo de dinero, el contrabando de armas, la trata de personas, los delitos contra el medioambiente y otras actividades ilegales. A menudo trabajan con grupos criminales de México, Colombia y otros países centroamericanos.

En este perfil:

• ¿Cómo favorece la geografía de Guatemala al crimen organizado? 
• ¿Cómo es la historia del crimen organizado en Guatemala? 
• ¿Cuáles son los principales grupos criminales de Guatemala?
• ¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de Guatemala?
• ¿Cómo es el sistema judicial de Guatemala?
• ¿Cómo es el sistema penitenciario de Guatemala?

¿Cómo favorece la geografía de Guatemala al crimen organizado? 

Guatemala tiene 400 kilómetros de costa con salida al mar Caribe y al océano Pacífico, desde donde recibe y despacha gran parte del contrabando que entra y sale del país. El interior montañoso, combinado con las vastas extensiones de selva escasamente pobladas del norte, lo convierten en un territorio ideal para el almacenamiento y tránsito de drogas y otros tipos de contrabando.

Guatemala es un punto de conexión clave entre Centroamérica y Norteamérica ya que comparte frontera con México, Belice, Honduras y El Salvador. Al norte y occidente mantiene una extensa frontera con México, de aproximadamente 960 kilómetros, que la conecta directamente con Chiapas, Tabasco y Campeche.

El clima y el terreno variados de Guatemala también lo convierten en un lugar idóneo para diversos cultivos ilícitos. La marihuana se cultiva a lo largo del país y las autoridades han descubierto cantidades sustanciales de cultivos de amapola en zonas de gran altitud, especialmente cerca de la frontera occidental con México.

A partir de 2018, las fuerzas de seguridad han descubierto plantaciones de coca cada vez más grandes escondidas en las montañas de las provincias del noreste del país —sobre todo Izabal, Petén y Alta Verapaz—. La zona de Petén constituye un corredor estratégico por ser un área de cerca de 3,58 millones de hectáreas difícil de controlar y con amplias zonas selváticas de baja presencia estatal.

Petén también enfrenta la explotación de sus recursos mediante dinámicas como la “narcoganadería”, en la que estructuras criminales utilizan la expansión ganadera en áreas protegidas como mecanismo de lavado de dinero, control territorial y deforestación.

¿Cómo es la historia del crimen organizado en Guatemala?

Los problemas de violencia, delincuencia, corrupción e impunidad de Guatemala tienen su origen en un Estado históricamente débil, prolongados períodos de regímenes militares o injerencia de las fuerzas armadas en la política y una desigualdad económica, social y cultural profundamente arraigada. Este país, uno de los más grandes de Centroamérica, ha tenido durante mucho tiempo una de las distribuciones de recursos y capital más desiguales del mundo, concentrando la riqueza en manos de una pequeña élite. La población indígena, que representa casi el 38,8%  de Guatemala, ha sido sistemáticamente marginada social y políticamente desde la época colonial. Estos grupos han tenido dificultades para formar un movimiento político cohesionado y se han enfrentado durante años a la represión por parte de las fuerzas militares y policiales de Guatemala.

Durante gran parte de su historia, el régimen político de Guatemala fue similar al apartheid de Sudáfrica. Las élites blancas intentaron mantener los sistemas establecidos de control de los medios de producción económica a expensas de la mayoría de la población. Al mismo tiempo, estos intereses de élite han intentado mantener la debilidad del Estado en cuanto a su capacidad para ejercer control sobre su riqueza. Aunque Guatemala ha tenido algunas instituciones fuertes, en particular el ejército, nunca pudo establecerse un gobierno central y un Estado fuerte. El gobierno está sistemáticamente endeudado, en parte por sus dificultades para recaudar impuestos y por el desinterés de la élite económica en reformar los códigos fiscales y legales que velan por sus intereses.

En el último cuarto de siglo, Guatemala ha sido testigo de cambios políticos y de modernización institucional, así como del retorno a la democracia tras un largo período de gobierno mayoritariamente militar y de la promulgación de una nueva constitución en 1985. Sin embargo, el modelo que el gobierno utiliza como herramienta para promover intereses privados ha sido difícil de romper. Las disputas más visibles en Guatemala se han centrado en las zonas rurales, donde las luchas por la tierra y los conflictos laborales sentaron las bases de los movimientos de resistencia política y del conflicto armado interno que comenzó en 1960, cuando el gobierno militar sofocó una rebelión de un pequeño grupo de jóvenes oficiales del ejército. Los oficiales, que declararon que el gobierno era corrupto, huyeron al campo y a las montañas e iniciaron una insurgencia.

