En la madrugada del 1 de julio de 2024, un cuerpo élite de la Policía de Colombia se preparaba para dar fin a la cacería de uno de los hombres más buscados por las autoridades de América Latina.
Luego de varios meses de seguimiento en suelo colombiano, fuerzas de seguridad detuvieron a Larry Amaury Álvarez Núñez, alias ‘Larry Changa’, líder y cofundador del Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano con tentáculos en diferentes países de la región. La policía lo halló escondido en una lujosa mansión que había construido desde cero, en una exclusiva zona rural del municipio de Circasia, en el departamento de Quindío. Habitualmente estaba protegido por un anillo de seguridad de nueve guardaespaldas y conducía un vehículo de lujo por la región cafetera.

*Este artículo es el cuarto de la investigación “Tren de Aragua, entre la realidad y la ficción”, que analiza las verdades y mitos sobre la banda, así como su expansión, tácticas actuales y las posibles transformaciones que podría experimentar en el futuro. Lea la investigación completa aquí.
“‘Larry Changa’ habría llegado a Colombia en el año 2022, obteniendo documentos falsos. Se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del ‘Tren de Aragua’ en territorio colombiano”, publicó el Ministerio de Defensa colombiano en su cuenta de X.
El líder criminal, según fiscales chilenos y policías colombianos que hablaron con InSight Crime para esta investigación, fue el principal responsable de la instalación de las células del Tren de Aragua en Chile y el despliegue logístico en el sur del continente. Luego de que su presencia fuera detectada por los organismos de seguridad chilenos, tuvo que huir y buscar un refugio.
Su arribo a Colombia fue solo otro capítulo en la expansión continental del Tren de Aragua.
Además de ser la primera opción de los casi ocho millones de migrantes venezolanos que han escapado del colapso económico, Colombia ya había demostrado ser un territorio fértil para las operaciones del Tren de Aragua, ampliando sus rentas criminales y ofreciendo refugio a algunos de sus líderes más notorios.
Escondidos entre más de dos millones de venezolanos en Colombia, el Tren de Aragua había comenzado a echar raíces en diferentes partes del país, incluida la capital Bogotá. Pero los bastiones más consolidados están a lo largo de la frontera colombo-venezolana, donde los criminales venezolanos cobran peajes a los migrantes. Es aquí donde el Tren de Aragua comienza su explotación del éxodo, el punto de partida para las redes de tráfico humano que se extienden por toda Suramérica y hacia el norte, hasta los Estados Unidos.
La Parada: El Tren de Aragua muestra su rostro
Los pasos fronterizos irregulares, conocidos como “trochas”, que permitieron el ingreso de millones de migrantes venezolanos a Colombia, también se transformaron en rutas estratégicas para el avance transnacional del Tren de Aragua.
En 2018, según autoridades y residentes locales consultados por InSight Crime, la organización criminal venezolana estableció sus primeras bases en el corregimiento de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario, estado fronterizo colombiano de Norte de Santander. Adoptando un perfil bajo, sus miembros aprovecharon el creciente flujo migratorio para consolidar un negocio ilícito que prosperó en medio de la vulnerabilidad de los recién llegados.
Para ese entonces, Colombia albergaba a más de un millón de migrantes venezolanos dispersos por distintas regiones del país. Villa del Rosario, en particular, se había consolidado como uno de los principales puntos de entrada, sirviendo como corredor clave para el flujo migratorio desde Venezuela.
“Este es un lugar atractivo para ellos porque es un punto donde prolifera la ilegalidad, especialmente en el contrabando y el tráfico de migrantes irregulares”, comentó a InSight Crime un oficial de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), quien solicitó mantener su identidad en el anonimato por razones institucionales.
Una vez asentados en diferentes barrios fronterizos de La Parada, Tren de Aragua afianzó un control estricto sobre las trochas de Los Mangos, La Marina, entre otros caminos clandestinos. El grupo luego comenzó a dominar varias economías ilegales a través del uso de la violencia y el terror.
Los migrantes se convirtieron en su principal blanco. Desde la llegada del grupo a esta zona fronteriza y hasta 2022, el cierre del Puente Internacional Simón Bolívar, principal punto de cruce binacional, forzó a miles de migrantes a utilizar las trochas, exponiéndose a extorsiones y abusos. El Tren de Aragua cobraba a los viajeros una tarifa de US$10 para continuar su camino hacia América Latina, mientras que los conductores de autobuses que transportaban inmigrantes debían pagar hasta US$125 en «impuestos».