La guerra civil de 36 años que siguió a la insurrección de 1960 dio lugar a la formación de varias organizaciones guerrilleras de izquierda. Sin embargo, estos grupos no consiguieron imponerse de forma significativa. En lugar de ello, el ejército guatemalteco utilizó el ascenso de los guerrilleros como pretexto para extender su poder e influencia sobre un Estado débil y corrupto. Parte de la estrategia militar incluía la creación de milicias civiles. Conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estos grupos se utilizaron para controlar y reprimir a las poblaciones, en su mayoría rurales, que formaban el núcleo de los grupos de izquierda. Los combates dejaron un saldo estimado de 200.000 muertos y desaparecidos y más de un millón de guatemaltecos desplazados, la mayoría de ellos pertenecientes a poblaciones indígenas rurales. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), una comisión de la verdad de las Naciones Unidas que empezó a trabajar en 1997 tras la firma de los acuerdos finales de paz entre el gobierno y los insurgentes, concluyó que el gobierno y las PAC eran responsables de la gran mayoría de estas muertes, “desapariciones” y desplazamientos.

Durante la guerra, las organizaciones criminales —incluidas pequeñas bandas de traficantes de personas, narcotraficantes y contrabandistas— operaron bajo las sombras. La mayoría eran operaciones familiares que surgieron cerca de los pasos fronterizos, los puertos o en las selvas despobladas del norte del país. Eran una preocupación secundaria y a menudo prestaban servicios a todos los bandos del conflicto, especialmente a medida que los oficiales militares y las unidades de policía se involucraban más en el crimen organizado. Estos actores estatales empezaron con pequeñas tramas de corrupción, pero pronto se expandieron hacia el narcotráfico. A principios de la década de 1980, había miles de pistas de aterrizaje clandestinas, la mayoría en la provincia septentrional de Petén. Las fuerzas de seguridad del Estado facilitaban a menudo el movimiento de mercancías ilegales, que en gran medida se dirigían hacia Estados Unidos. Los militares y policías también empezaron a controlar las grandes redes de tráfico de armas. Estas redes suministraban armas a todos los grupos armados ilegales de la región, incluidos los grupos insurgentes guatemaltecos y salvadoreños.

El proceso de paz entre el gobierno y la coalición de grupos insurgentes, conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no resolvió ninguno de los problemas centrales que dividen a este país. Los acuerdos reales estaban vinculados a un referéndum constitucional, que no fue aprobado. La nueva fuerza policial incluía a 11.000 miembros de la antigua policía. Los militares, que se redujeron a 44.000 y más tarde a 31.000 efectivos, fueron llamados para ayudar a la policía en cuestiones de orden público. Pero con escaso entrenamiento y un mandato disminuido, el ejército no pudo controlar la espiral de delincuencia. Esto, unido a las repatriaciones masivas de migrantes centroamericanos desde Estados Unidos, incluidos cientos de presuntos delincuentes y miembros de pandillas, hizo que Guatemala, junto con sus vecinos, se enfrentara a una crisis de seguridad que quizá fue peor que cualquier otro momento de la guerra civil.

Aprovechándose de una población hambrienta y dividida, además de un Estado débil y corrupto, los principales grupos delictivos que operan en Guatemala se dedican a innumerables actividades ilícitas. La más disruptiva es el tráfico de drogas. Los grupos que controlan este comercio son conocidos popularmente como “transportistas”. Son remanentes de los comerciantes de contrabando que durante décadas han movido productos ilícitos por el territorio guatemalteco, en gran medida sin presencia estatal. 

Entre ellos se encuentran las familias Mendoza,  Lorenzana, Ortiz López y León, cada una de las cuales controlaba zonas estratégicas cerca de las fronteras y mantenía fuertes contactos con las fuerzas de seguridad y los círculos políticos.

Los clanes familiares fueron desmantelados en gran medida en la década de 2010 por las autoridades guatemaltecas y socios internacionales, dejando un puñado de grupos más pequeños y menos conocidos que se han establecido en zonas estratégicas fronterizas con México, Honduras y El Salvador. Estas redes más pequeñas suelen buscar alianzas con alcaldes y agentes de seguridad en sus zonas de influencia. Los grupos más grandes que sobrevivieron a la agresión estatal en la década de 2010, en particular la red de los Huistas en la provincia occidental de Huehuetenango, han forjado vínculos estratégicos con políticos de alto nivel para proteger sus operaciones.

Los transportistas mueven productos para grupos criminales más grandes, en su mayoría organizaciones de tráfico de drogas colombianas y mexicanas. Ante la presión en su propio país, las organizaciones mexicanas intentaron establecerse firmemente en Guatemala; dos grupos en particular, los Zetas  y el Cartel de Sinaloa. El avance de los Zetas en Guatemala fue rápido y violento. En un momento dado, habían establecido cierto nivel de control sobre casi todos los lugares estratégicos del narcotráfico en el país y se habían infiltrado en las autoridades de más alto nivel. 

Sin embargo, el poder de los Zetas alcanzó su punto álgido en 2011 y 2012, y una serie de golpes contra su organización, tanto en Guatemala como en México, hicieron que su control se debilitara y acabara desapareciendo. Por su parte, el Cartel de Sinaloa, que prefirió forjar alianzas en vez de utilizar la táctica de violencia extrema de los Zetas, sigue atrincherado en el comercio ilícito del país y tiene acceso a una amplia red de operadores criminales locales. El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha seguido un camino similar, asociándose con transportistas guatemaltecos en los últimos años para reforzar las rutas de suministro a través de Centroamérica.

Las organizaciones de narcotráfico son sólo una faceta del crimen organizado en Guatemala. El secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la trata de personas y los delitos contra el medioambiente (tráfico de madera, pesca ilegal, etc.) también se han consolidado en el país. Las razones van más allá del fracaso de los acuerdos de paz o de la incapacidad del gobierno para poner en marcha una reforma fiscal. En el centro de esta crisis se encuentra la incapacidad de los líderes políticos y funcionarios de seguridad para introducir y llevar a cabo reformas fundamentales de los sistemas jurídico, judicial y de seguridad, así como la incapacidad para procesar a los militares, funcionarios de seguridad y gubernamentales corruptos que tratan activamente de socavar las instituciones del Estado con el fin de perpetuar los sistemas delictivos y fomentar la impunidad.

Tanto los militares activos como los retirados son una parte clave de las redes ilícitas integradas en el Estado, denominadas colectivamente como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS tienen sus raíces en el conflicto civil guatemalteco, pero sus miembros se han diversificado con el tiempo a medida que estas redes se han ido adentrando en la política.

Una policía permisiva y a menudo cómplice también impulsa el crimen organizado en Guatemala. Con salarios bajos, entrenamiento insuficiente y a menudo enfrentados a la corrupción o a la muerte, muchos oficiales de policía eligen la primera. En algunos casos, se han producido enfrentamientos entre diferentes secciones de la policía empleadas por organizaciones criminales rivales. Su función principal es ayudar al transporte de drogas, pero también participan en el robo de la misma —llamados “tumbes”—, extorsiones, secuestros, tráfico de armas y redes de adopción ilegal. A pesar de algunas detenciones de alto nivel, la corrupción policial continúa.

Los homicidios alcanzaron su punto máximo a finales de la década de 2000, cuando Guatemala figuraba entre los países más violentos del mundo, pero cayeron de forma sostenida durante la década siguiente. Desde 2020, el país ha registrado un repunte moderado de la violencia, con una tasa de homicidios que llegó a 17 por cada 100.000 habitantes en 2025. 

 ¿Cuáles son los principales grupos criminales de Guatemala?

Guatemala cuenta con una multitud de grupos criminales que van desde los más sofisticados a los más rudimentarios. Entre ellos se encuentran antiguos y actuales miembros de las fuerzas de seguridad y la policía, así como contrabandistas, tratantes de personas y algunas organizaciones de narcotraficantes mexicanas y colombianas que llevan mucho tiempo en el país. Todos estos grupos colaboran estrechamente con sectores del gobierno que facilitan sus negocios. Comparten un interés activo en mantener las instituciones del Estado débiles y en deuda con sus intereses.

La influencia tras bastidores de los CIACS en el gobierno ha llevado a algunos a considerarlos los “poderes ocultos” que dirigen el país. Las redes de los CIACS también han dirigido sofisticadas tramas delictivas, como el contrabando y el fraude aduanero. Estas élites militares alcanzaron la cima de su poder entre 1997 y 2005, pero se dividieron en varios grupos más pequeños después de que se creara la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisión anticorrupción respaldada por la ONU, con la intención explícita de desmantelarlas. No obstante, siguen siendo poderosos actores del submundo criminal y mantienen estrechos vínculos con los partidos políticos. Entre los presuntos miembros de los CIACS se encuentra el expresidente de Guatemala y exgeneral Otto Pérez Molina, condenado a ocho años de prisión en 2023 tras declararse culpable de blanqueo de capitales, fraude y corrupción.