“El Tren de Aragua controla el lado colombiano. Para viajar a Bogotá y luego a Quito, Ecuador, tienes que pagar una cuota a ese grupo”, relató un residente de La Parada, quien prefirió no revelar su identidad por motivos de seguridad.

Además, la banda impuso toques de queda en las zonas bajo su control y exigió pagos semanales de entre US$10 y US$15 a los comerciantes locales. Aquellos que se negaban a pagar enfrentaban represalias brutales, como el lanzamiento de granadas o el uso excesivo de la fuerza, sello distintivo de este grupo criminal. En algunas áreas de La Parada, informes mediáticos y fuentes de seguridad revelaron la existencia de casas de tortura, donde se castigaba a quienes desobedecían las reglas o no pagaban las extorsiones.
Ante el avance del Tren de Aragua y el incremento de la inseguridad en La Parada y varios barrios de la capital de Norte de Santander, Cúcuta, la fuerza pública intensificó sus esfuerzos, capturando a varios miembros de la organización, incluidos líderes principales, lugartenientes y sicarios.
Además de enfrentarse a las acciones estatales, el Tren de Aragua ha tenido que lidiar con rivales criminales superiores.
Tras una disputa armada entre el 2021 y el 2022 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla colombiana que domina el escenario criminal en la frontera colombo-venezolana, se creó una división territorial en la frontera. El Tren de Aragua quedó controlando el lado colombiano, sin posibilidad de ingresar o realizar operaciones en el lado venezolano, que permanecía bajo el control de la insurgencia, que actúa con el beneplácito del régimen de Maduro. El ELN estaba protegido en Venezuela, pero expuesto a las fuerzas de seguridad en Colombia.
A pesar de la ofensiva estatal y las pugnas criminales con el ELN y otros grupos criminales, el Tren de Aragua continuó operando en Villa del Rosario y Cúcuta. Inmersos en el tráfico de migrantes, la trata de personas, el microtráfico y las extorsiones como principales economías ilegales bajo su administración, han logrado consolidarse como una de las principales amenazas de la frontera.
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La instalación de la marca criminal en la frontera también dio paso a la entrada de otras bandas de origen venezolano que se impulsaron con la reputación del Tren de Aragua.
Vinculada a más de 50 homicidios en Cúcuta, según informes oficiales citados por la prensa local, la banda de los AK-47, liderada por Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, alias “Saúl”, capturado en Venezuela, comenzó como una célula satélite del Tren de Aragua antes de independizarse. Actualmente, opera en el centro de la ciudad, donde extorsionaba a comerciantes y tiene bajo su control varios puntos de venta de droga.
La evolución de esta facción, de origen venezolano, ha escalado hasta desatar una feroz disputa con otras organizaciones criminales por el control de las casas de cambio. Estas operaciones financieras, muchas veces utilizadas como fachada para el lavado de dinero, se han convertido en un punto clave de fricción entre otros grupos delictivos. Además, el reclutamiento de colombianos en sus filas demuestra la capacidad de esta banda para ofrecer incentivos más atractivos que los de las organizaciones locales.
Expandiendo los negocios más allá de la frontera
En la madrugada del 25 de agosto de 2022, los vecinos de un barrio popular de Bogotá, Colombia, despertaron frente a una escena macabra. En medio de la calle, abandonados en una carreta, se hallaron tres cadáveres envueltos en bolsas plásticas de basura.
El abandono de estos cuerpos en la vía pública no fue un acto fortuito. Detrás de esta cruda escena se ocultaba una violenta disputa territorial entre el Tren de Aragua y bandas locales por el control de actividades ilícitas en las localidades de Kennedy, Bosa y Los Mártires.
Así lo confirmó Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá en ese entonces. A través de un comunicado, Fernández de Soto declaró que “la organización del Tren de Aragua es la principal responsable de los homicidios en los que los cuerpos han sido dejados en bolsas en el espacio público en varias zonas de la ciudad”.
Entre 2022 y 2023, las autoridades locales registraron al menos 57 casos de personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas de basura, muchos de ellos descuartizados y con evidentes signos de tortura. Se desconoce cuántos de estos hechos fueron autoría directa del Tren de Aragua.
Los altos niveles de violencia de la banda fueron clave para su posicionamiento en el inframundo criminal de la capital colombiana.
En una primera fase, infiltró las organizaciones criminales de Bogotá, desatando una ola de traiciones que culminó en su dominio sobre bandas como los “Camilos”. Este conflicto, que dejó más de 36 muertos, permitió al grupo venezolano consolidar su control en sectores clave de Bogotá, como un sector comercial conocido como Corabastos, y plazas de venta de droga al por menor en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar.