Con el tiempo, actores políticos sin vínculos con las élites militares o tradicionales han entrado en escena. Burócratas de nivel medio, representantes en el Congreso, alcaldes y empresarios manejan cada vez más esquemas de corrupción basados en el intercambio de recompensas gubernamentales —especialmente contratos estatales y nombramientos ministeriales— por sobornos. Las redes también establecen alianzas en el sector judicial para eludir indagaciones no deseadas sobre sus actividades.

Los clanes guatemaltecos de la droga también posicionan a sus aliados en el gobierno para blindar sus operaciones y asegurarse contratos de obras públicas que sirven de vehículo para el blanqueo de dinero. Esta relación ha desdibujado la línea que separa la política del narcotráfico; funcionarios del Congreso y alcaldes representan ahora a algunos de los actores más importantes del negocio.

Además, dos de las pandillas callejeras más conocidas de América, la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18 , tienen una fuerte presencia en Guatemala. Estas pandillas sobreviven principalmente de la extorsión a gran escala en los barrios urbanos pobres.

 ¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad de Guatemala?

Las fuerzas de seguridad de Guatemala están encabezadas por la Policía Nacional Civil (PNC), bajo el Ministerio de Gobernación, que tiene a su cargo la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la respuesta operativa frente a pandillas, extorsión y crimen organizado.

El Ejército, dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional, está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Aunque su tamaño y presupuesto se redujeron considerablemente tras el fin de la guerra civil en 1996, sigue cumpliendo un papel de apoyo en tareas de seguridad interna, especialmente en operativos conjuntos con la Policía, control fronterizo, lucha contra el narcotráfico y estados de excepción.

El aparato de inteligencia, por su parte, arrastra una herencia más compleja. Durante el conflicto armado interno, sectores de la inteligencia militar y de las fuerzas de seguridad estuvieron vinculados a graves abusos contra civiles. Tras la firma de los acuerdos de paz y la reestructuración de las instituciones de seguridad, redes asociadas a antiguos aparatos estatales fueron señaladas por operar en estructuras clandestinas, grupos de protección privada, redes de corrupción o economías criminales.

 ¿Cómo es el sistema judicial de Guatemala?

El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala es técnicamente una entidad independiente, y sus máximas instituciones judiciales son la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. También está formado por otros tribunales y juzgados más pequeños.

El Ministerio Público (MP) está diseñado para funcionar como un órgano autónomo cuya función es promover la justicia penal, llevar a cabo investigaciones y velar por el cumplimiento de las leyes nacionales.

Sin embargo, el sistema de justicia penal de Guatemala se encuentra atravesado por la debilidad institucional, la falta de recursos, los altos índices de impunidad y la corrupción. El nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general en 2010 ayudó a reducir considerablemente la impunidad en el país y a llevar a los delincuentes antes “intocables” ante la justicia. Sin embargo, se ganó importantes enemigos en la élite del país y en los círculos de la delincuencia organizada, y su mandato fue interrumpido de forma cuestionable en 2014.

Bajo la dirección del fiscal colombiano Iván Velásquez y de la exfiscal general Thelma Aldana, la CICIG, respaldada por la ONU, asumió varios casos complejos de corrupción contra políticos, narcotraficantes y otras redes criminales que hasta entonces habían operado con relativa impunidad.

En 2015, una investigación dirigida por la CICIG sobre una red de fraude aduanero de gran alcance denominada “La Línea” llevó a la dimisión del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero la CICIG se convirtió en víctima de su propio éxito. Ante el creciente descontento entre las influyentes élites criminales investigadas por la comisión, el expresidente Jimmy Morales —que a su vez estaba siendo investigado por la CICIG— decidió no renovar el mandato de la comisión, que expiró en septiembre de 2019, expulsando así al organismo del país.

A pesar de sus logros, el mandato de la CICIG no logró erradicar la corrupción arraigada y las debilidades institucionales que comprometen el sistema judicial del país.

Tras la salida de la CICIG, poderosos grupos criminales han lanzado ataques contra las pocas instituciones de justicia que aún son capaces de hacer frente a la corrupción, en particular la Corte de Constitucionalidad y la unidad especializada contra la impunidad de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Los esfuerzos deliberados por debilitar a la Fiscalía General y llenar los tribunales de aliados, como parte de una alianza política más amplia centrada en la administración del sucesor de Morales, Alejandro Giammattei, han transformado al sector judicial en una herramienta para proteger los esquemas de corrupción y perseguir a los rivales políticos.