“Para crecer, primero se alían con otras estructuras criminales. Eso ocurrió cuando el Tren de Aragua comenzó a emerger en el estado de Aragua y luego extendió su influencia asociándose con organizaciones en otros estados para aumentar su rentabilidad delictiva”, explicó a InSight Crime un investigador de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional de Colombia.
Una de las facciones del Tren de Aragua que siguió esta estrategia fue la banda liderada por José Manuel Vera, alias “Satanás”. Inicialmente, este grupo operaba como un satélite de la organización principal, pero a medida que sumó hombres y acumulaba ganancias ilícitas, logró independizarse. Así, formó una organización autónoma enfocada en la extorsión y el microtráfico en varios barrios de la capital colombiana.

Aunque Satanás fue arrestado en Ecuador en noviembre de 2023 y extraditado a Colombia, su influencia criminal no cesó. Desde su encierro en la cárcel de Palogordo, en el departamento de Santander, y con la complicidad de guardias corruptos, su red delictiva siguió activa, utilizando celulares de contrabando para extorsionar a sus víctimas y seguir generando ingresos. Su influencia criminal, incluso tras las rejas, permaneció intacta.
La corrupción presente en las fuerzas de seguridad también ha tenido impacto en las calles de Bogotá.
A comienzos de 2023, una operación conjunta de inteligencia entre la Policía y la Fiscalía reveló la infiltración del Tren de Aragua en la capital, descubriendo a un teniente y cinco suboficiales que formaban parte de la nómina de la organización criminal. Estos policías ofrecían una serie de servicios a la estructura transnacional, que incluían protección a los principales cabecillas, cobro de extorsiones, venta de información confidencial y la expedición de salvoconductos para el control de plazas de explotación sexual y microtráfico en la localidad de Kennedy.
Las autoridades colombianas han continuado investigando al grupo. En Bogotá también descubrieron que la banda era dueña de varias discotecas, a través de las cuales lavaban dinero proveniente de sus actividades delictivas. Al mismo tiempo, las fiestas que organizaban en estos locales, para las que contrataban a DJ internacionales, favorecían sus otras líneas de negocios, especialmente el microtráfico. El coordinador logístico de estas operaciones, identificado bajo el alias “Eryk”, fue capturado en octubre de 2024 tras meses de investigación.
Aunque los intentos del Tren de Aragua por expandirse a otros sectores de la ciudad han sido frustrados, la banda ha logrado un nivel de consolidación en sus zonas de influencia en la capital. A la par, sus intentos de ingresar a otros departamentos colombianos tampoco han visto frutos, especialmente en aquellos donde han encontrado estructuras criminales locales más experimentadas y mejor consolidadas.
El freno a la avaricia criminal
Tras su paso por Bogotá y Norte de Santander, donde el Tren de Aragua logró ejercer control efectivo sobre algunos territorios y economías ilícitas, la organización intentó replicar su modelo en otras zonas clave de Colombia.
Sin embargo, esta expansión se ha visto frenada por la presencia de grupos criminales locales con mayor poder de fuego y el embate de las fuerzas de seguridad locales.
A diferencia de Bogotá, donde el control criminal es más fragmentado, la ciudad de Medellín, célebre por ser la cuna de las operaciones de narcotráfico de Pablo Escobar, ha resistido el avance del Tren de Aragua, en parte por una criminalidad organizada y consolidada que se opuso a ceder territorio.
“En Medellín nos ha llamado mucho la atención, especialmente en comparación con otras ciudades, que ellos [Tren de Aragua] no han logrado incursionar”, comentó a InSight Crime el investigador del GAULA de la Policía en 2024.
Expertos en seguridad consultados para esta investigación, como Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, aseguran que el nivel de gobernanza criminal ejercido por estructuras criminales como La Oficina, una federación de organizaciones criminales fundada como una estructura de sicarios en la década de 1980 bajo el Cartel de Medellín, impide que nuevos actores como el Tren de Aragua puedan afianzarse en esta ciudad.
Sin embargo, la banda no se dio por vencida. En las concurridas calles de Medellín y en su arraigado inframundo criminal, la ciudad ha visto cómo varios miembros del Tren de Aragua buscaron refugio en 2025, solo para ser encontrados por las autoridades o asesinados por criminales rivales. Estas oportunidades, durante las cuales también han explorado el potencial de los mercados criminales locales, demuestran el interés continuo de la banda en la segunda ciudad de Colombia.
En un caso, a finales de julio, dos presuntos miembros que habían llegado en marzo desde Estados Unidos aprovecharon su estadía para traficar armas y vender drogas sintéticas, según investigaciones de la policía colombiana.
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Más allá de Medellín, el Tren de Aragua y otras bandas de origen venezolano han encontrado resistencia en otras partes de Colombia.
En 2021, el hallazgo de un cadáver con un mensaje que decía “muerto por ser del Tren de Aragua” reveló la resistencia que la banda encontró en Arauca, una región fronteriza conocida por el tráfico de drogas y migrantes. Sus principales rivales allí eran elementos disidentes de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuya experiencia y poder militar frustraron el avance del grupo venezolano en esta zona fronteriza.
Además de los disidentes de las FARC, Arauca es un bastión del ELN, lo que convierte a la región en un área extremadamente difícil de penetrar. El Tren de Aragua no pudo replicar allí su estrategia de expansión fronteriza, como lo hizo en Villa del Rosario, al no poder derrotar a dos estructuras criminales colombianas muy poderosas.
Aun así, el Tren de Aragua parece haber identificado el potencial de otras zonas en Colombia, no como lugares para instalar presencia criminal directa, sino como refugios seguros en medio de la presión de las fuerzas de seguridad.
Se han producido varios arrestos importantes de líderes del grupo en municipios y departamentos donde la banda no tiene operaciones visibles. En cambio, los miembros se han concentrado en inversiones en zonas rurales del interior del país. Este fue el caso de Larry Changa, arrestado en una mansión en construcción en un sector exclusivo de Circasia, en el departamento colombiano de Quindío, conduciendo un vehículo de lujo.
Otro líder destacado en las operaciones del Tren de Aragua en Chile también fue arrestado en Colombia. En diciembre de 2024, la policía capturó a Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Bobby,” en Los Patios, un municipio fronterizo con Villa del Rosario, en Norte de Santander. Los fiscales chilenos afirman que Bobby es uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, lo que sugiere que Colombia pudo haberse convertido tanto en base de operaciones como en refugio para la dirección internacional de la banda.
A la lista también se suma la captura de un integrante de la banda, Jeison Alexander Lorca Salazar, alias “Jeison Comino”, quien fue descubierto en una lujosa hacienda del municipio Los Santos, en el departamento de Santander.
Los movimientos de estos criminales venezolanos no han pasado desapercibidos. Las fuerzas de seguridad colombianas han trabajado activamente para evitar que estas organizaciones transnacionales ganen terreno en el país, estableciendo mecanismos de cooperación con naciones vecinas donde opera el Tren de Aragua. En algunos casos, incluso han recibido ayuda del gobierno venezolano, como ocurrió en la captura de Jeison Comino.
Ese arresto fue presentado como una operación de alto nivel, con Jeison Comino descrito como el segundo al mando de la banda. En realidad, el criminal —activo previamente en Venezuela— era un teniente de la banda de El Conejo, uno de los grupos satélite del Tren de Aragua en el estado de Aragua que se debilitó tras la muerte de su líder en 2023.
La falta de información confiable y verificada, en parte por la ausencia de cooperación venezolana y la baja credibilidad de la poca información que comparten, genera afirmaciones infladas sobre los arrestos y el alcance de la banda.
Aun así, otras capturas significativas han dado golpes reales a la expansión del grupo en Colombia, como la de Salomón Fernández Torres, alias “Salomón,” el 27 de junio de 2024. Principal confidente de Niño Guerrero y jefe financiero del grupo en Bogotá, fue arrestado como parte de una serie de operaciones de policía y fiscales que, para junio de 2024, habían llevado a la detención de más de 240 miembros del Tren de Aragua.
Las autoridades ahora tienen la mira puesta en Giovanny Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanny San Vicente”, considerado el principal coordinador de la banda en Colombia y enlace entre sus facciones en el exterior. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de hasta US$3 millones por información que conduzca a su arresto.
Pero así como el flujo migratorio no se detuvo en Colombia, tampoco lo hicieron las operaciones del Tren de Aragua.
Miembros de la organización se trasladaron al municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, en la frontera sur de Colombia, un punto estratégico en la ruta migratoria hacia Ecuador, Perú y Chile, donde se lucraron con el flujo de migrantes y extorsionaron a los locales, según correos electrónicos y documentos filtrados de la Fiscalía General de Colombia, en lo que se conoció como el proyecto NarcoFiles.
La siguiente parada del Tren de Aragua en la ruta de migrantes hacia el sur, Perú, ofreció un mercado criminal propicio para la extorsión, impulsado por una creciente comunidad de migrantes venezolanos, que permitió a la banda asentarse. En un panorama criminal menos saturado, con fuerzas de seguridad menos experimentadas y un clima político inestable, el Tren de Aragua pudo prosperar como nunca antes.