Las redes criminales y de corrupción han aprovechado su influencia en el sector judicial para inmiscuirse en las elecciones, inhabilitando a candidatos no deseados por motivos cuestionables antes de las elecciones generales de 2023. Estos esfuerzos se intensificaron significativamente después de que el candidato anticorrupción, Bernardo Arévalo, ganara inesperadamente las elecciones presidenciales. Fiscales, funcionarios del Congreso y magistrados de las altas cortes trabajaron en tándem para impedir la toma de posesión de Arévalo, alegando repetidamente fraude electoral y lanzando ataques legales contra el presidente sin presentar pruebas coherentes.

Tras la llegada de Bernardo Arévalo al poder en 2024, las tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público continuaron. Pues, a pesar de que Arévalo había hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su campaña y solicitó la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el MP mantuvo una ofensiva judicial contra el presidente. Estas acciones incluyeron investigaciones por supuestas irregularidades en la constitución de Movimiento Semilla y solicitudes para retirar la inmunidad de Arévalo, medidas que fueron ampliamente cuestionadas por su posible motivación política. 

En la práctica, estos actos desviaron parte de la atención del gobierno y limitaron su capacidad para avanzar en su agenda anticorrupción. Además, la continua falta de actuación del MP y de la fiscal Consuelo Porras, frente a numerosas denuncias de corrupción presentadas por el gobierno, limitó los esfuerzos por depurar instituciones públicas y combatir redes de corrupción enquistadas en el Estado.

En mayo de 2026 concluyó el mandato constitucional de Porras y el presidente Arévalo nombró como nuevo fiscal general a Gabriel Estuardo García Luna para el periodo 2026-2030. Su principal desafío será reconstruir la credibilidad y la independencia del Ministerio Público tras una etapa marcada por señalamientos de politización, uso abusivo de la persecución penal y debilitamiento de las investigaciones contra la corrupción.

 ¿Cómo es el sistema penitenciario de Guatemala?

Las cárceles de Guatemala están extremadamente hacinadas, albergan pandillas violentas y son escenario de frecuentes masacres tanto de internos como de personal. En febrero de 2026 había 23.837 personas en las cárceles de Guatemala, a pesar de que la capacidad máxima del sistema es de 8.539 reclusos, lo que supone una tasa de superpoblación del 293%. De esta cifra, aproximadamente 2.500 son integrantes activos de la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS).

Además del hacinamiento, la violencia también se debe a los disturbios y revueltas, ya que las deficiencias de infraestructura del sistema no satisfacen las peticiones de los reclusos de mejores condiciones de vida.

Algunos reclusos dirigen redes de extorsión, mercados ilícitos y ventas de drogas desde las cárceles. La extorsión continúa siendo generalizada. Las autoridades registraron más de 25.000 casos, un aumento del 39% comparado a 2023.

Las pandillas dentro de las cárceles de Guatemala se conocen como “cholos”, mientras que a los delincuentes comunes se les conoce como “paisas”. Los grupos de maras —la MS13 y Barrio 18— tratan de controlar los centros penitenciarios, lo que a veces provoca enfrentamientos con los cholos. Estas pandillas callejeras también utilizan el sistema penitenciario para organizarse, entrenar a sus miembros y dirigir sus redes. Se sabe que los principales líderes de las dos principales pandillas operan desde las cárceles guatemaltecas.

Los guardias y el personal penitenciario corruptos son cómplices de las conductas abusivas, formando mafias junto con los reclusos que controlan eficazmente los centros penitenciarios. El personal penitenciario de más alto nivel se ha visto implicado en redes de soborno y tráfico de influencias.

Entre 2024 y 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo priorizó la seguridad pública mediante una estrategia orientada a recuperar el control del sistema penitenciario y debilitar la capacidad operativa de las pandillas. En 2024, las autoridades intervinieron el centro de máxima seguridad conocido como “El Infiernito”, posteriormente convertido en Renovación I, donde aislaron a líderes pandilleros, reforzaron los controles tecnológicos y eliminaron privilegios dentro de la cárcel.

Sin embargo, estas medidas también provocaron resistencia de las estructuras criminales. En enero de 2026, reos vinculados principalmente a Barrio 18 protagonizaron motines simultáneos en varios centros penitenciarios, tomaron como rehenes a decenas de custodios y exigieron mejores condiciones para sus cabecillas. El gobierno atribuyó la crisis al retiro de privilegios, los traslados y el aislamiento de líderes pandilleros, y respondió decretando un estado de sitio a nivel nacional durante 30 días. La crisis también reforzó la necesidad de profundizar las medidas de aislamiento contra líderes encarcelados y de sostener los operativos de control dentro y fuera de las prisiones.